La administración penitenciaria regula la frecuencia de visitas. Esta varía según los establecimientos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció, en un informe publicado en 2014, que el personal exige a los familiares el pago de un “derecho de entrada” en efectivo entre 2 000 y 5 000 GNF (aproximadamente 1 USD). El recluso debe, por su parte, pagar por la “apertura de barreras” de 2 000 GNF al final de la visita.

Cerca de un tercio de los reclusos es abandonado por su familia y no recibe visitas. La estigmatización social, el coste de desplazamiento y el “derecho de entrada” son las razones principales. El Comité contra la Tortura condenó en el Examen Periódico Universal de Guinea en 2014 la práctica del derecho de entrada. El personal amenaza de tortura a los reclusos si sus familiares si no pagan las tasas de visita.

No existe ningún dispositivo formal de visitas conyugales. En la práctica, los reclusos organizan una visita íntima en un lugar discreto.

Las llamadas telefónicas son muy limitadas y es necesario pagar sobornos a los guardias para poder llamar.

En Guinea, el servicio postal se utiliza poco debido a su mal funcionamiento. Los allegados pueden enviar cartas a los reclusos a través de los guardias. La administración penitenciaria lee la correspondencia antes de entregarla a los reclusos.

Es posible obtener un buzón fuera del centro penitenciario a través de un abogado. Este último podrá enviar a los reclusos los paquetes recibidos. Por cuestiones de higiene y seguridad alimentaria, se prohíbe la comida preparada, la carne y el pescado. Las armas de fuego, los objetos cortantes y las drogas están también prohibidas.

La amnistía y el indulto presidencial son las únicas posibilidades de adaptación de la pena.

El presidente Alpha Condé acordó, en diciembre 2015, una rebaja de la pena total o parcial a 171 reclusos. Cuatro de los liberados habían sido arrestados arbitrariamente después del ataque al domicilio del presidente en 2011. Los otros eran reclusos ordinarios.

Los internos sin recursos suficientes pueden obtener ayuda legal para las infracciones correccionales. En la práctica, solo el 10 % tiene acceso a dicho servicio debido a la escasez de abogados. El informe publicado por el ACNUDH en 2014 afirma que el presupuesto destinado a la justicia no supera el 0.50% del presupuesto general del Estado.

La presencia de un abogado es obligatoria para los delitos graves. Todos los reclusos pueden beneficiar de asistencia jurídica, pero la calidad de la defensa no está garantizada. Con frecuencia, los abogados de oficio reciben el expediente de sus clientes el día antes de la vista. Solo las personas con medios financieros pueden tener acceso a una defensa correcta.

La ONG Même droit pour tous (MDT) ofrece asistencia jurídica gratuita en Conakry y Nzéeékoré.

I.C., condenado a dos años de prisión, estuvo recluido durante cuatro años y medio. MDT presentó una queja por detención ilegal contra el Estado guineano y reclamó daños y perjuicios e intereses. En febrero de 2012, el Tribunal Supremo condenó al Estado al pago de 120 000 000 francos guineanos (16 326 USD) a I.C. La víctima aún espera recibir la indemnización.

Según la ley, el Tribunal Penal debe reunirse dos veces por año. En la práctica, pueden pasar muchos años sin que haya ninguna audiencia. En consecuencia, se sobrepasan los plazos de prisión provisional.

En 2014 se comenzó un proyecto para adaptar el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Justicia Militar a las normas internacionales, pero los avances son lentos. Este mismo año se instauró el Consejo Superior de la Magistratura, responsable de seleccionar y formar los jueces y mejorar sus condiciones de trabajo.

Guinea firmó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura en 2005, todavía pendiente de ratificación. En ocasión del Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, el Gobierno se comprometió, en mayo de 2014 y en enero de 2015, a ratificar el protocolo.