El sistema penitenciario colombiano ha atravesado una profunda transformación desde el año 2000. En el marco del Plan Colombia — implementado por el Gobierno estadounidense—expertos del Buró Federal de Prisiones asistieron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en la construcción de nuevos centros de reclusión de hasta 5000 plazas, con unidades de aislamiento “supermax” y normalización del uso de la fuerza para reprimir a las personas privadas de libertad.

A pesar de que Colombia ha conocido una disminución de los índices de criminalidad desde el año 2001, la población carcelaria no ha cesado de aumentar: la tasa de encarcelamiento pasó de 128 personas privadas de libertad por 100 000 habitantes, en el año 2000, a 235 en 2016.

Ante las duras condiciones de vida, el índice de sobrepoblación y la falta de acceso a derechos, como la salud y la justicia, la Corte Constitucional declaró, a través de las sentencias T-388 de 2013 y T-762, un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario y carcelario. La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013 —conformada por organizaciones de derechos humanos— analiza a través de informes el cumplimiento de las medidas impuestas por estas sentencias y alerta a las autoridades y al público sobre los disfuncionamientos del sistema penitenciario colombiano.