Debido al hacinamiento, las celdas para madres con bebés no siempre están disponibles.

Anteriormente, a las reclusas se las enviaba a la prefectura de Wakayama a través del Mar Interior, lo que dificultaba la visita a sus familiares.

En Japón, toda persona de menos de 20 años se considera como preso menor de edad. Todos los casos de menores son en primer lugar enviados a un tribunal de familia en el que el juez decidirá si el menor será procesado por un tribunal ordinario (como un adulto) o no.

Los menores procesados por tribunales no ordinarios permanecen detenidos en centros de formación para menores (por lo general, se trata de instituciones correccionales). El número de reclusos menores se elevaba a 2871 a finales de 2014.
Las instituciones para menores se hallan bajo la responsabilidad de la administración penitenciaria.
En diciembre 2015, el total de instituciones penitenciarias comprendía 52 instituciones para menores.

Los menores de 18 años no pueden ser sentenciados a la pena de muerte.

Los extranjeros que hablan japonés son tratados de la misma manera que los prisioneros japoneses. Aquellos que no hablan el idioma son enviados a cárceles especiales en las que tienen que asistir a clases de japonés.
Los reclusos extranjeros pueden acceder a libros y a otros materiales de lectura en sus propios idiomas, ya sea comprándolos directamente o mediante las donaciones de librerías o embajadas.
Las cárceles de Fuchu y de Osaka cuentan con módulos separados para los reclusos extranjeros y algunos presos son mantenidos en celdas individuales.

La ordenanza administrativa publicada en 1998 no requirió la introducción de una nueva ley que crease, de forma efectiva, “la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”.¹

La duración del tiempo bajo custodia puede durar hasta 23 días y dicho periodo puede renovarse y extenderse muchas veces.
El Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado que dichas detenciones en las Daiyō kangoku¨ son absolutamente inaceptables.

Nótese que en Japón existen problemas particulares con los procedimientos de confesión. En este país, no se permite el asesoramiento jurídico durante los interrogatorios de policía y los sospechosos no tienen acceso al necesario asesoramiento jurídico para protegerles de las confesiones forzadas.
Esas “confesiones” están documentadas con las palabras y el contexto elegido por el agente que realiza la investigación. Dicho documento se conoce como “Acta de Declaración” y es presentado como evidencia ante el tribunal. Así, los jueces reciben una confesión que difiere de la confesión original realizada por el sospechoso con sus propias palabras.
Además, el interrogatorio puede llevarse a cabo a altas horas de la noche y puede durar tantas horas como desee la policía.

La policía tiene total libertad para rechazar o aceptar visitas antes de que se tome la decisión del tribunal, con la excepción de los abogados designados. La denegación está justificada por motivos de seguridad o disciplinarios.
Los visitantes autorizados a las comisarías de policía o a las prisiones sustitutivas normalmente pueden llevar ropa y fotografías a sus seres queridos. A veces se permiten libros. Pueden ser rechazados si no están escritos en japonés. Las normas relativas a la ropa que pueden recibir los reclusos son estrictas (por ejemplo, no se permite el uso de ropa con capucha o cordones).

No existen estadísticas disponibles, pero se cree que existe un número considerable de presos LGBTI.

Los presos de avanzada edad solo son considerados como discapacitados si tienen problemas o dificultades específicas, de lo contrario, reciben el mismo trato que el resto de los reclusos.
Asimismo, es difícil encontrar plazas en las residencias de mayores para estas personas una vez que abandonan el sistema penitenciario, ya que la lista de espera es particularmente larga.
En las 47 prefecturas de Japón, se han creado 48 Centros Regionales Comunitarios de Soporte Vital Básico para los antiguos detenidos discapacitados y de avanzada edad: Hokkaido cuenta con 2 centros para poder ofrecer sus servicios a un área de mayor tamaño. Estos centros, que se reúnen bajo la forma de un consejo denominado Zenteikyo, ayudan a los antiguos reclusos discapacitados y de avanzada edad a reintegrarse en el mundo exterior y contribuye a prevenir la reincidencia.

Una edad avanzada, independientemente de otras circunstancias, no constituye un motivo válido para una excarcelación anticipada.

Entre los países desarrollados, Japón posee uno de los más altos porcentajes de reclusos de edad avanzada. Los delitos cometidos por la tercera edad han aumentado significativamente durante las últimas dos décadas, por lo que algunas cárceles se parecen cada vez más a residencias para personas mayores.
En 2015, casi uno de cada cinco presos tenía más de 60 años. Los delitos más comunes entre esta población son el hurto de carteras, el hurto en tiendas, robo de bicicletas y otros delitos menores. La tasa de reincidencia es elevada debido a la falta de oportunidades de rehabilitación para los reclusos de edad avanzada y con discapacidad intelectual.
Este fenómeno está creando dificultades a la administración penitenciaria, ya que un número creciente de presos sufre de demencia o necesita asistencia para realizar tareas sencillas como caminar, lavarse o comer. Como resultado, el gasto sanitario de las cárceles se está incrementado.

Leer nuestro artículola vejez en prisión.
Entrevista con Akaike Kazumasa, criminólogo y especialista en el sistema penitenciario japonés.

Los menores de 18 años no pueden ser sentenciados a la pena de muerte.

Por lo general, a los reclusos sentenciados a la pena de muerte, se les informa la fecha y la hora solamente una hora antes de su ejecución. Esta situación crea un sentimiento de ansiedad importante en aquellas personas a la espera de ejecución y resulta dañina para sus familiares, los cuales deben afrontar la ejecución de un ser querido de manera repentina.
Por su parte, el gobierno mantiene que esta política ahorra a los presos la angustia de saber cuándo van a morir.

El derecho a mantener lazos familiares está garantizado para las personas condenadas a muerte. Sin embargo, se les priva de tener una última visita.

Las ejecuciones se realizan por ahorcamiento y en privado.
Legalmente, diecinueve delitos se castigan con esta pena. Sin embargo, en la práctica, solo los delitos de homicidios (homicidios múltiples, por lo general) están sujetos a la pena de muerte.
El gobierno japonés utiliza el apoyo popular de sus ciudadanos a la pena de muerte como argumento para mantenerla.

Un número considerable de reclusos sentenciados a la pena de muerte sufre de problemas mentales causados por la continua reclusión en aislamiento, a pesar de que la ley permite a los prisioneros en el corredor de la muerte tener contacto con los demás reclusos en su misma situación (Artículo 36, párrafo 3 de la Ley de Instituciones Penales y de Detención de 2007).
El hecho de no anunciar esta información anticipadamente también puede negar a los reclusos la oportunidad de impugnar la legitimidad de su ejecución. Nunca se le ha concedido ni el perdón ni el indulto a un recluso en el corredor de la muerte.
La ejecución de un recluso del Centro de Detención de Tokio en diciembre de 2015 supuso la primera ejecución llevada a cabo tras una sentencia pronunciada por jueces legos en Japón (véase, Defensa). Dicha sentencia nunca fue revisada, puesto que el recluso nunca ejerció su derecho de apelación.
A pesar de las repetidas recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura y del Comité de los Derechos Humanos, el gobierno japonés insiste en que no es necesario tener un sistema de apelación obligatorio, ya que la mayoría de los acusados ejerce su derecho de apelación.