En todo el mundo, las mujeres se enfrentan a diferentes desafíos: situaciones de vulnerabilidad relacionadas con su género, precariedad económica, presión social y familiar, etc. Todas estas circunstancias hacen más difícil su existencia y las empuja a veces a cometer actos ilegales para sobrevivir.

A lo largo de su vida, muchas mujeres son objeto de diferentes tipos de violencia que se acumulan con el tiempo. En Tailandia, la investigadora Samantha Jeffries observa que “las mujeres privadas de libertad suelen ser víctimas de violencia (abusos durante la infancia o violencia doméstica) a más temprana edad que los hombres y con mayor frecuencia, lo que guarda una estrecha relación con su encarcelamiento”. En Australia las cifras son incontestables, pues el 85 % de las mujeres reclusas han sido víctimas de violencia durante su vida, infligida, sobre todo, por hombres. En el Reino Unido, más de la mitad de la población carcelaria femenina afirma haber sido objeto de violencia doméstica en su infancia, como abuso emocional, físico y sexual. Como lo señalan Ruth Gagnon y Anne-Céline Genevois de la Sociedad Elizabeth Fry de Quebec, en Canadá, muchas de las mujeres que se encuentran en prisión provienen de entornos sociales desfavorecidos y han vivido experiencias familiares complicadas, e incluso traumáticas.

La mayoría de las mujeres privadas de libertad ha crecido en hogares pobres y han tenido menos acceso a la educación que los hombres. En Brasil, muchas de ellas apenas han recibido la educación primaria, y solo el 14 % han terminado su secundaria. El caso es similar en países como Nicaragua, Colombia y Sierra Leona, en los que una encuesta realizada por AdvocAid reveló que más de la mitad de las mujeres interrogadas en prisión eran analfabetas.

El limitado acceso de las mujeres a la educación reduce sus posibilidades de entrar en el mercado laboral, lo que aumenta de manera automática la brecha de género en los índices de desempleo y agudiza su riesgo de marginación económica y social. La asociación Equis-Justicia para las Mujeres ha subrayado que, si bien, en México, el 60 % de las mujeres reclusas trabajaba antes de su encarcelamiento, en la mayoría de los casos se trataba de empleos informales que no les permitían beneficiar de las prestaciones sociales. Como lo señala Alejandra Ramos Lezama, miembro de la asociación, “muchas mujeres han sufrido privaciones en términos de alimentación, vivienda, higiene personal, actividades recreativas, etc.”

Una gran cantidad de mujeres se encarga de su hogar, de cuidar a sus hijo-as y de atender las necesidades de su familia. Por lo tanto, la marginación económica puede obligarlas a buscar medios de subsistencia ilegales. En Argentina, por ejemplo, la falta de oportunidades profesionales y sociales lleva a muchas mujeres a cometer delitos relacionados con las drogas.

Más de la mitad de las mujeres encarceladas en Australia tienen al menos un hijo o hija a su cargo. En Colombia, Claudia Cardona, directora de la asociación Mujeres Libres, habla de la espiral infernal en la que el Estado sumerge a las madres. El Estado considera que las mujeres son malas madres si no logran atender las necesidades de sus hijo-as. Sin embargo, no les garantiza los derechos sociales y económicos que se supone debería garantizarles ni la posibilidad de tener un trabajo legal. Así pues, algunas buscan soluciones ilegales y optan por el tráfico de droga, por el que terminan en prisión sin que se tengan en cuenta las razones que motivaron el delito.

En algunos casos, la familia puede jugar un papel muy importante en el encarcelamiento de las mujeres. En Senegal, es muy común que los esposos de las mujeres condenadas por tráfico de drogas se encuentren en prisión por las mismas razones, explica la asociación Futur au Présent. Tras su ingreso en prisión, los hombres suelen transmitir los contactos a sus esposas para que ellas los remplacen en su actividad. En Tailandia, muchos hombres manipulan o amenazan a sus compañeras sentimentales para que cometan delitos.

En el estado de Oklahoma, Estados Unidos, la legislación conocida como Failure to Protect (“omisión de protección”) penaliza a los padres y las madres que no preservan a sus hijo-as del maltrato de otros adultos. Las mujeres afrodescendientes son, de manera desproporcionada, las más procesadas por estos cargos. Las condenas que se pronuncian no suelen tomar en consideración el contexto en el que viven estas madres, quienes a menudo también sufren la violencia del agresor de sus hijo-as, que, por lo general, se trata de su compañero sentimental. Por otra parte, tampoco es inusual que a las mujeres se les impongan penas más severas que las del mismo agresor.

En todo el mundo, los motivos más comunes por los que las mujeres van a prisión son: tráfico de drogas, robo, vagabundeo, mendicidad, brujería, deudas, etc. En muchos de estos casos, se trata de delitos no violentos. En 2020, en Inglaterra y Gales, por ejemplo, cerca del 72 % de las mujeres reclusas fueron condenadas por hechos ilícitos, en los que no hicieron uso de la violencia.

Los delitos relacionados con las drogas son preponderantes a nivel mundial, al punto que conducen a una de cada tres mujeres a prisión. En algunos países de América Latina y Asia, este delito constituye la principal causa de encarcelamiento de entre el 60 % y el 80 % de las mujeres; una sobrerrepresentación que no se observa entre los hombres. Un informe realizado en 2020 señala que, en Brasil, Chile y Perú, la proporción de mujeres encarceladas por delitos de drogas es al menos un 30 % superior a la de los hombres.

En el marco de la “guerra contra las drogas”, muchos países de América Latina y Asia han instaurado leyes sumamente represivas. En México y Filipinas, la prisión preventiva es obligatoria para los delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, en otros países en los que no lo es, esta medida se utiliza de manera bastante usual, como en Costa Rica, Ecuador o India. Las penas tienden a ser demasiado severas con respecto al perjuicio ocasionado, y pueden ir hasta la pena capital. En Indonesia, cinco de las once mujeres condenadas a la pena de muerte en 2021 cometieron un delito relacionado con las drogas. En Tailandia, este tipo de infracción motivó el 86 % de las penas de muerte.

A menudo, las mujeres realizan tareas que las exponen más que a los hombres a los arrestos ─como la venta o el transporte de estupefacientes─. “Ellas ocupan una posición poco importante en la cadena del narcotráfico”, explica Alejandra Ramos Lezama, miembro de Equis-Justicia para las Mujeres. “Las mujeres se encuentran en los lugares más expuestos, como, por ejemplo, donde se vende la droga”. En México, esta posición las hace más vulnerables a las intervenciones de las autoridades, que arremeten contra los miembros más visibles de la cadena del narcotráfico para aumentar las estadísticas de su lucha contra el crimen organizado. En Côte d’Ivoire, Paul Kouadio y Wenceslas Assouhou de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura llegan a la misma conclusión: “La catastrófica situación económica de las mujeres en el país las lleva a cometer delitos para cubrir sus necesidades. Muchas veces, por ejemplo, se ponen a vender pequeñas cantidades de droga en el mercado, y terminan convirtiéndose en el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, pues, al estar en primera línea, y debido a la dificultad de llegar hasta los jefes de los carteles, son ellas las que se enfrentan a los cargos y a la prisión”.

Además de la droga, otras infracciones menores como la mendicidad, el vagabundeo, el impago de las deudas, o las ventas ambulantes conducen a las mujeres tras las rejas. Los sistemas coloniales tipificaron estos actos para controlar a la población pobre e “indeseable”, y desde entonces han formado parte de la noción de orden social. Las potencias coloniales se han servido de estos delitos para mantener el control y proteger sus intereses económicos, y, hasta el día de hoy, estos figuran en el Código Penal de un gran número de países.

Los sistemas penales suelen poner en su mira a las personas más desfavorecidas de la sociedad, en situación de vulnerabilidad y de gran precariedad. Varios estudios llevados a cabo por Africa Criminal Justice Reform señalan que, “la penalización de los delitos menores afecta de manera desproporcionada a las personas pobres y a aquellas que tienden a ser objeto de discriminación y exclusión social”. En Kenya, las mujeres sin hogar pueden ser arrestadas por merodeo o por dormir en un espacio público. Un estudio publicado en 2022 subraya que muchas de las mujeres privadas de libertad en este país han sido condenadas por delitos relacionados con el alcohol. Más del 70 % de las mujeres cumplen penas de entre un mes y dos años. En Sierra Leona, las mujeres suelen arrestarse por merodeo o impago de deudas. Con frecuencia, el endeudamiento se considera, erróneamente, como un delito de apropiación indebida o como la obtención de bienes o de dinero bajo un falso pretexto. Las condenas relativamente cortas por este tipo de delitos menores tienden a sobrecargar los sistemas penitenciarios, de por sí saturados. En la República Centroafricana, el Código Penal también reprime ciertas prácticas de brujería y charlatanería, por las que se pronuncian numerosas condenas. Las personas en situación de vulnerabilidad, en particular, mujeres de edad y aisladas, son el blanco principal de estos encarcelamientos. En 2021, por ejemplo, estas representaban el 60 % de las mujeres recluidas en la cárcel femenina de Bimbo, en Bangui.

En ocasiones, se penaliza a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres; sus prácticas sexuales y reproductivas se someten a un estricto control legislativo, que tipifica muchas de ellas como delito. En varios países, las leyes se basan en patrones de género a los que la población femenina debe atenerse para evitar que se le catalogue como delincuente. La transmisión a nivel mundial de estos patrones se debe en gran parte a la colonización.

El control del cuerpo de las mujeres se traduce sobre todo en la penalización del comercio de servicios sexuales, que, en la mayoría de países, se prohíben o regulan. Las trabajadoras sexuales terminan ejerciendo su actividad de manera ilegal, y exponiéndose a la precariedad, a los actos de violencia cotidianos y a la prisión.

Pero, la penalización, en algunos casos, es mucho más insidiosa. En Senegal, por ejemplo, el trabajo sexual se regula mediante la ley de 1966, heredada del derecho colonial y jamás enmendada. En virtud de esta ley, las personas deben inscribirse en un archivo sanitario y social, y someterse a consultas médicas regulares. Además, deben llevar consigo su carnet de salud, obligatorio para ejercer la profesión. Si durante un control policial, la persona no está en capacidad de presentarlo, las autoridades pueden condenarla a una pena de prisión. Ibrahima Niabaly y Kiné Gueye de la asociación Futur au Présent explican que “las penas pueden ser de 15 días de prisión, o, a veces, de un mes. En Thiès, nos enteramos del caso de una mujer a la que condenaron a un día de prisión, pero algunas penas son de tres meses. La ley también prohíbe el proxenetismo y el hecho de ofrecer sus servicios en la calle, lo que les impide ejercer su actividad en los restaurantes, bares y playas”. En resumen, aunque el trabajo sexual sea legal, la reglamentación a la que obedece da lugar a nuevas infracciones, como la de no presentación del carnet de salud. Las prácticas sexuales de estas mujeres pueden penalizarse cuando no entran en el marco definido. Y, como lo señalan Ibrahima Niabaly y Kiné Gueye, esta penalización viene acompañada de un pesado estigma social.

La penalización del aborto es otra de las manifestaciones del control al que se somete el cuerpo de las mujeres. En Marruecos, por ejemplo, es ilegal interrumpir un embarazo a menos que sea indispensable para preservar la vida o la salud de la mujer. En la práctica, esta regla concierne a muy pocas mujeres, y aquellas que abortan se arriesgan a una pena de prisión de entre seis meses y dos años, así como a una multa. El temor a estas sanciones obliga a las mujeres a recurrir a métodos de aborto peligrosos, como lo señala un informe de Amnistía Internacional. Además del aborto, el Código Penal marroquí rige las prácticas sexuales de los individuos, ya que prohíbe el adulterio y las relaciones íntimas entre dos personas que no han contraído matrimonio, y los sanciona con penas de prisión. “Con mayor frecuencia, las mujeres reciben castigos más severos que los hombres, tanto desde un punto de vista jurídico como social. Esto tiene graves consecuencias para las mujeres, pues limita su acceso a la información, los servicios y los productos relacionados con la salud sexual y reproductiva, y alimenta la discriminación y la violencia basada en el género”.

Algunas legislaciones son incluso más severas. Como lo señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Código Penal salvadoreño “penaliza la interrupción del embarazo en todas las circunstancias. El Salvador criminaliza sistemáticamente a las mujeres que sufren emergencias obstétricas, y las condena a penas de hasta 50 años de prisión por los delitos de homicidio agravado o aborto”.

El control de las prácticas obstétricas y sexuales a veces se extiende hasta la supervisión estricta de todos los aspectos de la vida de las mujeres, cuya simple existencia puede constituir una infracción. En Afganistán, las numerosas medidas adoptadas desde 2021 imponen todo tipo de restricciones a las mujeres, a quienes no se les permite recibir educación secundaria ni universitaria, viajar solas sin un acompañante, mostrar su rostro en público, acceder a los parques, etc. La Ley de “Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio” de agosto de 2024 lleva al extremo la discriminación contra las mujeres, a las que se les prohíbe, entre otras cosas, hablar en público y recitar el Corán en voz alta frente a otras mujeres. Las autoridades pueden hacer uso de la fuerza y encarcelar a las mujeres en caso de no respetar estas disposiciones.

En Irán, las mujeres tienen la obligación de respetar un estricto código vestimentario y deben llevar el hiyab. En septiembre de 2022, la “Policía de la Moral” detuvo a Mahsa Amini de 22 años por no respetar dicho código. Tras los malos tratos infligidos durante la custodia policial, Mahsa entró en coma y falleció tres días más tarde. La muerte de la joven desató una ola de manifestaciones y dio lugar a la creación del movimiento Mujeres, Vida, Libertad. En 2023, el Parlamento iraní adoptó un proyecto de ley ─un día antes de cumplirse un año de la muerte de Mahsa─, con el que buscaba endurecer las penas de prisión y las multas por violación del código vestimentario. Las personas vestidas de “manera inapropiada” se enfrentan a penas de prisión de hasta diez años. Para supervisar a la población, las autoridades recurren a cámaras de vigilancia y al reconocimiento facial. Por no llevar el velo, las mujeres pueden perder su empleo, el acceso a la universidad o a los servicios bancarios, e incluso su automóvil. Este sistema de supervisión permanente penaliza la vida íntima y social de las mujeres, a las que se les trata como ciudadanas de segunda clase. Las personas que militan por los derechos de las mujeres también son víctimas de una campaña de acoso y represión.

Ciertas mujeres sufren de varios tipos de discriminación de manera simultánea. En algunos casos, el origen étnico, la orientación sexual y la identidad de género se entrecruzan para agravar su situación de precariedad y conducir a un mayor encarcelamiento.

En un informe publicado en 2024, la organización Human Dignity Trust reveló que uno de cada cinco países prohíbe las prácticas homosexuales y penaliza a las mujeres lesbianas y bisexuales. En Argelia, la homosexualidad puede acarrear penas de prisión de hasta tres años, mientras que, en Zambia, estas pueden ir hasta los 14. En algunos casos, en los que la orientación sexual no se penaliza expresamente, las mujeres LGBTQI+ suelen enfrentarse a cargos de “alteración del orden público” o “ultraje a la moral pública”. Según Human Dignity Trust, estas prácticas se han heredado directa o indirectamente de la colonización británica. El delito de “ultraje a la moral pública”, por ejemplo, figuraba en una ley británica de 1885 que sancionaba las relaciones íntimas entre hombres, antes de extenderse a las prácticas sexuales de las mujeres en los países colonizados.

La exclusión y la marginación económica y social a las que se enfrentan las personas LGBTQI+ afecta también a las mujeres de la comunidad, quienes sufren de discriminación en materia de educación, empleo, atención sanitaria y vivienda. En muchos lugares, las mujeres trans y las personas que no se conforman a las normas de género se convierten en el blanco de las autoridades. Algunas leyes se usan, por ejemplo, para penalizar a las personas cuya expresión de género no corresponde al género asignado al nacer y prohíben el “travestismo”. Human Dignity Trust señaló que, en Brunéi, las personas trans son víctimas de acoso a raíz de una disposición que sanciona “a todos los hombres que se vistan y posen como mujer y a todas las mujeres que se vistan y posen como hombre”.

En algunos países, existen leyes relativas al vagabundeo que penalizan las actividades de las personas de la comunidad LGBTQI+. Las más perseguidas en estos casos son las mujeres trans que ejercen la prostitución. De manera general, las personas trans son vulnerables a las violaciones de sus derechos fundamentales y sufren todo tipo de abuso por parte de las instituciones y sus representantes. Catalogadas como “peligrosas”, se exponen al abuso policial y al encarcelamiento.

Las huellas de la colonización se traslucen en la sobrerrepresentación de mujeres autóctonas en prisión. En Canadá, la mitad de las reclusas pertenecen a este grupo, a pesar de solo representar el 5 % de la población femenina del país. La investigadora Cyndy Wylde, de las naciones Anicinape y Atikamekw, afirma que el rol político que jugaban las mujeres dentro de sus comunidades y su organización social contrastaba con la visión de la figura femenina que tenían los colonos, lo que las puso en el centro de una particular persecución que explica, hasta el día de hoy, su excesivo encarcelamiento. La investigadora menciona que los medios de comunicación y el imaginario colectivo canadiense han creado y difundido una representación fantástica de estas mujeres, que las concibe ya sea como Pocahontas, una mujer bella, sexy y sexualmente abierta, o como una delincuente marginada y sumamente violenta.

Estas representaciones siguen teniendo repercusiones hoy en día. Las mujeres autóctonas tienen más probabilidades de ser condenadas por actos de violencia, como lo señala Cyndy Wylde, pero muchas de ellas también van a prisión por infracciones menores, como el incumplimiento de una orden de libertad condicional. La investigadora añade que, “en el caso de los delitos violentos, las penas que se les imponen suelen ser más severas y el nivel de seguridad más elevado” que para las demás mujeres. “La mayoría de las mujeres de esta categoría son más jóvenes que las extranjeras y han sufrido mucha más violencia. Con frecuencia, han estado bajo tutela durante su infancia y, en ciertos casos, han pasado su vida dentro de alguna institución. La prisión es entonces el siguiente tramo de un largo camino de reveses. Para muchas de ellas, podríamos decir que si no hubiera sido la prisión, habría sido la muerte”.

Las mujeres y las niñas aborígenes representan un tercio de la población carcelaria femenina del estado de Queensland (Australia), es decir, casi ocho veces su proporción dentro de la población general. En su caso también, las probabilidades de ir a prisión por cortos periodos, acusadas de delitos menores y no violentos, son más altas. Por ejemplo, entre 2005 y 2019, el 11 % las mujeres y las niñas isleñas del Estrecho de Torres fueron condenadas por haber “incumplido las instrucciones de un policía”. Los sistemas penal y penitenciario no toman en consideración la especificidad de la cultura autóctona, lo que afecta profundamente la vida de estas mujeres y de su comunidad.

En las Américas, la herencia colonial esclavista se perpetua a través el encarcelamiento de mujeres negras. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que “las mujeres afrodescendientes se enfrentan a riesgos específicos derivados de la intersección de múltiples factores de vulnerabilidad como el género y el origen étnico racial”. En Brasil, por ejemplo, este grupo de mujeres representa el 59 % de la población carcelaria femenina. En Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento de las mujeres de raza negra es 1.6 veces superior a la de las mujeres blancas.

Las mujeres, con frecuencia en situación de precariedad, no disponen de los recursos necesarios para beneficiarse de una asistencia jurídica de calidad. Tampoco pueden contar con facilidad con la experiencia de otras mujeres para que las ayuden a orientarse en la maquinaria judicial, puesto que son menos numerosas en prisión. Como lo afirma Fatna El Bouih, directora de la asociación Relais Prison Société en Marruecos: “Los hombres comparten sus experiencias y, cuando entran en prisión, saben cómo funciona la Justicia. Ellos se forman mutuamente y tienen más posibilidades de preparar su audiencia. Para las mujeres es diferente”.

Las mujeres tienden a denunciar menos las violaciones de sus derechos, ya que se enfrentan a múltiples obstáculos sociales, económicos y culturales. Existen muchos elementos que les impiden pronunciarse: el temor a represalias, la falta de apoyo de la familia o de la comunidad y el estigma que implican ciertas denuncias como la violencia doméstica o la discriminación. Además, las barreras económicas y el limitado acceso a la asistencia jurídica suelen reforzar el sentimiento de impotencia frente a la Justicia. Human Dignity Trust observa que, pese a las diversas situaciones de violencia a las que se enfrentan las mujeres lesbianas y bisexuales, muy pocas presentan denuncias por temor a las represalias y al estigma. En su informe, la organización menciona un caso que habla por sí solo: “En 2021, se reportó el caso de una mujer lesbiana originaria de Túnez, víctima de abuso homofóbico por parte de un policía. Al presentar su denuncia en la comisaría local, la detuvieron y la acusaron de insultar a un agente, de encontrarse en estado de embriaguez y de causar inconvenientes y disturbios. La mujer fue condenada a seis meses de prisión, durante los que tuvo que soportar el acoso de la policía”.

El sistema judicial no lucha contra los estereotipos de género, más bien todo lo contrario. “Al entrar en contacto con el sistema de justicia penal, las mujeres suelen ser víctimas de violencia sexual o física y se ven obligadas a sufrir en silencio para evitar que se les revictimice, encarcele o estigmatice”, como lo señala la sección keniana de la Comisión Internacional de Juristas. Aparte de todo esto, las mujeres tienen que soportar las representaciones sexistas que se usan para dar lecciones de moral durante las audiencias. “Hemos asistido a audiencias en las que las autoridades judiciales dicen a las mujeres que deberían estar ocupándose de sus hijo-as”, declara Amarante Viridiana de la asociación mexicana Equis-Justicia para las Mujeres. Fatna el Bouih ha observado la misma situación en Marruecos: “Sin importar que se trate de un juez o una jueza, siempre percibimos esa mirada de recriminación que se lanza a las mujeres. Al fin de cuentas, una vez que llegan al tribunal, la decisión ya está tomada.”. Fatna también aborda el tema del analfabetismo y del desconocimiento de los derechos: “Hemos trabajado con abogadas que nos dicen que muchas de sus clientas no entienden lo que sucede durante el juicio o no saben cuándo se celebrará la próxima audiencia ─si es que habrá una─ o si pueden apelar y cuándo”.

En algunos países, las medidas de prisión preventiva se aplican con mayor frecuencia contra las mujeres que contra los hombres. Tal es el caso en Costa Rica, donde el índice de prisión preventiva es del 56,9 % para las mujeres y del 18,9 % para los hombres. Esta diferencia se observa también en países como Bolivia, Argentina, Colombia y México.

Al momento de su encarcelamiento, las mujeres se encuentran sumidas en un entorno que no se ha concebido para ellas y que no se adapta a su realidad ni a sus necesidades.

El encarcelamiento de una mujer tiene consecuencias devastadoras tanto para ella como para sus seres queridos y su comunidad. En Côte d’Ivoire, la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) indica que el 79 % de las mujeres privadas de libertad son madres. En una entrevista, Paul Kouadio y Wenceslas Assouhou explican que, en este país, las mujeres suelen ser el pilar de la familia. “Son ellas las que se encargan de la escolaridad de los hijos y constituyen el principal sustento económico del hogar. En el caso de un divorcio, muchos de los niños que se quedan con su padre tienen que valerse por sí mismos, pues los padres se interesan poco en su escolaridad y en las amistades que frecuentan. Encarcelar a una mujer, sobre todo, a una madre, no solo es perjudicial para ella, sino también para su familia. Sin embargo, los jueces no parecen tener en consideración estos aspectos cuando envían a las madres a prisión y dejan a los hijos sin quien vele por ellos”. En Irlanda, el Irish Penal Reform Trust (IPRT) pone de relieve las consecuencias a largo plazo de las políticas que favorecen el encarcelamiento de las madres. “En muchos casos, los niños ya se enfrentan a dificultades materiales y sociales, y el encarcelamiento de la madre solo agrava la situación”, como lo explica Ashling Tobin del IPRT. “A menudo, tienen que lidiar con los mismos problemas que llevaron a sus madres a entrar en conflicto con la ley, como la pobreza, la desestructuración familiar, la violencia y el abuso de sustancias. La separación de la madre suele causar un profundo trauma, alimentado por sentimientos de estigmatización, aislamiento y tristeza”.

El ingreso en prisión es más perjudicial para las mujeres, ya que el estigma y el aislamiento son mucho más fuertes para ellas que para los hombres.

Algunos movimientos han surgido para incitar a las autoridades a cambiar de curso, como la Campaña Mundial para la Despenalización de la Pobreza, el Estatus y el Activismo. Las organizaciones miembro de esta coalición abogan desde hace varios años por la abrogación de las leyes que penalizan a las personas por estas razones. En 2017, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó los Principios sobre la Despenalización de Delitos Menores en África, y reconoció que se trata de un “asunto primordial en materia de derechos humanos”. En 2017, en esta misma dirección, el Tribunal Supremo de Malawi declaró inconstitucional el delito de engaño y vagabundeo, tipificado inicialmente por los colonos británicos en la Ley de Vagabundeo (Vagrancy Act) de 1824. En 2022, el Tribunal Anticonstitucional de Uganda también declaró inconstitucionales las leyes nacionales relativas al vagabundeo.

Sin ir hasta la despenalización, la adopción de ciertas leyes también permite contemplar otras medidas alternativas a la prisión, sobre todo para las mujeres condenadas por delitos de poca gravedad. En Marruecos, en junio de 2024, se adoptó una ley relativa a las penas alternativas que permite a diferentes categorías de personas beneficiar de medidas no privativas de libertad.

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, México aprobó una ley de amnistía para facilitar la liberación de las personas condenadas por delitos menores, como robo sin violencia, delitos contra la salud (para las personas en situación de pobreza forzadas a transportar sustancias ilícitas), o delitos de aborto, en los estados en los que este se considera ilegal. Las personas indígenas o afromexicanas que no hayan contado con una asistencia jurídica adecuada durante su proceso también pueden invocar esta ley, cuya finalidad no es solo reducir la sobrepoblación carcelaria, sino además reparar, de cierta forma, las injusticias a las que se enfrentan ciertos grupos marginados de la población. Para Amaranta Viridiana de la asociación Equis-Justicia para las Mujeres, “esta ley es muy importante, ya que es la primera vez que el Estado reconoce que algunas personas se encuentran en prisión a causa de una desigualdad estructural. De manera simbólica, es la primera vez que se reconoce que la violencia sistemática de la que son objeto las personas en situación de vulnerabilidad las ha conducido a la prisión. La ley ha puesto en evidencia el hecho de que muchas personas se encuentran en prisión solo por ser pobres, autóctonas, mujeres o querer disponer de su propio cuerpo”.

Durante los últimos cuatro años, cerca de 126 mujeres se han beneficiado de esta ley. En junio de 2024, la ley de amnistía fue objeto de una reforma que concedió al presidente del país la facultad de liberar o indultar personas de manera directa y sin intermediarios, sea cual sea el delito.

En Colombia, la Ley de Utilidad Pública, adoptada en 2023, pretende ofrecer una alternativa a las madres cabeza de familia que han cometido un “delito relacionado con su vulnerabilidad socioeconómica”. Las mujeres condenadas a prisión por delitos no violentos, como hurto o ciertas infracciones relacionadas con las drogas, pueden cumplir su pena fuera de prisión mientras prestan un servicio social a la comunidad. Esta normativa afirma reconocer “las condiciones diferenciadas de marginalidad que sufren las mujeres privadas de la libertad, así como la importancia de su rol de cuidado activo y de jefatura del hogar, por lo cual procura que este no se vea interrumpido por largas condenas”.

Claudia Cardona, miembro de la asociación Mujeres Libres, considera, sin embargo, que, en la práctica, no es tan sencillo para las mujeres comprobar sus condiciones de pobreza en el momento en el que cometieron el delito, sobre todo cuando la solicitud se hace tiempo después. Además, lamenta que las autoridades judiciales pongan tantas trabas a la liberación de las mujeres. A julio de 2024, tras un año de aplicación de la ley, se concedieron 51 solicitudes, mientras que una gran proporción de las 6472 mujeres en prisión intramural cumple los requisitos que exige la ley. Su asociación organiza talleres de diálogo y sensibilización para jueces y juezas con el fin de identificar los obstáculos de la implementación de esta ley. Un estudio publicado en 2024 aborda los principales desafíos a los que se enfrentan las autoridades judiciales. Según Claudia Cardona, si bien esta ley reconoce los problemas de género, el camino por recorrer es aún muy largo y requiere “una política penal que tenga en cuenta el género, las circunstancias del delito y las necesidades específicas de las mujeres”. Esta ley goza de cierta visibilidad en otros países, como México y Argentina. La asociación Mujeres Libres declara compartir sus conocimientos a nivel internacional a través de la Red Internacional de Mujeres Anteriormente Encarceladas.

Las personas entrevistadas para la elaboración de este artículo son categóricas: es necesario llevar a cabo estudios específicos adicionales para identificar y comprender los factores de vulnerabilidad que favorecen el encarcelamiento de las mujeres por delitos menores. Estos resultan indispensables para mejorar las prácticas y reducir el sesgo. Penal Reform International y Women Beyond Walls trabajan de la mano para identificar los principales aspectos que deben ser objeto de una reforma en lo que respecta a la penalización de las mujeres en el mundo por su situación de pobreza y su estatus.¹ Sabrina Mahtani, fundadora de Women Beyond Walls, menciona las dificultades que existen para realizar tal estudio, teniendo en cuenta la falta de información sobre el encarcelamiento de las mujeres. “Una de nuestras recomendaciones es que se fomente la investigación sobre este tema. Necesitamos más información y más estudios participativos”, declara. La falta de financiamiento explica las lagunas que existen en términos de investigación, como lo ha venido señalando Women Beyond Bars desde hace algunos años. Su observación es clara: más del 70 % de las organizaciones que trabajan con las mujeres privadas de libertad declaran no recibir financiamiento por parte de las fundaciones feministas o defensoras de los derechos de las mujeres.

Las cosas cambian, pero con demasiada lentitud. En todo el mundo, las organizaciones se unen para luchar contra los sistemas de justicia ineficaces y discriminatorios, y alzarse en una voz común. Como lo menciona Faatna el Bouih, “todas las grandes luchas se han librado de manera colectiva; trabajar solo no conduce a nada”.