Las administraciones penitenciarias están adoptando planes de acción u hojas de ruta en materia ambiental para responder, en la mayoría de los casos, a una obligación gubernamental. Suecia, por ejemplo, ha adoptado una política de gestión ambiental para la administración penitenciaria (Kriminalvårdens policy för miljöledning), acompañada de un plan de acción. Algunas administraciones penitenciarias evalúan las medidas y los resultados obtenidos en su informe de actividad. La administración penitenciaria neozelandesa dedica, del mismo modo, un capítulo a su huella de carbono y a las medidas de reducción de las emisiones y de protección del medio natural. Este incluye diversos estudios de caso y gráficos que muestran la evolución del consumo. El Ministerio de Justicia inglés ha hecho lo mismo y ha incluido tablas que permiten analizar sus avances, en particular en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones relacionadas con vuelos en avión, el consumo de agua o incluso la gestión de residuos y reciclaje.

En marzo de 2023, la administración penitenciaria irlandesa publicó su hoja de ruta para la acción climática. Este documento de unas veinte páginas explica cómo pretende cumplir los objetivos fijados en el mandato de acción climática del Gobierno irlandés. La hoja de ruta señala que los “objetivos ambiciosos” establecidos por el Gobierno serán “difíciles de alcanzar” para la administración penitenciaria, sobre todo debido al envejecimiento de las infraestructuras penitenciarias. La administración penitenciaria afirma que la promoción de una cultura de la sostenibilidad está en el centro de su estrategia. Por ello, ha creado nuevos puestos, como líder en materia de clima y desarrollo sostenible, responsable de eficiencia energética, etc. Ha puesto en marcha equipos verdes y ha establecido un Comité de Acción Climática. Cada prisión cuenta con un equipo verde local que implementa proyectos a nivel interno, como la biodiversidad o la recuperación de aguas pluviales. Las presidencias de los comités locales comparten regularmente sus experiencias en el marco de un “Foro de Acción Climática”.

En 2022, la administración penitenciaria neerlandesa creó un equipo encargado del desarrollo sostenible (team Duurzaamheid), que tiene dos misiones principales : reducir el consumo energético e identificar las consecuencias de los objetivos de desarrollo sostenible fijados por el Gobierno.

En Irlanda del Norte, la crisis energética refuerza el trabajo iniciado entre bastidores por varios miembros de la administración penitenciaria para gestionar mejor y reducir el consumo de energía. Un grupo directivo propone orientaciones y decisiones sobre desarrollo sostenible para el conjunto del servicio. Asimismo, examina la eficiencia energética, los presupuestos y la coordinación de medidas para continuar reduciendo el consumo y las emisiones de dióxido de carbono.

En Inglaterra y Gales, el Ministerio de Justicia cuenta, desde hace unos diez años, con una unidad responsable del cambio climático y el desarrollo sostenible (Climate Change & Sustainability Unit) . Se trata de un equipo multidisciplinar, compuesto por una treintena de personas, que se encarga de integrar el desarrollo sostenible en todas las divisiones del ministerio y de sus organismos independientes. El Ministerio de Justicia ofrece con regularidad puestos en materia de transición ecológica.

Los equipos dedicados al desarrollo sostenible elaboran estrategias para hacerse oír, orientar las decisiones y encontrar recursos en contextos en los cuales los imperativos de seguridad suelen prevalecer sobre las medidas medioambientales.

Las investigaciones académicas son una forma de convencer. La unidad de cambio climático y desarrollo sostenible del país suele sacar a relucir los resultados de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Birmingham sobre los espacios verdes en las prisiones de Inglaterra y Gales. Un aumento del 10 % de los espacios verdes en una prisión reduciría las agresiones entre las personas privadas de libertad en un 6,6 %, los casos de automutilación en un 3,5 % y las agresiones contra el personal en un 3,2 %. La unidad recibirá en 2024 nuevos estudios sobre el impacto de una temperatura excesiva y su relación con el estallido de la violencia. En Países Bajos, el equipo encargado del desarrollo sostenible se plantea trabajar con una universidad sobre la influencia de los espacios verdes en el bienestar de las personas privadas de libertad en el país.

Pese a estos vientos de cambio, el personal penitenciario sigue sin recibir formación adecuada en cuestiones medioambientales y de transición ecológica. Una investigación realizada en Hawái, en los Estados Unidos, muestra, por ejemplo, que “uno de los principales obstáculos para la implementación de un programa de gestión de residuos es la falta de personal capacitado”. Sin embargo, en la actualidad, la formación parece ser más bien la excepción y no la regla. Los módulos existentes están destinados principalmente a los altos directivos y a los equipos de dirección de las administraciones. En Inglaterra y Gales, se ofrece una formación sobre la huella de carbono al personal operativo (comercial, ejecución de proyectos, recursos humanos, etc.) La administración penitenciaria escocesa propone al conjunto del personal una formación en línea sobre el cambio climático y la economía circular, destinada a fomentar el debate interno sobre las medidas previstas.

Los centros de formación del personal penitenciario parecen contar con pocos módulos de formación sobre cuestiones medioambientales y de transición ecológica. El Centro Suizo de Competencias en la Ejecución de Sanciones Penales indica que no aborda estos temas ni en la formación básica ni en la continua. Lo mismo sucede en Suecia, donde los programas de formación no incluyen este tema ni prevén incluirlo próximamente. En Francia, el futuro personal de la Dirección de la Administración Penitenciaria se benefician de un programa de formación común a los altos cargos de la función pública. Uno de los seis módulos aborda la integración de la transición ecológica en las políticas públicas.

Las administraciones penitenciarias están adoptando nuevos métodos y procedimientos de construcción y de adaptación de los centros para cumplir con las obligaciones de reducción de su huella de carbono. Muchas administraciones siguen la metodología Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). La Régie des Bâtiments en Bélgica¹, exige un certificado BREEAM de nivel mínimo “muy bueno” (“Very Good”) o “Excelente” (“Excellent”), en función del proyecto evaluado. En Irlanda del Norte, es el nivel BREEAM “Excelente” el que aplica para los nuevos edificios. El umbral se establece en “muy bueno” para las renovaciones, dadas las limitaciones inherentes a las estructuras existentes.

La neutralidad de carbono debe tenerse en cuenta en Finlandia desde la fase de planificación de las nuevas infraestructuras. El objetivo es construir en zonas que permitan conectar el establecimiento con las líneas de transporte público y favorecer los trayectos cortos para los desplazamientos hacia y desde la prisión. El diseño arquitectónico debe tener en cuenta la dirección del aire y la ubicación general del edificio. Se deben utilizar materiales neutros o con bajas emisiones de carbono. Los muros y los techos son gruesos para limitar las variaciones de temperatura, y se instalan pozos geotérmicos y bombas de calor. Por último, en los edificios se utilizan fuentes de energía renovables, en particular la energía solar.

En Noruega, los edificios nuevos se diseñan, según Statsbygg², para ahorrar energía. Se construyen como casas pasivas y deben cumplir normas más exigentes que las del código de edificación noruego: aislamiento de al menos 30 cm de grosor, juntas estancas, instalación de pozos geotérmicos, bombas de calor, un sistema de control de la energía, luces LED, equipamiento con aparatos de bajo consumo e implantación de un sistema de gestión de residuos. Las fuentes de energía deben ser exclusivamente sostenibles, y se prevé el uso de paneles solares. Se espera que los nuevos establecimientos consuman menos de 65 kWh/m2 al año. Estos permitirían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 % (en comparación con el edificio de referencia).

En Inglaterra y Gales, los nuevos establecimientos se presentan como los primeros en alcanzar el “cero neto”. Estos se han diseñado para ser totalmente eléctricos gracias a la instalación de bombas de calor, sistemas de iluminación eficientes y miles de paneles solares. El Ministerio de Justicia afirma que el uso de hormigón y acero reciclados evita 40 000 toneladas de emisiones de carbono. En Escocia, las autoridades siguen un camino similar. La nueva prisión de Inverness, cuya finalización está prevista para 2026, también se ha diseñado para cumplir el objetivo cero neto. Se han previsto métodos de construcción modular para preensamblar los paneles de las paredes internas y los muros perimetrales fuera de las instalaciones, en un entorno de fábrica controlado. De este modo se reducirá el número de movimientos de camiones y entregas de material a la obra.

Muchas otras autoridades penitenciarias afirman haber adoptado las siguientes medidas: utilización de materiales sostenibles (en particular, más madera); reducción del uso de hormigón; instalación de paneles solares, o incluso granjas solares, pozos de sondeo, tejados verdes y ventanas más aislantes; sustitución del alumbrado por LED; puesta en marcha de planes de descarbonización de la flota de vehículos, así como de sistemas de seguimiento y control del consumo de energía y agua.

La administración penitenciaria de Irlanda del Norte, por ejemplo, utiliza un sistema de seguimiento y control que le permite controlar el rendimiento en tiempo real mediante la instalación de contadores de electricidad y agua. En Noruega, la empresa Statsbygg recomienda dividir los contadores de los edificios nuevos entre calefacción ambiental (suelo radiante/radiadores), ventilación caliente, agua caliente sanitaria, ventiladores de refrigeración, iluminación y equipos técnicos. Esta división debería permitir mejorar la gestión de la energía registrando el consumo de cada sistema por separado.

En Pakistán, los cortes de electricidad son frecuentes y pueden durar de 10 a 15 horas al día en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Esto repercute tanto en los sistemas de información y seguridad como en loa vida cotidiana de las personas privadas de libertad. En 2024, la ONUDC ha instalado sistemas de energía solar en seis de las prisiones del país.

Los planes de acción sobre biodiversidad y paisajismo son cada vez más comunes. Las nuevas prisiones de muchos países se han diseñado para animar al personal y a los visitantes a utilizar medios de transporte sostenibles y modos de desplazamiento activos. Cada vez es más frecuente ver puntos de recarga de vehículos eléctricos y aparcamientos cubiertos para bicicletas en los establecimientos penitenciarios. En Finlandia, el tren es el medio de transporte privilegiado para el transporte de las personas privadas de libertad.

En Suiza, la Oficina Cantonal de Medio Ambiente de Ginebra y la Oficina de la Detención llevan a cabo conjuntamente un proyecto de economía circular en el centro penitenciario de Puplinge-Choulex. Sobre la base de un diagnóstico preliminar del lugar, se da prioridad a la mejora de la gestión de la energía, los edificios, los residuos, el transporte, los espacios exteriores, la alimentación, etc.

Las administraciones penitenciarias son conscientes de la magnitud del esfuerzo necesario para reducir su huella de carbono. La transición entre los edificios nuevos y los más antiguos, difíciles de renovar, supone un reto adicional. Por su parte, la administración penitenciaria escocesa ha anticipado) algunas dificultades: a pesar de “diversas actividades de renovación y desarrollo relacionadas con el carbono en el conjunto del parque penitenciario, la antigüedad y el estado de algunos de los centros más vetustos seguirán presentando retos significativos para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas “.

La administración penitenciaria norirlandesa, en cambio, da prioridad a la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia de las prisiones existentes, pues considera que la construcción de nuevos establecimientos contribuye al aumento de la huella de carbono del ministerio.

Los proyectos de construcción suelen diseñarse a escala nacional de forma que puedan replicarse. Alice Jill Edwards, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, señala que una infraestructura idónea para una región puede resultar totalmente inadecuada para otra. “ Los Estados suelen confiar a las mismas empresas privadas la construcción de todas sus prisiones, sin tener en cuenta este aspecto. Sin embargo, esto podría solucionarse mediante una colaboración y un intercambio de conocimientos entre los estudios de arquitectura, las ONG y otros agentes“, propone.

La expansión del parque penitenciario limita considerablemente el impacto de estas medidas. Las administraciones penitenciarias de Inglaterra, Bélgica y Nueva Zelanda tienen dificultades para reducir su huella de carbono, debido a los proyectos de construcción en marcha. En 2023, en Irlanda del Norte, el aumento de la población carcelaria se tradujo en el incremento global del consumo de agua y electricidad, a pesar de que, en los últimos años, se había observado una disminución.

La construcción de nuevas prisiones, que se presentan como sostenibles, es a menudo objeto de críticas. Tal es el caso de la prisión de Haren, en Bélgica, que la administración penitenciaria anunció como ecológica, pero que ha hecho correr ríos de tinta. Se acusa a las autoridades de destruir veinte hectáreas de tierra cultivable con un alto nivel de biodiversidad. La prisión parece consumir muchos recursos: el coste medio del gas y la electricidad combinados es un 32,7 % superior a la media de las prisiones belgas. La Régie des Bâtiments explica este aumento por el mayor uso de sistemas eléctricos (apertura de celdas, instalaciones de seguridad, etc.) y las mejores condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Sin embargo, se ha observado que otros establecimientos recientes, diseñados según el mismo modelo, consumen mucha menos energía.

¿Qué solución más natural que reverdecer los establecimientos y su funcionamiento para hacer más sostenibles las prisiones?

Desde hace varios años, el Ministerio de Justicia inglés fomenta la reintroducción de huertos para abastecer las cocinas de las prisiones. Estas iniciativas se consideran una oportunidad de formación y empleo para las personas privadas de libertad y un medio para combatir la reincidencia. La estrategia de 2018 relativa a las operaciones sostenibles señala la importancia de las oportunidades de reinserción, a través del aprendizaje en gestión de residuos y ecología. Muchas organizaciones británicas ofrecen formación en jardinería y horticultura en las prisiones para mejorar la salud y el bienestar de las personas encarceladas y facilitar su rehabilitación.

En Noruega, muchos establecimientos cuentan con espacios verdes, de cuyo mantenimiento se encargan en parte las personas privadas de libertad. Según Berit Johnsen, directora del departamento de investigación de la Escuela Universitaria del Servicio Penitenciario, esto permite brindarles formación como paisajistas.

En Nueva Zelanda, las personas privadas de libertad pueden obtener una cualificación profesional en los sectores de la agricultura, la horticultura, la silvicultura, la producción porcina, etc. También pueden implicarse en actividades relacionadas con la conservación y restauración de entornos naturales, en particular a través de una asociación llamada Good to Grow, gestionada en colaboración con el Ministerio de Conservación de la Naturaleza.

En Estados Unidos, las personas privadas de libertad también desempeñan labores agrícolas. Cada día, las prisiones del país proporcionan alimentos a cerca de 1,2 millones de personas. Sin embargo, se han denunciado numerosos abusos: una investigación de Associated Press pone de relieve el modo en que algunas de las principales empresas del país utilizan la mano de obra de las personas encarceladas sin declararlo, ocultando el origen de los productos vendidos. La legislación laboral, que contempla aspectos como la indemnización de los trabajadores y las normas federales de seguridad, no protege a las personas privadas de libertad, a quienes se les paga muy poco, si es que se les paga algo. El Prison Agriculture Lab, un espacio colaborativo de investigación y acción sobre la agricultura en el sistema penitenciario, ha lanzado el mapa interactivo ArcGIS que “presenta datos procedentes de un primer estudio nacional sobre la agricultura penitenciaria en Estados Unidos y los sitúa en los contextos socioeconómicos, demográficos y agrícolas locales”. Este adopta una visión crítica de las consecuencias de las prácticas agrícolas en las prisiones y analiza las condiciones que rodean la producción de alimentos, tanto animales como vegetales. Producir alimentos dentro de la prisión no significa necesariamente mejorar la calidad de la alimentación de las personas privadas de libertad. A menudo, los alimentos se venden o se donan al exterior, a organizaciones benéficas, por ejemplo. Del mismo modo, la creación de granjas y proyectos agrícolas no conduce a una toma de conciencia ecológica.

La formación de las personas privadas de libertad en materia de transición ecológica sigue siendo muy escasa en todo el mundo. Sin embargo, están surgiendo algunas iniciativas. Una de ellas es el Sustainability in Prisons Project (SPP), que permite a las personas recluidas en los 12 establecimientos penitenciarios del Estado de Washington, en Estados Unidos, beneficiarse de una amplia gama de programas de educación científica, sostenible y medioambiental. Iniciada en 2003, esta asociación entre el Evergreen State College y la administración penitenciaria reúne actualmente a personas reclusas, personal penitenciario, científicos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes. Algunos cursos permiten a las personas encarceladas obtener créditos universitarios. En general, los programas del SPP parecen favorecer el desarrollo de relaciones pacíficas entre el personal penitenciario y la población carcelaria y aumentar la satisfacción laboral general del personal.

Otros proyectos en materia de energía y de gestión de residuos se han puesto en marcha. En 2014, la isla de la Reunión (Francia), se instaló una central fotovoltaica en el centro penitenciario de Le Port. Esta suministra electricidad a más de 4000 hogares y permite a las personas privadas de libertad formarse en nuevas profesiones en el sector de la energía. En Irlanda del Norte, se organizan actividades de reciclaje en todos los establecimientos, lo que crea una actividad para las personas privadas de libertad y contribuye a reducir los residuos. En Perú, la política de “cárceles productivas” desarrolla talleres de emprendimiento en los establecimientos penitenciarios del país, utilizando materiales reciclados. En Países Bajos, la administración penitenciaria quiere crear una estación de reciclaje en cada establecimiento a raíz de un proyecto piloto de una prisión que consiguió generar menos de un 5 % de residuos. Los talleres de reciclaje son cada vez más numerosos en Inglaterra y Gales. El centro penitenciario de Borgo, en Córcega (Francia), instaló en 2022 un compostador con el que pretendía reducir entre el 80 y el 90 % de la masa de sus residuos. Este proyecto se integra en un programa de formación e inserción de las personas privadas de libertad, quienes manejan el compostador y gestionan la producción de abono, que luego se utiliza dentro del establecimiento y se dona al exterior.

Las prisiones sufren la contaminación en la misma medida en que la provocan. Este es el círculo vicioso identificado en varios estudios, sobre todo en Australia y en Estados Unidos. Los establecimientos suelen construirse “cerca de (o directamente sobre) zonas industriales abandonadas, lugares considerados aptos únicamente para verter materiales tóxicos”. Los mismos centros penitenciarios empeoran la situación, dada su considerable huella medioambiental.

Algunas iniciativas apoyan los compromisos del Gobierno en materia de cambio climático. Sin embargo, otras voces denuncian lo que afirman no ser más que humo y espejos y lamentan que las “prácticas (…) que pretenden reducir el impacto ambiental se utilicen en última instancia para justificar la construcción de más prisiones, conducir a más encarcelamientos y perpetuar un ciclo de injusticia ecológica.”

En 2015, las investigadoras Yvonne Jewkes y Dominique Moran subrayaron el rol del “lavado verde del sistema penitenciario”: tras los desafíos de transición ecológica, la ecologización de los establecimientos relegitima el sistema penitenciario y a las empresas que se benefician de él. Si las prisiones contaminan tanto es, según ellas, porque las instituciones permanecen encerradas en lógicas de encarcelamiento masivo que conducen a la sobrepoblación.

Las investigadoras destacan la deficiencia de los enfoques que se centran en las actividades de rehabilitación en relación con la naturaleza, y hacen hincapié en la lógica de la “purificación” de los individuos y la individualización de la rehabilitación, sin examinar las cuestiones sociales, económicas y materiales que condujeron a la comisión del delito.

Debemos reflexionar sobre el futuro de la justicia penal en un mundo en transición. Es probable que la multiplicación de delitos vinculados al activismo y el aumento de aquellos relacionados con fenómenos climáticos hagan aumentar aún más el número de personas privadas de libertad en el mundo. El fenómeno del encarcelamiento masivo afecta sobre todo a las poblaciones desfavorecidas, que sufren de cerca las consecuencias del cambio climático.