Contratar personal suficiente para garantizar una gestión adecuada de los establecimientos penitenciarios. Asegurarse de que el personal está bien formado y correctamente remunerado. Ningún guardia debería recurrir a la extorsión de los reclusos y de sus familiares para vivir.

Honrar los acuerdos establecidos con organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Seguir activamente todos los casos de desviación de fondos destinados a la administración penitenciaria.

Establecer un Mecanismo Nacional de Prevención independiente dotado de medios suficientes para efectuar su trabajo de forma eficaz.

Asegurar la separación de la población carcelaria en categorías (mujeres, menores, detenidos, condenados, enfermos, personas de edad avanzada).

Desarrollar programas de reinserción o de reeducación y dotarlos de medios suficientes para poder tener un impacto sobre el tipo de personas privadas de libertad.