Entre el 2003 y el 2015 no se llevó a cabo ninguna ejecución. El parlamento abolió la pena de muerte en el 2014. Sin embargo, una ley antiterrorista la reintrodujo en julio del 2015.

Dos atentados suicidas, cometidos por el grupo armado Boko Haram en junio y julio, dejaron un saldo de 53 muertos y 181 heridos. Diez miembros del grupo fueron arrestados. Las audiencias se celebraron a puerta cerrada durante ocho días. Las diez personas arrestadas fueron ejecutadas el 29 de agosto, un día después de su sentencia a muerte. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias reprueba los hechos, puesto que el proceso no respetó los estándares internacionales de derechos humanos.

En Chad no se lleva ningún registro del número de decesos de los reclusos ni de sus causas. Los suicidios son muy poco frecuentes.   

Por lo general, los guardias penitenciarios son los autores de homicidios o de actos de tortura. En su informe del 2012, Amnistía Internacional denunció los homicidios perpetrados durante la represión de motines. Sin embargo, las autoridades no han realizado ninguna investigación a este respecto.   

Las condiciones de higiene y la atención médica son deficientes. Reclusos enfermos de VIH, tuberculosis o enfermedades de transmisión sexual fallecen cotidianamente en prisión.

La tortura y los tratos inhumanos y degradantes son moneda corriente en las prisiones de Chad. En pocas ocasiones los autores de estos actos son enjuiciados. El personal penitenciario no posee ninguna formación en derechos humanos y los médicos carecen de formación para detectar los signos de tortura o de malos tratos.   

El Comité contra la Tortura (2009) considera que el hacinamiento y las condiciones deplorables de reclusión (alimentos, ventilación, higiene, agua potable y atención médica deficientes) constituyen un tratamiento inhumano y degradante.   

Con frecuencia, los internos difíciles son puestos en aislamiento o atados de los pies día y noche, durante largos periodos. En el interior de estas celdas se cometen actos de tortura y homicidios. El OIP del Chad revela que a los internos se les golpea con botellas o se les obliga a ingerir mezclas de arena y gasolina. Otra forma de tortura a la que recurren los guardias es la llamada Arbatachar, que consiste en atar las manos y los pies de los reclusos contra su espalda, lo que puede provocar parálisis, heridas graves e incluso gangrena.   

Algunas bandas llamadas mairies (ayuntamientos) toman el mando de las prisiones y suelen abusar de los demás reclusos. Las víctimas no denuncian estos abusos por miedo a represalias. El OIP del Chad denuncia el “rito de la orina”, una práctica que consiste en introducir la cabeza de los nuevos internos en un cubo plástico lleno de orina y excrementos. La única manera de librarse de ello es pagar a los guardias o a las bandas.   

Las mujeres y los menores que comparten los espacios comunes con los hombres son constantemente víctimas de agresiones sexuales y otros actos violentos.

Desde hace décadas, las detenciones arbitrarias son frecuentes en el Chad.   

En septiembre, el periodista y director de la publicación “El altavoz”, Stéphane Mbaïrabé, publicó un artículo en el que denunciaba los actos de corrupción del director general de aduanas, Salay Deby, hermano del presidente de la República. El 2 de octubre, Stéphane Mbaïrabé fue detenido sin orden de arresto (por la segunda vez en un año) y llevado a la comisaría central de N’Djamena. Allí, esposado y con los ojos vendados, lo sometieron a golpizas para que revelara las fuentes de su artículo. Varios medios de comunicación transmitieron la noticia, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Convención para la Defensa de los Derechos Humanos denunciaron el arresto.     
   
Stéphane Mbaïrabé fue acusado de difamación, pese a que Salay Deby fue destituido y enjuiciado por corrupción.