El Chad cuenta con 51 establecimientos penitenciarios, administrados por el Estado. Según el Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia (PRAJUST), el establecimiento más pequeño es Bitkine (600 m²) y el más grande Am-Timan (5767 m²).   

La ley prevé cuatro categorías de establecimientos: las prisiones de máxima seguridad, para penas superiores a cinco años, para fugitivos y reincidentes; los centros de detención para presos preventivos e internos condenados a penas inferiores a cinco años; los centros de reeducación para menores, y las colonias penales, para personas que cumplen penas de menos de un año. En la práctica, esta clasificación no se respeta.  

La mayoría de establecimientos penitenciarios datan de la época colonial y, por lo general, su estado es deplorable. Los muros están construidos con ladrillo, concreto o adobe. Las cercas perimetrales están en mal estado y por ello, las fugas son frecuentes.

La vetusta prisión central de N’Djamena se derruyó en el 2011. Un antiguo acantonamiento de la gendarmería nacional, en Amsinéné, fue rehabilitado dos años después para instalar una nueva cárcel. Entre el 2014 y el 2015, se abrieron cuatro cárceles en Fada, Koumra, Bongor y Kelo, construidas bajo las normas europeas y financiadas por PRAJUST.

Los miembros del personal penitenciario y de la reinserción social dependen del Ministerio de Justicia. La ley no especifica las modalidades de contratación, formación, remuneración y sanciones disciplinarias del personal.   

Cada prisión cuenta con un director. A partir de este nivel de jerarquía, la ley prevé cuatro categorías de empleados: los administradores, los inspectores, los agentes administrativos y los guardias. En la práctica, es la gendarmería nacional la que ocupa estas funciones.   

La Guardia Nacional Nómada del Chad (GNNT) es la responsable legal de la seguridad de las prisiones. Sin embargo, en la práctica, esta función la comparte con la gendarmería nacional. Existen constantes tensiones entre estas dos entidades, puesto que ambas responden a mandos diferentes. Asimismo, los problemas de personal insuficiente y la falta de coordinación y de formación apropiada son flagrantes.

La corrupción y la vetustez de las instalaciones favorecen las fugas, los motines y las violaciones de los derechos humanos. La PRAJUST, creada en el 2003 y financiada por la Unión Europea, tiene por objeto modernizar los instrumentos de la justica y mejorar la formación de las autoridades judiciales en lo relativo al respeto de los derechos humanos.   

Además de la gendarmerías, ciertos reclusos, organizados en bandas llamadas mairies (ayuntamientos), manejan la vida cotidiana en las prisiones. Los miembros de estas bandas, llamados “los colombianos”, no suelen portar armas.   

En las prisiones se constata una clara división social. Algunos internos sobornan a los guardias para obtener un espacio más cómodo donde dormir, el derecho a más visitas, a tener una radio, un televisor o un celular, a realizar actividades de comercio y, en ocasiones, salidas nocturnas. El personal obliga a los reclusos más pobres a ocuparse de la cocina, la lavandería o el suministro de agua a cambio de un poco de comida.