El Código Penal prevé la pena capital. Si bien nadie ha sido ejecutado desde el 2001, aún hay 28 personas esperando en el corredor de la muerte.

En abril de 2015, se pidió la pena de muerte para 15 personas acusadas de haber asesinado, en septiembre de 2014, a ocho periodistas y miembros de un equipo antiébola, encargado de sensibilizar a la población de las zonas rurales. Finalmente, estas personas fueron condenadas a cadena perpetua.

La falta de atención médica es la principal causa de decesos en prisión; el paludismo y el beriberi son las enfermedades que provocan la muerte con mayor frecuencia. El Comité internacional de la Cruz Roja (CICR) ha contribuido a mejorar el fenómeno de malnutrición dentro de los establecimientos penitenciarios.

Las muertes por suicidio, malos tratos de los guardias o violencia entre reclusos no son habituales.

Los autores de delitos particularmente graves pueden ser víctimas de linchamiento por parte de la población o de otros reclusos. El 29 de noviembre de 2015, cuatro personas condenadas por el homicidio de un comerciante de oro fueron linchadas en la prisión de Kouroussa¹.

Los actos de tortura fueron moneda corriente durante los 50 años de dictadura del país. Si bien el número de casos ha disminuido considerablemente, este fenómeno aún persiste. El Código Penal no define la tortura o los tratos inhumanos o degradantes.

La mayoría de casos de violencia se presentan durante la detención preventiva o las investigaciones preliminares para forzar confesiones. Los interrogatorios pueden durar hasta 12 horas y pueden repetirse en reiteradas ocasiones.

En enero de 2015, varios reclusos de la prisión civil de Forécariah denunciaron, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos (ACNUDH) en Guinea, haber sido objeto de malos tratos durante el arresto.

Tres extranjeros que se encuentran recluidos en la prisión de máxima seguridad de Conakry por su presunta participación en el asesinato de Thierno Aliou Diaouné (coordinador nacional del Fondo de la ONU para la Construcción de la Paz en Guinea), el 6 de febrero de 2015, informaron al ACNUDH haber sido víctimas de tortura por parte de los policías de la Brigada contra la delincuencia organizada.

El personal penitenciario solo puede recurrir a la inmovilización corporal cuando la persona representa un peligro para los demás, sobre todo las personas que sufren trastornos mentales. El personal manifiesta no disponer de mejores métodos para afrontar dichos casos.

El ACNUDH visitó 183 establecimientos penitenciarios entre enero y noviembre de 2015 (comisarías y prisiones). Durante sus visitas, el equipo constató el incumplimiento de los plazos de la prisión preventiva, la retención de personas que ya han recibido una orden de excarcelación y numerosos casos de detención arbitraria.

Asimismo, la Oficina denuncia la práctica de exigir a las familias un pago para liberar a sus allegados, y pone de manifiesto la política represiva de las detenciones masivas, aplicada durante los momentos de inestabilidad política, principalmente, durante las elecciones presidenciales de octubre.

El Grupo de trabajo de las Naciones Unidas para la Detención Arbitraria requirió, en mayo, la liberación de tres militares de alto rango que se encuentran en prisión desde 2011 por su presunta participación en el ataque contra el domicilio del presidente Alpha Condé. El Tribunal Penal aún no se ha pronunciado sobre el caso, debido a la falta de vistas regulares.