El número de reclusos ha disminuido recientemente, pasando de 147 122, en 2013, a 60 771, en 2016. En este sentido, las reformas emprendidas desde 2012 seguramente han contribuido a ello: la reforma del Código de Ejecución Penal de 2012 permitió reducir la cifra de reclusos en detención preventiva; la ley sobre libertad condicional, promulgada en 2015, busca humanizar el sistema penitenciario; la “ley Savchenko”, votada en 2016, estipula que un día pasado en detención preventiva corresponde a dos días de encarcelamiento en el cómputo total de la pena. Esta última ley, fuertemente criticada, fue abolida en mayo de 2017. El ministerio de Justicia no dio ninguna información que permitiera evaluar el impacto de estas reformas. La pérdida de una parte del territorio también permite explicar parte de la disminución del número de prisioneros censados.

La cifra de personas detenidas provisionalmente alcanza los 16 296.

La tasa de ocupación oficial se sitúa en el 63 %. Sin embargo, para 2015, la tasa ocupación real se situaba en 110 %, a pesar de la reducción del número de prisioneros ¹. Los reclusos son reagrupados ciertos establecimientos penitenciarios que acaban sufriendo de sobrepoblación. Algunas de las motivaciones para esto es la dificultad para encontrar personal penitenciario que resida cerca de los penales, los costos de funcionamiento elevados (sobre todo, de calefacción) y el cierre de algunas cárceles.

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Las 2 795 mujeres detenidas se reparten entre los 11 centros reservados para ellas. Representaban el 6 % de la población carcelaria general el 1 de septiembre de 2014. Tienden a ser recluidas en establecimientos distantes de su lugar de residencia.

La ley nacional no hace ninguna distinción entre las condiciones de detención de hombres y las mujeres, salvo en el caso de las mujeres embarazadas o con un hijo menor de tres años ¹. Tampoco toma en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, bien sea el aspecto fisiológico o psicológico. Las reclusas no pueden ni siquiera consultar a un ginecólogo.

No existe una reglamentación vinculada a la necesidad de intimidad en caso de un examen médico (obligatorio a la llegada al centro). Todo se produce en presencia de las nuevas reclusas y del personal. Tampoco existe una disposición formal que les permita exigir que el examen sea realizado por una doctora o una enfermera.

La ley no prohíbe el uso de esposas² en mujeres embarazadas antes, durante y después del parto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) juzgó, el 24 de junio de 2016, una violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El caso enfrenta a Korneykova y Korneykov contra Ucrania. Viktoriya Korneykova estuvo esposada a su cama durante su estadía en la maternidad.

Los centros correccionales pueden instalar guarderías para acoger a niños menores de tres años. Las reclusas pueden solicitar vivir en estos centros para comunicarse libremente con sus hijos. Los niños deben beneficiar de condiciones de vida y desarrollo normales. Las mujeres embarazadas o que amamantan pueden recibir paquetes de comida y de artículos de primera necesidad más grandes que los de las otras reclusas.

Las mujeres pueden beneficiar de medidas de adaptación de pena si están embarazadas al momento de los hechos, del juicio o de la sentencia. Estos beneficios también conciernen a las mujeres que tengan un hijo menor de 14 años.

El Ministerio de Justicia contabiliza seis centros reservados a menores en 2015. Estos acogen 418 reclusos en 2017, contra 425 el año anterior. Un centro está específicamente destinado a las 20 menores de edad recluidas.

Los menores son por lo general separados de los adultos, pero esta regla no siempre es respetada en los centros de detención preventiva. Los menores benefician, en la mayor parte de los casos, de mejores condiciones de detención que los adultos. La comida, la ropa, los zapatos y los servicios municipales son gratuitos. Los menores poseen derechos de visita específicos: no existe un máximo de visitas cortas y tienen derecho a una visita larga al mes¹. El código penal hace hincapié en la obligación de educar a los jóvenes detenidos. Los estudiantes de liceo pueden matricularse gratuitamente y pueden quedarse en las colonias educativas hasta los 22 años.

No obstante, casos de malos tratos han sido denunciados. La oficina del Ombudsman señaló, en 2014, que el centro de Kuryazka utiliza a jóvenes reclusos para mantener el orden. En los casos de automutilaciones, se les coloca sal en las heridas y se les obliga a quedarse de pie hasta 15 horas seguidas como castigo. Los jóvenes que manifiesten tendencias suicidas son obligados a cargar sacos de arena, incluso al dormir[^Kuryazka].

Los menores no tienen acceso a cuidados especializados: por ejemplo, no pueden consultar un psicólogo.

Los extranjeros representan, al 1 de septiembre de 2016, el 1.7 % de la población carcelaria, es decir, 1 033 reclusos.

Sus derechos no siempre son respetados; por ejemplo, poder beneficiar de los servicios de un intérprete es complicado. A pesar de esto, se implementan algunas medidas para corregir este problema, como la instalación de carteles en diferentes idiomas señalando los derechos de los detenidos en las comisarías.

Se han registrado varios casos de presos políticos o de conciencia.

El periodista freelance y bloguero Ruslan Kotsaba fue arrestado el 7 de febrero de 2015. Había publicado un vídeo en Youtube en el que exigía el cese inmediato de los enfrentamientos en la región de Donbass. Fue puesto en prisión preventiva y luego inculpado, el 31 de marzo, de “alta traición” y de “obstrucción a las actividades legítimas de las fuerzas armadas ucranianas”. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.

El 11 de mayo de 2017, el tribunal de Lviv condenó a un hombre a dos años y medio de cárcel, con un período de libertad condicional, por “divulgación de la ideología comunista”. El acusado publicó en Facebook fotografías y otros contenidos ilustrados con símbolos comunistas. Este delito está previsto por el artículo 436 del Código Penal (producción, distribución de símbolos comunistas y nazis, propaganda de regímenes totalitarios comunista y nazi).

Hay registrados 1200 reclusos con minusvalía.