La pena de muerte fue abolida el 22 de agosto de 1916.

No existe la cadena perpetua. La pena máxima es de 30 años.

Veintinueve personas murieron, durante el último trimestre de 2015, principalmente por causas de violencia entre reclusos y enfermedades crónicas (VIH, tuberculosis)[^département].

[^département]:Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Country report on human rights practices for 2015-Panama” (en inglés)

El Comité Panameño por la Defensa de los Derechos Ciudadanos (Copadedec) denunció en un comunicado, publicado en noviembre de 2016, que la mayoría de las muertes en reclusión se deben a la falta de medicinas y de atención médica (ver Salud)¹.

Una reclusa del Centro de Rehabilitación para Mujeres “Doña Cecilia Chiari Orillac” falleció en abril de 2016 debido a que, a pesar de sus solicitudes, no se le administró ningún medicamento para tratar sus ataques de asma. Una semana antes, una mujer de 64 años había fallecido a causa de un bajo nivel de hemoglobina. Estas muertes causaron un motín en el establecimiento.

Muchas organizaciones denuncian las malas condiciones de reclusión que viven las personas recluidas en Punta Coco, principalmente, el aislamiento extremo al que son sometidas.

La base naval de Punta Coco fue construida en el archipiélago de las Perlas en 2014. Se trata de un punto estratégico para la vigilancia del Golfo de Panamá en el marco de la guerra contra las pandillas y el tráfico de drogas. Poco tiempo después de su construcción, el Gobierno decidió convertir la base en una cárcel insular. Si bien el proyecto, adelantado en un 50%, fue cancelado en abril de 2015, algunas personas han sido recluidas o trasladadas a este lugar entre 2015 y 2016[^Punta1].

[^Punta1]: “Punta Coco: el Alcatraz de Panamá, en Panama Today, 26 de septiembre de 2016

Punta Coco es considerada como una prisión de máxima seguridad, administrada por el Ministerio de Seguridad Pública y no por el Ministerio de Gobierno y Justicia, generalmente responsable de los establecimientos penitenciarios. En este lugar se ingresa a las personas sospechosas de crímenes, antes de ser enviadas a la Ciudad de Panamá. En la práctica, allí son ingresados los líderes más influyentes del crimen organizado. Seis hombres fueron trasladados a Punta Coco, en 2015, sin previo aviso y sin informar a sus familiares o abogados¹.

La Defensoría del Pueblo, organismo encargado de garantizar el respeto de los derechos humanos en el país, exigió, en junio de 2015, el cierre de la prisión y el traslado de los reclusos.

Los internos de Punta Coco son sometidos a un aislamiento extremo, pues el acceso a la prisión es muy difícil tanto para los familiares como para los abogados. Los reclusos no cuentan con medios de comunicación y permanecen mucho tiempo encerrados; solo pueden realizar salidas, no cotidianas, de 40 minutos para lavar su ropa. Las salidas se hacen uno por uno y nunca pueden comunicarse entre ellos. El calor en las celdas es asfixiante, puesto que no disponen de una ventilación adecuada, los mosquitos proliferan y no hay agua potable, lo que genera problemas sanitarios. El establecimiento no brinda atención médica y los reclusos tampoco cuentan con un sistema de defensa, puesto que los abogados difícilmente pueden desplazarse hasta Punta Coco.

El Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas concluyó, el 20 de agosto de 2015 que existe un trato inhumano y degradante, y señaló que el aislamiento solo debe utilizarse como medida de último recurso, en situaciones excepcionales.

El 25 de febrero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en favor de seis hombres recluidos en Punta Coco. La Comisión confirmó las condiciones inhumanas y degradantes a los que son sometidos los reclusos y exigió su traslado.

El Subcomité de Prevención contra la Tortura anunció su visita a Panamá en el 2017. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura realizará un Examen Periódico Universal en julio de este mismo año.