Existen 379 centros penales en todo el país: 21 centros federales (12 en el Distrito Federal), 284 centros estatales, 74 centros municipales. Seis de cárceles en Mexico son consideradas de “Máxima Seguridad”.

Los Centros de Prevención y de Readaptación Penal (Ceresos) corresponden al fuero común (centros estatales y municipales) y los Centros Federal de Readaptación Social (Ceferesos) al fuero federal.

La capacidad total es de 197 993 personas. Sin embargo, esta cifra toma en cuenta el número de camas disponibles y no de m² por recluso. El Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles de la ONU alertó que esta cifra no refleja el hacinamiento real, ya que en muchos centros las camas están amontonadas en espacios muy reducidos. En centros como La Mesa en Tijuana o el Nezahualcóyotl Bordo en el estado de México había entre un 120 % y un 260 % de sobrepoblación, a pesar de que todos los reclusos tenían una cama.

Treintaiún centros penitenciarios fueron clausurados en 2013 debido a las infraestructuras deficientes, el hacinamiento y la violencia. Veintiún centros federales y cuatro centros estatales están en construcción. El Estado Mexicano inició un proceso de privatización de centros penitenciarios en 2012. Actualmente, el régimen, llamado “Contratos de Prestación de Servicios” (CPS), se aplica en cinco centros¹.

El Gobierno mexicano decidió fortalecer la seguridad y expandir la infraestructura de los centros de rehabilitación social de sistema federal (Ceferesos). Esta decisión se tomó a raíz de la mediatizada fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se están invirtiendo 1.2 millardos de pesos (72 millones de USD) en la mejora de la seguridad de 15 hectáreas de centros penitenciarios, que albergan a 1110 reclusos federales.

Quince prisiones estatales, seis Ceferesos, tres centros para menores y la Academia de la Administración Penitenciaria han recibido una acreditación de la American Correctional Associations (ACA). La ACA es una asociación estadounidense que promociona la gestión privada de centros penitenciarios. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirma que en esos centros aún hay sobrepoblación, corrupción y violencia,y que el acceso a la comida y a la atención médica son deficientes².

Los centros federales dependen de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El fuero común se subdivide en dos categorías: penales estatales y penales municipales. Los centros estatales y del Distrito Federal dependen de las Secretarías de Gobierno de cada estado. Los centros municipales dependen de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública correspondiente.

Según el “Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, realizado por la CNDH, en 71 prisiones estatales se ejerce un modelo de autogobierno. Esto implica que los internos que se imponen mediante el uso de la violencia, toman el control de los espacios comunes, poseen las llaves de las celdas y obligan a los otros internos a pagar para acceder a ciertos derechos (espacio para dormir, llamadas, recibir visitas, entrada al aseo, entre otros). En ciertos penales, estos internos poseen armas y venden drogas. Las principales causas de este fenómeno son la sobrepoblación, la falta de personal y los bajos sueldos de los custodios.