Contribuidor(es)Observatorio Internacional de Prisiones - sección Chadiana

Población específica

La administración penitenciaria tiene dificultades para mantener un registro fiable del número de reclusos; las últimas cifras publicadas datan del 31 de diciembre de 2011. Para esta fecha, 4 831 personas se encontraban en prisión. La tasa de ocupación del parque penitenciario, que normalmente puede albergar a un máximo de 2 080 internos, se elevaba entonces a un 232%. Entre estas personas, 1 765 habían recibido una condena (36.6%) y 3 066 (63.4%) se encontraban en prisión preventiva.   

El OIP afirma que durante los últimos años esta cifra se ha duplicado. Este aumento se atribuye principalmente a la crisis económica que atraviesa el Chad, ya que las personas se ven obligadas a recurrir a la delincuencia para poder sobrevivir.     
   
A pesar del elevado índice de hacinamiento que se ha constatado en casi todas las prisiones, la tasa de encarcelamiento (42/100 000 habitantes) es relativamente baja con respecto a la media internacional. La justicia tradicional se encarga de resolver la mayoría de conflictos dentro de las mismas comunidades.

No hay instalaciones específicas para mujeres y solo diez prisiones disponen de un módulo reservado a las reclusas. En estos módulos hay muy poco personal femenino y los guardias hombres entran y salen fácilmente de las celdas y los patios de mujeres. En algunas prisiones hay espacios comunes, baños y celdas mixtos. Las reclusas están constantemente expuestas a ser víctimas de agresiones, o incluso violaciones, por parte del personal y de los internos.   

El motivo de encarcelamiento más frecuente entre las mujeres es la brujería. El tiempo medio de reclusión, salvo por homicidio, es de dos años.   

Los niños pequeños viven en la prisión con sus madres aunque los establecimientos no disponen de instalaciones o espacios adecuados para ellos. El código penal estipula que las mujeres deben dar a luz en prisión y no propone ninguna pena no privativa de libertad para las madres de niños pequeños.    

Las condiciones de higiene son deficientes y la escasez de agua potable expone a las mujeres y a sus hijos a contraer infecciones o enfermedades, que en ocasiones resultan mortales. No se proporciona ninguna ayuda durante el periodo menstrual.

La ausencia de registros impide conocer el número exacto de menores recluidos. A partir de los trece años, los menores pueden ser condenados a una pena de prisión.   

El tiempo medio de encarcelamiento de los menores es de un año y el motivo más frecuente es el robo. El rechazo familiar es un fenómeno común, por lo que a menudo los familiares no se enteran cuando los menores han sido encarcelados, transferidos o se encuentran enfermos. Algunas ONG se hacen cargo de los menores “olvidados” por sus familias.   

Contrariamente al derecho internacional, los menores no cuentan con un régimen adaptado y son encarcelados con los adultos. En diez establecimientos existen módulos especiales para los menores: Bongor, Kelo, Amsinéné, Abéché, Koumra, Laïmais, pero en la práctica, esta separación no se respeta. Es usual que los adultos consuman drogas en presencia de los menores, los maltraten, los obliguen a lavar su ropa, a cocinar para ellos y a lavar las letrinas y los cubos plásticos.   

Los menores no benefician de ningún servicio social o educativo y no están obligados a cursar una formación escolar o profesional.

La administración penitenciaria no lleva un registro del número de reclusos extranjeros; esta población carcelaria, que proviene principalmente de Nigeria, Níger, Camerún, República Centroafricana y Sudán, no se separa de los demás reclusos.    

Las condenas más frecuentes son por robo, ejercicio ilegal de la medicina o estancia ilegal. En muchas ocasiones, ni siquiera existe una orden de arresto. Además, los extranjeros no se pueden comunicar sistemáticamente con su consulado.

La homosexualidad es castigada por la ley.

Las ejecuciones sumarias son frecuentes pero las familias no las denuncian debido a que la orientación sexual sigue siendo un tabú en la sociedad.

Por lo general, los opositores políticos son encarcelados en las prisiones de Koro-Toro y de Amsinéné.   

El 7 de junio, Djeralar Miankeol, responsable de la asociación Ngaoubourand y miembro de la Liga del Chad por los Derechos Humanos (LCDH), realizó una entrevista de radio en la que denunció los hechos de corrupción de ciertos magistrados, vinculados con la expropiación y el acaparamiento de tierras agrícolas. El 15 de junio, las autoridades lo detuvieron por ultraje e incitación al odio y le impusieron una condena de dos años de prisión y una multa de 100 000 francos CFA (173 dólares). Varias ONG se movilizaron por su causa, como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la organización Front Line Defenders. Amnistía Internacional considera a Djeralar Miankeol como un preso de opinión. La Corte de Apelación de Moundou lo absolvió el 28 de julio.