La pena de muerte fue abolida el 22 de febrero del 2000 y la última ejecución se produjo el 11 de marzo de 1997.

El 25 de agosto de 2016, el servicio penitenciario del Estado contabilizó 1 552 prisioneros condenados a perpetuidad.

El artículo 12 del Código Penal estipula que la condena perpetua puede aplicarse en los casos de crímenes especialmente graves, enumerados en el artículo 115 (homicidio de dos o más personas, homicidio de un rehén, homicidio por encargo, etc.). No puede imponerse esta condena a aquellas personas que hayan cometido un crimen antes de los 18 años, a aquellas de más de 65 años y a las mujeres embarazadas en el momento de cometer los hechos o durante el juicio.

Las condiciones de detención de los prisioneros condenados a perpetuidad han mejorado después de la adopción, en septiembre de 2013, de la ley 435-VII: tienen los mismos derechos de visita que los otros encarcelados y pueden trabajar en su celda. Los condenados a cadena perpetua están separados de los otros encarcelados y pueden reintegrarse a la población carcelaria general solo después de haber cumplido 20 años de pena.

Los condenados a perpetuidad se encuentran encerrados 23 horas al día. No están autorizados a tener contacto entre ellos ni con el resto de los reclusos. Están bajo video vigilancia dentro de su celda y son esposados cuando salen de ella.

Puede acordarse la gracia presidencial a un condenado a cadena perpetua después de pasar al menos 20 años en prisión. Sin embargo, el Presidente Poroshenko no ha firmado ninguna gracia presidencial desde su toma de posesión.

En noviembre de 2015, el Presidente utilizó su derecho de veto para bloquear el proyecto de ley que daba la posibilidad de conmutar una pena de cadena perpetua en una pena de 25 años de prisión, teniendo en cuenta los años pasados en detención. El Presidente Poroshenko argumentó que la introducción de la liberación condicional pondría fin al derecho de gracia para estas personas.

Como consecuencia de las malas condiciones de detención, la organización Ukrainian Helsinki Human Rights Union publicó un informe donde compara la cadena perpetua a una lenta pena de muerte.

El caso de Vladimir Petukhov ilustra las dificultades vinculadas a la condena perpetua. Es arrestado en junio de 2001 y, en diciembre de 2004, condenado a cadena perpetua en la colonia penitenciaria 13. Petukhov contrajo allí la tuberculosis a causa de las malas condiciones de detención y el personal penitenciario le propinó palizas cuando pidió consultar a un médico. Petukhov pide entonces un nuevo proceso judicial alegando que su confesión se obtuvo bajo coacción. La liberación de los condenados a cadena perpetua resulta complicada en el plano jurídico. La Corte Europea de los Derechos Humanos examinó el caso de Sr. Petukhov en el 2016.

Durante los tres primeros meses de 2017, fallecieron 144 reclusos a diferencia de 112 durante el mismo periodo en 2016.

Se notifican hechos violentos entre los detenidos. Un recluso del centro correccional de Shepetivka falleció el 6 de junio de 2016, después de sufrir un traumatismo cerebral causado por su compañero de celda.

Yevhen Zakharov, representante de la Coalición contra la Torturas informa, 19 de abril de 2017, que la proporción de suicidios en prisión se sitúa en 66 por cada 100 000 encarcelados. Esta cifra es tres veces superior a la del país, estimada a 22 por cada 100 000 habitantes.

La tortura y los malos tratos están prohibidos por el artículo 28 de la Constitución. A pesar de ello, la definición de la tortura en el derecho ucraniano está conforme a los estándares internacionales. Es definida como un acto voluntario destinado a provocar sufrimiento físico o mental grave por medio de acciones violentas. El empleo de expresiones como “acto violento” restringe su campo de aplicación. Por ejemplo, impedir a un recluso alimentarse es considerado como un acto de tortura de acuerdo a estándares internacionales pero no para el derecho ucraniano.

La policía está ligada de la oficina del Fiscal General, quien se encarga de investigar acusaciones relacionadas a actos de tortura. Debido a esta falta de independencia, estas investigaciones son raras.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian, en un informe conjunto publicado en julio de 2016, los malos tratos y el uso de la tortura en las prisiones secretas gestionadas por los servicios secretos (SBU).

En ocasiones, los detenidos se ven confrontados a una falta de confidencialidad cuando formulan quejas relacionadas con malos tratos. El personal penitenciario censura y entraba las denuncias, además de penalizar y maltratar a los reclusos que rellenan los formularios.

Los casos de malos tratos denunciados por los prisioneros provienen esencialmente de las colonias 25 y 100. Una delegación del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) visitó los establecimientos, entre 9 y el 16 de septiembre de 2014, y luego del 21 al 30 de noviembre de 2016. Otra visita está prevista en 2017. Los hechos violentos denunciados son cometidos por el personal penitenciario con el objetivo de mantener el orden. En este sentido, los reclusos alegan ser víctimas de palizas, violaciones, de uso de camisas de fuerza y de estrangulaciones del abdomen con una cuerda hasta el punto de hacerles defecar.

El personal de la colonia 113 (centro correccional de Kyzhopil) violó de manera sistemática los derechos de los prisioneros durante el 2016. Se han señalado actos ilegales cometidos por la administración penitenciaria: tráfico de tabaco, trabajo forzado y no remunerado y falta de atención médica. Estas condiciones llevaron a uno de los reclusos a intentar suicidarse.

No hay una mejora durable de las condiciones de detención en Ucrania y éstas no respetan el artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. No obstante, se han tomado algunas medidas. El CPT constata, en 2014, una mejora de las condiciones en las colonias 81 y 89 con una disminución de las quejas relacionadas con los malos tratos o con la tortura. El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas señala, en su informe de 2016, una mejora de las condiciones de detención, en concreto la reducción de la sobrepoblación en los centros de detención preventiva. También destaca la utilización creciente de medidas alternativas al encarcelamiento antes del juicio.

A pesar de estos avances, el conflicto entre las fuerzas pro-ucranianas y pro-rusas ha ocasionado abusos en ambos lados. La SBU es a menudo acusada de maltratar a los detenidos de sus prisiones secretas.

“Cuando estuve detenido en el centro de detención preventiva de Odessa pensé que no era posible para un ser humano vivir en condiciones asi de pésimas. Cuando me llevaron a las instalaciones del SBU, en Kharkiv, me dije: Odessa es un lugar donde es agradable vivir. En Kharkiv no podíamos hablar ni quejarnos con nadie. No había ni ley ni orden. No sabíamos si íbamos a sobrevivir la noche.”

– declaración de un antiguo prisionero detenido de manera secreta en los locales del SBU en Kharkiv, recogida por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas dentro en un informe que cubre el periodo del 16 noviembre de 2016 al 15 febrero de 2017.

Las autoridades continúan deteniendo de forma arbitraria por cargos vinculados al conflicto entre las fuerzas pro-gubernamentales y pro-rusas. No obstante, el número de detenciones arbitrarias se redujo con respecto a 2014 y 2015. Las personas afectadas son detenidas durante varias horas, incluso días, sin estar oficialmente detenidas o inculpadas. No tienen contacto con ningún abogado. En el transcurso de este periodo, los detenidos son sometidos a abusos físicos y psicológicos, a veces equiparables a torturas o malos tratos ¹.

Las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron, en 2016, la existencia de prisiones secretas gestionadas por los servicios secretos (SBU) en Kharkiv, Kramatorsk, Izyum y Mariupol ². Los intercambios de prisioneros entre el gobierno ucraniano y los separatistas pro-rusos parecen ser la principal motivación de las detenciones arbitrarias y secretas. De los 18 casos estudiados en el informe, la mitad son objeto de un intercambio de prisioneros entre los dos campos. Las detenciones secretas duran entre 6 semanas y 15 meses.

El contexto de las operaciones antiterroristas tiene consecuencias sobre las condiciones de vida en prisión. Las personas arrestadas por estos motivos afirman, ante el Comité para la Prevención de la Tortura, haber sido detenidas de manera secreta en locales militares durante varios días (hasta 10) antes de ser trasladados a locales del SBU ³.

Mykola Vakaruk fue arrestado en su casa, en diciembre de 2014, en razón de sus opiniones políticas contra el gobierno de Kiev. Fue violentado durante un interrogatorio y, luego de amenazarle con someter a su mujer a un trato similar, confiesa lo que se le pedía. Tras esto, se le traslada a una prisión secreta en Kharkiv, donde cae enfermo a causa de las pésimas condiciones de detención. Lo hospitalizan bajo un falso nombre y es sometido a una operación para extraerle el riñón. Human Rights Watch y Amnistía Internacional publican un informe que resulta en la liberación de él y otras doce personas detenidas de manera secreta por la SBU. Mykola Vakaruk estuvo recluido durante 590 días. Kostantin Beskorovaynyi pasó 15 meses en la misma cárcel secreta de Kharkiv. Consejero municipal comunista en el norte de Donetsk, su detención se produjo en noviembre de 2014. Es sometido a actos de tortura y luego se le obliga a firmar varias confesiones. No pudo contactar con ningún abogado ni comunicarse con el exterior hasta su liberación en febrero de 2016.