La pena de muerte se abolió en 2005. Dos personas fueron ejecutadas siete años después de la independencia del país, que tuvo lugar en 1960.

En noviembre de 2013, el diputado Seydina Fall expresó su intención de presentar un proyecto de ley que pretendía restablecer la pena de muerte. El ministro de Justicia, Sidiki Kaba, excluyó esta posibilidad en octubre 2016 durante un Consejo de Ministros.

La Dirección de la Administración Penitenciaria (DAP) declaró que 50 reclusos fallecieron en 2015; el sida y la tuberculosis fueron las principales causas de estas muertes. El informe de la DAP reportó un caso de suicidio en ese mismo año.

La administración penitenciaria suele disimular las muertes provocadas por tortura y malos tratos. Cuando se acusa al personal penitenciario de haber cometido alguno de estos actos, las investigaciones que se realizan son ineficaces y las sanciones no son proporcionales a la gravedad de los hechos.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos sospechan que el suicidio del recluso reportado en 2015 fue en realidad una muerte ocasionada por heridas infligidas por los guardias. Hasta la fecha, ninguna investigación ha permitido conocer la verdadera causa de esta muerte.

Ibrahim Mbow, detenido en la prisión de Rebeuss (Dakar), murió el 20 septiembre de 2016 durante un motín.

El delito de tortura, inscrito en el Código Penal Senegalés, se castiga con penas de cinco a diez años de prisión y una multa de entre cien mil y quinientos mil CFA (ciento sesenta a ochocientos USD). Sin embargo, también se prevé la reducción de las penas cuando los golpes y heridas no ocasionan enfermedad o incapacidad laboral (artículo 296).

La definición de tortura descrita en el Código Penal no incluye los actos que tienen por objeto extraer información, castigar, intimidar o presionar a una tercera persona. (artículo 295-1).

Por lo general, las investigaciones sobre torturas pocas veces prosperan; solamente seis de los veintisiete casos documentados por Amnistía Internacional desde 2007 han resultado en condenas —clementes en todos los casos¹—.

El Código Penal tolera que los jueces acepten confesiones obtenidas mediante tortura, aunque, en la práctica, la mayoría de los jueces las rechazan. El juez puede anular una condena si las circunstancias en las que se efectuó la confesión son sospechosas.

En 2015, el tribunal penal de Dakar condenó a veinte años de trabajos forzados a Cheikh Diop y Cheikh SidatyMané, en prisión preventiva desde 2012 por el asesinato de un auxiliar de policía. Amnistía Internacional se implicó en el caso y apoyó la versión de los acusados, que afirmaron haber sido sometidos a tortura durante el interrogatorio. El tribunal de apelación de Dakar puso fin al juicio en julio de 2016.

La mayoría de los casos de malos tratos y tortura se producen durante la custodia policial (con frecuencia se trata de golpizas). Los policías tienen poca supervisión judicial, las investigaciones se conducen con lentitud y rara vez se pronuncia una condena.

En 2015, al menos dos personas murieron durante la custodia policial tras haber sido sometidas a actos de tortura: Amadou Dame Ka murió el 2 de febrero en los establecimientos de la comisaría central de Thiès; Boubacar Ndong fue hallado muerto, el 15 de noviembre, en la brigada de la policía de Hann (Dakar).

Ibrahim Diallo, ciudadano de Gambia de 30 años, murió la noche del 12 al 13 de julio de 2016.

En un comunicado de prensa, la RADDHO, la Liga Senegalesa de Derechos Humanos y Amnistía Internacional afirmaron que existían graves acusaciones de tortura y malos tratos —varias personas presentes en el lugar declararon haber escuchado gritos durante la noche—.

La administración penitenciaria y el Observador Nacional de Lugares de Privación de Libertad (mecanismo nacional de prevención senegalés) organizan regularmente conferencias sobre la prevención de la tortura. La Federación Internacional de la Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura (FIACAT) y la Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura en Senegal (ACAT) lamentan que los beneficiarios de estas conferencias sean normalmente los directivos de la administración penitenciaria y los miembros de la sociedad civil —personas que tienen poco contacto con la población carcelaria—, e instan a las autoridades a incluir a los trabajadores de la administración penitenciaria en estos eventos con el fin de “garantizar el respeto cotidiano de los derechos fundamentales durante la reclusión”.

Si bien la ley prohíbe los arrestos sin orden de detención, estos son una práctica común. Una persona puede pasar días e incluso semanas en detención sin ser inculpada formalmente.

Los reclusos pueden pasar largos periodos en prisión preventiva y hasta sobrepasar el plazo máximo permitido por ley.