La población carcelaria marroquí está en aumento. El número de personas reclusas pasó de 53 580 en 2006 a 76 794 al 31 de octubre de 2015. Los preventivos (31 334) representan el 41% de la población reclusa[^1]. 

Existe un alto índice de hacinamiento; la última tasa de ocupación que se conoce es del 157.8% en 2010 (World Prison Brief).

En 2014, la prisión de Salé, de 3500 plazas, albergaba a 4611 reclusos (de los cuales entre el 70% y el 80% se encuentran en prisión preventiva), y la prisión de Ouckacha, de 4500 plazas, albergaba a 8752 (más del 50% de preventivos)¹. Los preventivos son encarcelados con los penados y a veces son trasladados a otras regiones, fuera de la que se encarga de su expediente, lo que ralentiza el funcionamiento de la justicia y los aleja de sus familias.   El hacinamiento se debe al uso excesivo de la prisión preventiva y a la falta de penas no privativas de la libertad; el sistema de fianza existente no se emplea a menudo y tampoco se favorecen las medidas alternativas para los delitos menos graves. Además, el uso abusivo de la prisión preventiva puede resultar en detenciones arbitrarias, ya que, por lo general se sobrepasa el periodo máximo de un año.   Durante el Examen Periódico Universal de octubre de 2016, el Gobierno Marroquí manifestó su intención de construir 45 establecimientos penitenciarios de aquí al 2020 para responder al aumento de la población carcelaria.   [^1]: Human RightsWatch, “Informe mundial 2016 : Marruecos y el Sahara occidental”, 2016 

Las últimas cifras disponibles revelan que, en 2014, los menores representaban cerca del 2% de la población carcelaria de Marruecos.

La ley marroquí estipula que los menores deben permanecer en centros especiales. Sin embargo, durante su visita de diciembre de 2013, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria constató que menores de 14 años y más se encontraban recluidos en prisiones comunes, en las que compartían celdas con los adultos. Una situación que los hace particularmente vulnerables. Las condiciones de reclusión son difíciles, las medidas alternativas a la prisión previstas por la ley son poco utilizadas, y los menores solo son trasladados a centros de protección de la infancia tras largos periodos de reclusión.

Los presos políticos y de conciencia son muy numerosos en Marruecos. Sin embargo, el Gobierno afirma que no hay ninguno. La ley marroquí no contempla una definición para esta categoría de presos ni reconoce su situación, por lo que no gozan de ningún régimen particular y son condenados por infracciones penales, basadas en su mayoría en confesiones obtenidas mediante la fuerza. Este tipo de reclusos son, con mayor frecuencia, objeto de torturas y malos tratos.   Muchos manifestantes son objeto de arrestos violentos. Principalmente los estudiantes activistas políticos o los sahauries en favor de la independencia del Sahara Occidental. En su informe de 2015 sobre la tortura y la impunidad en Marruecos y Sahara Occidental, Amnistía Internacional reveló varios casos de arrestos y condenas de activistas.  

• En 2003, un tribunal militar condenó a 25 activistas de derechos sahauries a penas de prisión que iban hasta la cadena perpetua. Los arrestos ocurrieron tras el desmantelamiento del campo GdimIzik en 2010. Los veredictos fueron anulados en 2016 y los reclusos fueron enviados ante un tribunal civil.  

• Mohamed El Harras fue arrestado en una manifestación de estudiantes en 2013. Los policías lo golpearon y amenazaron con violarlo con una botella durante su detención preventiva. Su interrogatorio se concentró principalmente en su vínculo con el grupo militante de la Vía Democrática Basista (VDB). Fue condenado a un mes de prisión sobre la base de una confesión que le obligaron a firmar.

• El periodista investigativo Hicham Mansouri, conocido por sus investigaciones en casos de corrupción y otras infracciones graves por parte de funcionarios públicos, fue condenado en 2015 a diez meses de prisión por complicidad en adulterio. Liberado a principios de 2016, aún podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión por amenaza a la seguridad pública del Estado.