En diciembre de 2016, la población carcelaria tunecina era de 23 553 personas. La población del país es de 11 millones de habitantes. La tasa de encarcelamiento es de 206. El número de personas detenidas es en general estable desde 1996, oscilando entre las 21 000 y 26 000 personas, con un pico de 31 000 durante el levantamiento de diciembre de 2010 y enero de 2011.

Las autoridades tunecinas no han comunicado el índice de ocupación de sus cárceles desde noviembre de 2013, cuando alcanzaba a 138.9%. Este es inferior al 100% en los centros para mujeres.

El hacinamiento se calcula en función del número de camas y no en función de la superficie asignada a cada persona. En muchas cárceles, el número de personas reclusas es más del doble de la capacidad prevista en función del número de camas. Por ejemplo, el índice de ocupación del centro de detención de Mornaguia, en la ciudad de Túnez, es del 125.6%. En 2014, mantenía presas a 6308 personas para 5021 camas ¹. Teóricamente, se estableció por ley la separación entre presos preventivos y condenados. En la práctica, esta no se aplica debido al insuficiente número de infraestructuras.

El centro de detención de Mornag acoge normalmente a 950 reclusos para 400 plazas, casi todos preventivos. Solo hay una veintena de condenados, que trabajan en servicio general, cocinan y limpian.

Mornaguia se organiza en diferentes pabellones. Los preventivos y los condenados están separados de los supuestos terroristas, los “VIP”, los enfermos y los homosexuales. Alrededor de un cuarto de los reclusos están condenados por infracciones relacionadas con estupefacientes (de acuerdo con la Ley 52), cuya pena mínima es de un año de cárcel por consumo. Las condenas de corta duración (entre una semana y seis meses) se imponen por infracciones como la utilización de un cheque sin fondos, la embriaguez en la vía pública o la venta de alcohol sin licencia. Según Abogados Sin Fronteras “la razón para la de detención tres de cada cuatro detenidos es la sospecha o la condena por delitos como el robo (el 31%), el consumo o el tráfico de estupefacientes (el 26%) y otros delitos (el 17%), sobre todo el uso de cheques sin fondos”.

En 2016, las mujeres representaban el 2.8% de la población carcelaria, lo que significa 661 mujeres reclusas. En marzo de 2014, las infracciones más frecuentes eran el robo (el 22%), infracciones relativas a la ley sobre los estupefacientes (el 19%), el adulterio y la prostitución (18%).¹

Túnez es signatario de las Reglas de Bangkok desde 2011. Se suprimieron las restricciones de aplicación en 2014.

La separación de hombres y mujeres se aplica estrictamente. El personal de los centros para mujeres es exclusivamente femenino. Solo hay un centro enteramente para mujeres: la cárcel de Manouba, cercana a la ciudad de Túnez. Otros ocho centros cuentan con módulos específicos para las mujeres.

Los centros para mujeres tienen un índice de ocupación menos elevado que los centros para hombres. La reclusión también es colectiva, en dormitorios para 40 personas. En 2015, en la cárcel de Manouba se encontraban 416 personas para 453 plazas ².

Una ley de 2008 establece que la mujer presa que esté embarazada o dando el pecho debe ser recluida en un espacio acondicionado. Personal vestido de civil debe asegurar su vigilancia ³. Los niños que acompañan a su madre o que nacieron en reclusión pueden vivir en ese pabellón como máximo hasta la edad de dos años. La cárcel de Manouba está dotada de un lugar dedicado a la atención y el cuidado de los niños pequeños. En 2016, la ONG Penal Reform International llevó a cabo obras de renovación de esta guardería.

La justicia de menores depende del Ministerio de Justicia. Los centros de menores dependen de la Dirección General de Prisiones y Rehabilitación, relacionada igualmente con el Ministerio de Justicia desde 2001.

La separación entre menores y adultos se aplica de manera estricta.

Se recluye a los menores en centros correccionales para menores delincuentes. En 2017, hay siete de estos centros en Túnez. Las condiciones de reclusión son menos dramáticas que en los centros para adultos. Hay graves deficiencias en cuanto a la higiene y los servicios básicos.

Se llevan a cabo actividades de formación profesional.

Los extranjeros no tienen condiciones de reclusión diferentes a las de los nacionales. Se les recluye en los mismos módulos.

Las condiciones de los extranjeros son muy diferentes según si reciben o no apoyo consular. Las personas que provienen de países occidentales (Europa, Estados Unidos, etc.) pueden recibir las visitas de un representante consular, de voluntarios de prisiones y de un capellán. Aquellos que no tienen apoyo consular sufren un aislamiento fuerte. A menudo se trata de personas originarias del África subsahariana. Con frecuencia, las personas negras, ya sean tunecinas o extranjeras, son víctimas del racismo y la discriminación en Túnez.

La reclusión de personas en situación irregular con el propósito de expulsarlas tiene lugar en los centros de detención bajo la autoridad del Ministerio del Interior o en instalaciones policiales, principalmente en los aeropuertos.

Se considera tunecinos a los ciudadanos con doble nacionalidad en territorio tunecino.

El islam es la religión mayoritaria en Túnez. Los reclusos cristianos y judíos pueden solicitar asistencia espiritual externa para practicar su culto.

El artículo 230 del Código Penal criminaliza la homosexualidad. La homosexualidad sufre una fuerte estigmatización en Túnez. Las personas identificadas como homosexuales, transexuales o transgénero pueden ser agrupadas supuestamente para su protección. Un dormitorio en el centro de detención de Mornaguia está reservado para ellas. Sin embargo, esto no siempre las protege de la violencia física y verbal ejercida por vigilantes o compañeros de celda. ¹.

La ley tunecina no contempla la situación de preso político.

La acusación de pertenencia a un grupo terrorista se utiliza estos últimos años como motivo de detención de activistas políticos. También hacen referencia a infracciones del Código Penal como el delito contra las buenas costumbres, contra la moral pública o los actos contra el pudor para llevar a cabo detenciones, sobre todo de periodistas y artistas. También se persigue a periodistas basándose en el Código Penal Militar.

En 2015, el bloguero Yassine Ayari fue condenado a seis meses de cárcel por un “delito contra el honor del ejército”.

Las personas reclusas por motivos políticos no están separadas necesariamente de los presos comunes. Se recluye a las personas que hayan desempeñado funciones políticas o de importante responsabilidad a nivel estatal en los llamados módulos “VIP”. Las personas acusadas de terrorismo sufren unas condiciones de reclusión particularmente duras. Pueden ser agrupadas en módulos específicos o, al contrario, diseminadas entre los demás reclusos. Según el testimonio de un antiguo recluso: “las personas detenidas por terrorismo están en un espacio aparte. El personal penitenciario puede hacer lo que quiera con ellas. Todo está permitido”.¹

La administración penitenciaria no divide a las personas reclusas en función de su edad. Las personas enfermas o dependientes disfrutan de una adecuación de las condiciones de reclusión en algunos centros, por ejemplo en el centro de detención de Mornaguia.

La inimputabilidad penal por enfermedad mental existe en el Derecho tunecino. Se ingresa a las personas consideradas penalmente inimputables en la unidad médico-legal del hospital de Manouba.

La presencia de enfermos mentales en las cárceles tunecinas no es un problema público reconocido. Los vigilantes reconocen la existencia de problemas relativos a la salud mental: suicidios e intentos de suicidio, huelgas de hambre y automutilaciones. La atención psiquiátrica es realmente insuficiente. Según un estudio realizado en 2012 por Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM), la atención en el corredor de la muerte se limita al uso de productos psicotrópicos.