El personal médico penitenciario depende de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

La DGSP no ha establecido un programa integral de atención médica.

Todos los centros penitenciarios tienen una enfermería, algunas son administradas por personal médico profesional, en otros casos se designa a un interno con experiencia para que la atienda. En las cárceles más afectadas por la sobrepoblación, los espacios que deberían ser reservados a servicios de salud son utilizados por los reclusos como espacios de vida.

El acceso a las medicinas es limitado; las enfermerías poseen únicamente insumos básicos como analgésicos, antipiréticos y antidiarreicos.

El personal médico es insuficiente y por ello debe prestar servicios en diferentes cárceles de la región y limitarse a atender emergencias o casos graves.

En 2013, los reclusos del Centro de Detención Preventiva “Los Jocotes” denunciaron ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) estar enfermos de escabiosis. Durante una visita de monitoreo realizada por el PDH a dicho centro, en mayo de 2014, el personal médico comprobó que un 50 % de los internos (alrededor de 350 personas) estaban afectados por esta enfermedad; causada principalmente por la falta de higiene y la severa sobrepoblación.

En su informe 2014, la PDH expresó su preocupación ante la situación vivida por los reclusos enfermos de VIH/Sida. Señaló que los jueces de las Salas de Sentencia otorgan los permisos de salida al hospital con retraso, poniendo en riesgo la vida de los pacientes, que generalmente no reciben atención médica oportuna.

Además, la DGSP no ha establecido protocolos interinstitucionales de atención médica hospitalaria, lo que dificulta los traslados de los pacientes desde los centros penitenciarios a los hospitales.

El 10 de marzo de 2015, explotó una granada afuera del Hospital General San Juan de Dios que dejó una persona fallecida y 27 heridas. Tras el incidente, las autoridades anunciaron la inversión de un millón de quetzales (13 490 USD) para la creación de dos clínicas: una en la Granja Penal El Pavón y otra en el Centro de Detención Preventiva Zona 18. La PDH realizó una visita, el 25 de mayo de 2015, y comprobó que las instalaciones inauguradas no eran nuevas; la DGSP solo invirtió en pintura, dos camillas, dos computadores y aparatos de laboratorio “que quedaron sin uso porque nunca se contrató a un laboratorista.”¹ Durante la visita, solo un médico de turno estaba trabajando, el resto se había ido tres días después de la inauguración, dado que no contaban con medicamentos o equipos. Esto además contrasta con las promesas de la DGSP, que anunció “haber dotado a las clínicas de tres médicos especialistas, un cirujano, un laboratorista, dos médicos de turno, y un enfermero.”² Meses después, el Subdirector operativo de la DGSP anuló la capacitación de las dos clínicas y ordenó el traslado de las personas privadas de libertad enfermas a hospitales públicos.

Dos clínicas especializadas en la atención de personas privadas de libertad afectadas de VIH/Sida se inauguraron, en octubre de 2015, en la Granja Penal El Pavón y en el Centro de Orientación Femenina (COF). El proyecto de creación de estas clínicas se logró gracias a la cooperación de la DGSP con el Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (HIVOS) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El PDH invitó a las autoridades a suministrar los insumos y a contratar el personal necesario para que las clínicas puedan brindar un servicio satisfactorio³.