Analizar si es o no conveniente que los niños pequeños permanezcan hasta los tres años con sus madres encarceladas.   

Poner fin al cobro de las visitas y de la correspondencia para fomentar el mantenimiento de los vínculos familiares.   

Aplicar penas no privativas de la libertad para reducir los índices de prisión preventiva. Las consecuencias sociales, económicas, física y psicosociales nefastas del encarcelamiento son demasiado graves para los reclusos y sus familiares.   

Financiar un mecanismo de asistencia jurídica independiente y con recursos suficientes para que todas las personas privadas de libertad puedan ser asistidas por un abogado.   

Establecer un Mecanismo Nacional de Prevención verdaderamente autónomo, compuesto por expertos debidamente cualificados.