La frecuencia y el día de las visitas dependen de cada establecimiento. En algunas prisiones se autorizan las visitas dos veces a la semana (Am Hadjar, Gounou-Gaya), mientras que en otras se autorizan todos los días, todo el día, excepto entre las 12:00 y las 15:00. Los establecimientos de Amsinéné, Bongor, Fada, Kélo y Koumra disponen de locutorios. En los establecimientos sin locutorios, las visitas se llevan a cabo en la oficina del director.   

La ley prevé las visitas conyugales. En la práctica, para tener derecho a una de estas visitas, los reclusos tienen que pagar entre 1700 y 2800 francos CFA (3 a 5 USD); estas se hacen en las habitaciones de los guardias.   

La administración penitenciaria no toma en cuenta las solicitudes de reagrupación familiar y las grandes distancias dificultan el mantenimiento de los vínculos familiares.

Es posible tener un teléfono celular, siempre y cuando se pague una retribución al personal y se use con discreción.

La amnistía y el indulto presidencial son las únicas medidas posibles de adaptación de la pena. Las liberaciones se realizan a principios o a finales de año. Los presos politicos no pueden beneficiar de ellas.

El funcionamiento general de la justicia es deficiente: el personal está poco capacitado, los jueces y los fiscales son trasladados con frecuencia, no hay suficiente coordinación entre los tribunales y los servicios penitenciarios, las audiencias se anulan por falta de medios de transporte para llevar a los internos al tribunal. Los procedimientos son lentos y los reclusos pueden permanecer en prisión preventiva durante varios años.    

Algunos funcionarios locales emiten órdenes de arresto (sin prevenir al fiscal) para validar las detenciones arbitrarias. En estos casos, las personas no tienen expediente y la administración penitenciaria no registra sistemáticamente su identidad o los motivos de su encarcelamiento. Estas personas pueden permanecer recluidas durante varios años, olvidadas por la justicia.   

Algunos reclusos que ya han recibido su orden de excarcelación no pueden salir si no han pagado el “derecho de salida” que exige el personal. Esta suma es de entre 15 000 y 50 000 CFA (25 à 84 USD).   

Un informe publicado en el 2012 por Amnistía Internacional constata que la mayoría de fiscales y jueces de instrucción visitan raramente las prisiones, pese a que la ley exige que lo hagan al menos una vez al mes. Estos se justifican con la falta de personal y las condiciones de seguridad.   

Si bien una disposición jurídica del 2011 introdujo la posibilidad de entablar demandas en caso de violación de los derechos humanos, aún no se ha precisado el procedimiento a seguir para presentar estas demandas. Conforme a esta disposición, el personal penitenciario debe registrar rápidamente las quejas, encontrar soluciones y brindar atención médica a los reclusos que presenten lesiones. En caso contrario, el personal puede recibir sanciones mediante un decreto presidencial propuesto por el Ministerio de Justicia. Nunca se ha recurrido a este mecanismo.   

Ni los preventivos ni los penados tienen derecho al voto.

El Chad firmó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (OPCAT) el 26 de septiembre del 2012. Sin embargo, este protocolo aún no se ha ratificado. Tampoco se ha establecido ningún Mecanismo Nacional de Prevención.