Se clasifica a las cárceles en tres categorías en función de la cantidad de reclusos que puedan albergar:

• Categoría “A”: más de 2000 reclusos.
• Categoría “B”: más de 1000 reclusos.
• Categoría “C”: menos de 1000 reclusos.

En 2016, el parque inmobiliario tunecino estaba compuesto por establecimientos deteriorados heredados del período colonial. A menudo son antiguas fincas coloniales, húmedas e insalubres, que han sufrido numerosos daños durante los levantamientos revolucionarios. Los edificios no son adecuados para el uso que se les da. No fueron previstos para albergar reclusos. Por lo tanto, los locales destinados a las visitas o a realizar actividades no fueron diseñados para facilitar este uso ¹. La cárcel de Mornaguia es un establecimiento penitenciario más reciente, abierto en la década de los años 2000. Desde 2011, el gobierno tunecino lleva a cabo un programa de reconstrucción y modernización de las infraestructuras con ayuda de la cooperación internacional.

Los funcionarios de prisiones están a las órdenes de la Dirección General de Prisiones y Reeducación (DGPR), que depende del Ministerio de Justicia.

La DGPR está contratando un gran número de personal de vigilancia desde 2011. Se forma a los vigilantes en la Escuela Nacional de Prisiones y Rehabilitación. Su formación consiste principalmente en un entrenamiento militar.

Está prohibido que el personal de vigilancia de las cárceles lleve armas. Sin embargo, algunas cárceles están equipadas con torres de vigilancia con vigilantes armados. El porte de estas armas ha sido objeto de controversias desde los incidentes ocurridos durante el levantamiento revolucionario, que llevaron a la muerte de decenas de reclusos.

El personal de vigilancia tiene un fuerte apoyo sindical. Se quejan del bajo salario y de las difíciles condiciones de trabajo que sufren, sobre todo por culpa de la escasez de personal. Los ascensos llevados a cabo durante el período de transición política, que aumentaron el número de altos cargos, han acentuado esta falta de funcionarios de prisiones.

El llamado personal civil está compuesto por personal administrativo, asistentes sociales, psicólogos y personal de formación. La oficina social de las cárceles tiene la misión de acogida, seguimiento y ayuda a la reinserción. En la práctica, como consecuencia de la escasez de personal y de la falta de reconocimiento profesional, su trabajo se limita a completar el expediente social del recluso. Estos expedientes se utilizan especialmente para tomar decisiones sobre el indulto. La falta de vigilantes también lleva a que se solicite al personal civil que desempeñe funciones de seguridad, como el registro de cestas o la dirección de los locutorios.

La dirección del centro elige a un recluso para que sea “jefe de dormitorio”. Se encarga de mantener el orden en las celdas, que pueden llegar a albergar hasta 100 presos. Se ocupa además de reparar las camas, organizar turnos de limpieza, hacer pedidos a la tienda, solicitar citas médicas, etc. También hace de mediador entre sus compañeros y el personal penitenciario (informa de los incidentes y recopila información). Este sistema otorga a los jefes de dormitorio un poder del que pueden surgir numerosos abusos.