La administración penitenciaria, bajo la dirección del Ministerio de Gobierno y Justicia, es la encargada de la gestión de las prisiones en Panamá. Solo la prisión de máxima seguridad de Punta Coco se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad pública (Ver Violencia y malos tratos).

En 2015, se terminó la construcción de la prisión de Nueva Joya, que tiene una capacidad para 5500 personas y se extiende sobre una superficie de 35.7 hectáreas. Su costo se evaluó, en 2013, en cerca de 158 millones de dólares. Se trata de la prisión más grande del país, destinada a reducir los altos índices de hacinamiento. Está ubicada cerca de las prisiones de La joya y de La joyita, consideradas como unos de los establecimientos penitenciarios más grandes.

La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford manifestó su preocupación en 2013 frente a la política de construcción de establecimientos penitenciarios del Estado Panameño. La inversión para la construcción de prisiones es exorbitante con respecto al presupuesto asignado al sistema penitenciario. Los establecimientos penitenciarios que se construyen son inmensos pero no respetan las directrices internacionales en materia de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, el mismo año, que “la construcción de establecimientos penitenciarios no es una solución idónea ni sostenible a este problema”. El hacinamiento no se resuelve simplemente con la construcción de nuevos centros penales sino con una reforma de la justicia.

Durante su Examen Periódico Universal, en mayo de 2015, el Gobierno reconoció que la construcción de prisiones por sí sola no resolvería los problemas del sistema penitenciario, pero que era necesario mejorar la infraestructura de los centros existentes. La falta de personal penitenciario hace que la construcción de nuevas prisiones sea una medida ineficaz. Se planea realizar renovaciones en Nueva Esperanza (provincia de Colón), La Joya, La Joyita y en el Centro de rehabilitación de mujeres (CEFERE) “Doña Cecilia Chiari Orillac” (Provincia de Panamá)¹.

La construcción del centro penal de David, en el distrito de Chiriquí, debe terminarse en el 2017. La inversión de este proyecto se eleva a 18 millones de dólares y las nuevas instalaciones remplazarán a la prisión que se encuentra actualmente instalada en el cuartel de David, un edificio inadecuado, que alberga a 1073 personas en 300 plazas[^300]. El nuevo establecimiento tendrá una capacidad para 950 personas en 209 celdas y dispondrá de tres canchas deportivas, un comedor para 372 personas y un auditorio. Habrán doce aulas de clase y seis talleres destinados a los programas de reinserción².

El personal penitenciario es insuficiente y no está correctamente capacitado. A septiembre de 2015, el número de guardias se elevaba a 710 (de los cuales, 112 fueron contratados en julio de este mismo año) para un sistema que requiere de 1400. Los centros para menores contaban con 141 guardias, principalmente mujeres¹.

La ley 55 sobre la reorganización del sistema penitenciario, adoptada en 2003, tenía prevista una reforma que solo se puso en marcha hasta en 2010.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito apoya la reforma penitenciaria panameña en el marco de su proyecto SECOPA (Security Cooperation in Panama). Gracias a esta colaboración, ha sido posible desarrollar la campaña “No a la corrupción”, que facilitó la denuncia de los casos de corrupción a través de una línea telefónica. Dentro del marco de este programa también se diseñaron módulos de formación para el personal con los que, al 30 de septiembre de 2015, fue posible brindar capacitación especializada a 1238 funcionarios penitenciarios.

Esta reforma está encaminada a profesionalizar el servicio penitenciario. El director general del sistema penitenciario, Armando Medina, implementará, en el 2017, una ley de carrera penitenciaria² que permitirá establecer una estructura de jerarquía entre las diferentes categorías de guardias y técnicos que forman parte del sistema penitenciario. El Ministerio de Gobierno también planea ampliar y mejorar la Academia de Formación Penitenciaria en la que se forma al personal³.

La falta de guardias es un problema importante. Con frecuencia los funcionarios abandonan sus puestos debido a los bajos salarios, y el reciente aumento de 400$ a 690$ sigue siendo insuficiente, lo que favorece la corrupción. La ley de carrera penitenciaria también prevé sanciones para el personal: aceptar sobornos, traficar armas o drogas, extraer información de expedientes serán motivo de despido.

Otro de los aspectos en los que se enfoca la reforma es la seguridad en los centros penales, que se planea reforzar a través de la tecnología, así como de unidades caninas⁴.