El hacinamiento sigue siendo un problema importante. El número de reclusos en todo el país pasó de 15 165 en 2014 a 17 522 en 2015, aunque la capacidad de los establecimientos penitenciarios del Reino se estima en sólo 8500 plazas. La tasa de ocupación se eleva a un 206%.   

El aumento de la población reclusa se atribuye a un mayor número de encarcelamientos por delitos de drogas, y a la lentitud del sistema judicial. Sólo un tercio de los internos ha recibido un fallo definitivo y dos tercios se encuentran en prisión preventiva.   
Con el fin de aportar una solución durable al problema de la sobrepoblación, la LICADHO insta a las autoridades a que recurra menos a la prisión preventiva y a que aplique más penas no privativas de libertad para los delitos menores.   

En raras ocasiones, los reclusos se separan de acuerdo a su grado de seguridad. Como resultado, los autores de delitos leves con frecuencia se alojan en las mismas celdas que los asesinos y violadores.   
Las condiciones de los preventivos (69%) a menudo son más difíciles que las de los penados. Al 15 de octubre de 2015, el 34.9% de los reclusos se encontraba en prisión preventiva y el 34.1% a la espera de un fallo definitivo.   

Las condiciones de reclusión se caracterizan por un acceso limitado a las necesidades básicas como la alimentación, el agua, la ventilación y la luz del sol. Sin embargo, estas circunstancias pueden variar considerablemente en función de la situación financiera del interno.

En una encuesta de 479 mujeres reclusas, llevada a cabo en 2014, la LICADHO constató que más de un tercio de ellas enfrentaban acusaciones o cumplían condenas por delitos relacionados con las drogas, mientras que otro tercio se encontraban encarceladas por delitos menores como robo, encubrimiento, abuso de confianza, daños a la propiedad y pesca ilegal.   

Casi la totalidad de las 479 mujeres encuestadas tenían hijos menores de 18 años.    

A principios de 2015, una serie de mujeres recluidas fueron puestas en libertad después de que el Primer Ministro Hun Sen anunciara la creación de un comité de funcionarios de alto nivel para proporcionar amnistías a las mujeres embarazadas y a las que estaban encarceladas con sus hijos pequeños.

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) establecen que cuando una mujer ingresa a la cárcel, se deben registrar los detalles de sus hijos, si estos no acompañan a la madre a la cárcel. Sin embargo, la mayoría de las cárceles encuestadas por la LICADHO en Camboya no tiene información disponible. Los procedimientos de ingreso, que se remontan a 2003, no requieren que esa información sea asentada en el registro oficial de cada reclusa, lo que pone en riesgo la capacidad de las madres y sus hijos de mantener contacto después del encarcelamiento.   

Además, no existen procedimientos adecuados establecidos para determinar cuándo o por qué un niño de corta edad debe vivir en la cárcel con su madre. La ubicación, la presencia de otros adultos al momento de la detención, la identidad de las autoridades de detención y la política de cada cárcel, son factores decisivos y a menudo prevalecen sobre los deseos de la madre y el interés superior del niño.

La Dirección General de Prisiones (GDP) y el Ministerio de Asuntos Sociales, Veteranos y Rehabilitación de los Jóvenes (MoSAVY), son responsables de la evaluación de la custodia adecuada, el traslado y reubicación seguro de los niños.

En diciembre de 2011, fue aprobada una ley que redujo la edad máxima de los niños a los que se les permite permanecer en prisión con sus madres (de seis a tres años). Como resultado, el número de niños en las cárceles de Camboya se ha reducido en más de un 50%.

A noviembre de 2014, sólo cuatro cárceles de Camboya ofrecían oportunidades básicas, educativas y recreativas in situ, todas las cuales eran llevadas a cabo por ONG.

Los menores encarcelados en Camboya son objeto de los mismos abusos, humillaciones y degradaciones que los adultos, y tienen la misma probabilidad de ser tratados de acuerdo a su situación financiera en lugar de su edad. Muchos establecimientos han intentado separar completamente a los internos adultos de los menores. Sin embargo, en varias instalaciones no existe tal separación o esta depende de la tasa de la población carcelaria.

Los reclusos menores son mayoritariamente de sectores pobres y es probable que a sus familias les cueste apoyarlos financiera y materialmente. Debido a la jerarquía financiera que define al sistema penitenciario camboyano, este grupo ya vulnerable se encuentra en mayor riesgo de explotación y subordinación. Algunos caen bajo el control de reclusos adultos y más ricos, que se convierten en sus “padrinos” y les exigen realizar tareas a cambio de protección, más tiempo fuera de las celdas o pequeñas cantidades de dinero. Estos protectores pueden rápidamente dejar a los chicos sin respaldo o convertirse en abusivos si las tareas no se llevan a cabo a su entera satisfacción.   

Las necesidades físicas, mentales, sociales y educativas de los menores son desatendidas en las cárceles camboyanas. El acceso de los reclusos menores a los bienes y servicios depende de sus recursos económicos, así como de la frecuencia de las visitas familiares. La disponibilidad de alimentos nutritivos, recreación y deporte regularmente no puede garantizarse sin pago.

Las reclusas menores son particularmente vulnerables y no reciben una atención especial específica en conformidad con las normas de Beijing.

Hay una necesidad urgente de establecer penas alternativas para los menores.

La prisión preventiva se utiliza regularmente como una táctica para amenazar y callar a los defensores de derechos humanos y activistas políticos. Esta reclusión les impide preparar una defensa eficaz, al mismo tiempo que transmite el mensaje a los demás de que no se tolerará la disidencia.   

En marzo de 2015, mientras Hun Sen anuncia la liberación de las mujeres detenidas, unos 200 activistas y monjes se reunieron frente del ministerio de Asuntos de la Mujer para exigir al gobierno que respete los derechos de la mujer y libere los 12 activistas (11 de las cuales son mujeres) encarcelados por su participación en conflictos territoriales relacionados con el proyecto de desarrollo de Boeung Kak en la capital de Camboya. Estos activistas argumentan que el proyecto respaldado por un legislador del partido gobernante de Hun Sen, el Partido Popular de Camboya, ha causado inundaciones en la comunidad. La policía confiscó ataúdes falsos a los manifestantes, que simbolizaban la muerte de los derechos de la mujer. Hasta la fecha, Hun Sen ha rechazado la petición pública de 30 organizaciones de la sociedad civil que solicita al gobierno la liberación de los reclusos.   

En julio de 2015, 11 activistas del Partido de Rescate Nacional de Camboya (PSNC) fueron condenados a entre 7 y 20 años de prisión por participar en una manifestación no autorizada.   

En agosto de 2015, Hong Sok Hour, un senador franco-camboyano fue detenido por haber publicado una copia falsa de un tratado con Vietnam en su cuenta de Facebook, una estrategia empleada por la oposición con el fin de presentar a Hun Sen como subordinado a Hanoi.[^1]

Según la LICADHO, el personal médico penitenciario no se preocupa por evaluar los impactos físicos o mentales que generan los actos de violencia.

Las leyes penitenciarias establecen que los presos con enfermedades mentales deben recibir atención sanitaria específica, por lo que se han destinado fondos para mejorar la educación en salud mental y los programas de tratamiento médico. Pese a ello, son muy pocos los esfuerzos que se han hecho para evaluar el bienestar mental de los internos al momento de su ingreso o para proporcionar un tratamiento adecuado a aquellos con problemas evidentes.

De acuerdo con la Organización Psicosocial Transcultural [^1] (TPO), la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad y el trauma son los problemas de salud mental más frecuentes en las cárceles de Camboya, y muchos no pueden acceder sistemáticamente al tratamiento que necesitan.   

[^1]:TPO es la principal ONG camboyana que interviene en el ámbito de la salud mental y psicosocial de reclusos.