En septiembre de 2016, la población carcelaria se elevaba a 9544 personas, el 46.5% en prisión preventiva.

La tasa de ocupación, en noviembre 2014, se estimó en un 117.3%. La sobrepoblación no se distribuye uniformemente entre las diferentes cárceles: Rebeuss (Dakar), acoge el doble de su capacidad operacional; la región de Dakar concentra el 48% del total de los reclusos; la región penitenciaria de Thiès-Diourbel, segunda del país, acoge el 21% de la población carcelaria. Siguen las regiones penitenciarias de Kaolack-Tamba-Kaffrine (10 %), Saint-Louis-Matam (8 %), Tambacounda- Kédougou (7 %) y Ziguinchor-Sédhiou-Kolda (6 %).

La población carcelaria ha venido aumentando de manera progresiva desde principios del año 2000, estimada en aquel entonces en 4891 reclusos. Una ley, adoptada en 2007, que criminaliza la posesión y venta de cannabis ha contribuido a acelerar el fenómeno de inflación carcelaria.

La tasa de encarcelación en 2016 es de 61 detenidos por 100 000 habitantes.

La administración penitenciaria publica un informe anual de sus actividades y cifras. Sin embargo, el último no ha sido publicado y es muy difícil acceder a él. El mantenimiento de registros no se efectúa de manera rigurosa debido a la falta de personal y a los cortes de electricidad frecuentes.

Un informe publicado por el Instituto Regional para el Oeste de África del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) y por la Asociación de Juristas Senegaleses (AJS) registró, en julio de 2015, un total de 283 mujeres en reclusión (el 3.28% de la población carcelaria), entre ellas, 46 extranjeras. El 72% se encuentra en prisión preventiva. No se hace ninguna separación entre las condenadas y las preventivas.

La cárcel de mujeres Liberté VI y la cárcel de mujeres de Rufisque (región de Dakar) son los dos establecimientos reservados exclusivamente a las mujeres. Las otras once acogen a mujeres y hombres. La mitad de la población reclusa femenina se reparte en cinco establecimientos: Liberté VI, Rufisque, Thiès, Kaolack et Tambacounda.

Algunos establecimientos están muy deteriorados. Las delegaciones de ACNUDH y AJS constataron, en mayo 2014, que el pabellón de mujeres de la prisión de Kaolack se había desplomado. Las reclusas fueron evacuadas unas semanas antes y realojadas en el módulo para menores, aunque la ley prohíbe expresamente que los menores sean encarcelados con adultos. El director se justificó ante la delegación afirmando que no tenía otra opción y respondió: “¿Qué quieren que haga?, ¿que ponga las mujeres con los hombres?”

En los establecimientos mixtos se respeta la separación entre los hombres y las mujeres. El informe de ACNUDH y AJS denunció que en el módulo de mujeres de la prisión de Tambacounda, la vigilancia se deja a cargo de personal masculino.

Las menores comparten las celdas con las reclusas adultas en la mayoría de las prisiones de mujeres. Liberté VI es la única prisión que dispone de un módulo para menores.

Las reclusas sufren de discriminación en cuanto al acceso a la formación y a las actividades de ocio. Los espacios recreativos, en las prisiones mixtas, como el gimnasio o los talleres, son poco accesibles para ellas.

El informe de ACNUDH y AJS declaró que, de 152 reclusas, muy pocas participan en actividades de ocio: diez en ganchillo, tres en actividades deportivas y una en esgrima fuera de la prisión con vigilancia. Por otra parte, solo seis de 152 internas participan en actividades de formación técnica como transformación de cereales, cocina o peluquería.

Las reclusas embarazadas permanecen en un local separado dos meses antes y dos meses después de dar a luz. Si bien los menores pueden quedarse con sus madres hasta los 3 años, estos no cuentan con un régimen alimentario adaptado ni con guarderías o áreas de juegos. En julio de 2015, once niños estaban en prisión con sus madres.

El tráfico de estupefacientes constituye la principal causa de encarcelación (31%), seguida de infanticidio (16%), robo (11%), homicidio (7%) y aborto (3%).

El 42% de las mujeres detenidas por tráfico de drogas son extranjeras y han sido arrestadas mientras transportaban sustancias ilegales.

El informe de ACNUDH y AJS señaló que: “el infanticidio es, con frecuencia, la consecuencia de situaciones de discriminación y violencia, pero, sobre todo, de embarazos fruto de agresiones sexuales (violaciones, incesto, pedofilia)”. El aborto voluntario constituye un delito y se castiga con hasta cinco años de prisión.

“Debido a esto, el infanticidio se convierte en una acusación recurrente y su magnitud está directamente correlacionada con la imposibilidad que tienen las niñas y mujeres jóvenes de abortar” Declaran ACNUDH y AJS.

La prostitución, aunque legal en Senegal, puede ser motivo de encarcelamiento si la persona no está en posesión de un carnet de salud o no está inscrita en el registro administrativo.

Los niños pueden ser condenados a penas de prisión a partir de los 13 años y están bajo la responsabilidad del tribunal de menores hasta los 18 años.

El Observador Nacional de los Lugares de Privación de Libertad contabilizó 442 menores detenidos en septiembre de 2016.

Los centros para menores están bajo la tutela del Ministerio de Justicia. Senegal dispone de dos centros exclusivamente para menores. En las prisiones para adultos, los menores se encuentran en módulos separados.

Es posible que en ciertas prisiones, como Kaolack, Kédougo o Saint-Louis, los menores no estén separados de los reclusos adultos; las niñas no se separan de las mujeres adultas en los centros para mujeres.

Los menores de la cárcel de Thiès, chicos y chicas, participan en cursos de esgrima dos veces por semana. En un documental¹, el periodista Nils Tavernier aplaude esta iniciativa, que pretende reforzar el sentimiento de responsabilidad en los jóvenes que participan. “Las conclusiones son unánimes: la práctica del esgrima favorece la socialización y el respeto mutuo dentro del grupo. En reclusión, hay menos peleas entre los jóvenes, lo que facilita su trabajo” afirma el documentalista².

Los centros llamados AEMO (acción educativa en medio abierto) son centros para menores en los que se aplica el régimen abierto. Estos centros están vinculados al juzgado regional y son dirigidos por magistrados. Los menores están acompañados por trabajadores sociales que promueven la formación y el seguimiento psicológico.

Los reclusos extranjeros representan el 8.75% de la población carcelaria, según el informe de 2015 de la Dirección de la Administración Penitenciaria (DAP).

Las nacionalidades más presentes son las de países cercanos como Guinea, Mali, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.

Los extranjeros son arrestados, en su mayoría, por tráfico de estupefacientes, proxenetismo o estafa. La residencia irregular también constituye un delito pero el número de personas detenidas por esta razón representa una minoría.

La ley, que se aplica de forma marginal, prevé la asistencia de un intérprete y de un abogado de oficio si la persona no cuenta con los medios suficientes para financiar su defensa.

Los reclusos extranjeros forman un grupo particularmente vulnerable debido al desconocimiento del idioma y al aislamiento social.

La administración penitenciaria prohíbe las llamadas telefónicas internacionales. Los internos solo pueden enviar cartas que el personal esté en capacidad de comprender. La mayoría de los reclusos extranjeros sufren de una gran precariedad material, ya que la familia es la encargada de llevar alimentos, ropa y dinero.

El Código Penal senegalés no menciona explícitamente la homosexualidad. Sin embargo, la ley castiga los “actos contra natura” y los atentados al pudor. Estos actos, considerados como delitos, están sujetos a penas de uno a cinco años de prisión y a multas entre 100 000 y 1.5 millones CFA (173-600 USD).

El informe anual de Amnistía Internacional señala que al menos 22 personas, entre ellas, tres mujeres, fueron arrestadas en 2015 por su orientación sexual.

El 21 de julio de 2015, la policía ingresó en un apartamento en Guediawaye y arrestó a siete hombres bajo los cargos de actos contra natura, después de que una de sus madres los denunciase a la policía. Su proceso está lleno de irregularidades: la Fiscalía no ha presentado a ningún testigo y los documentos no especifican los detalles del delito imputado. Por su parte, el fiscal afirma que encontró mensajes de texto incriminatorios en los teléfonos de los acusados pero estos no se han presentado en la audiencia. En agosto de 2015, el tribunal de Dakar condenó a los siete hombres a dos años de prisión con 18 meses de suspensión de pena. Seis de ellos fueron transferidos a la prisión de Diourbel, en la que han tenido dificultades para recibir las visitas de sus allegados, que podrían llevarles comida y medicamentos.

Once hombres, arrestados el 24 de diciembre de 2015, en Kaolack, por el mismo motivo, pasaron cinco días detenidos, recibiendo malos tratos, golpes y abusos.