La pena de muerte fue abolida el 31 de diciembre de 1989.
El 7 de abril de 2003, el Parlamento Rumano ratificó el Protocolo nº 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que abolió la pena de muerte bajo cualquier circunstancia.

Según el informe de 2015 de la Administración Nacional de Penitenciarías (ANP), 113 reclusos murieron en 2015 y 122 en 2014.

La gran mayoría de muertes en prisión (86.88 %) son resultado de enfermedades e infecciones. Muchos reclusos mueren por enfermedades cardiovasculares y cáncer (sobre todo, cáncer de pulmón). La atención médica es insuficiente y las condiciones de reclusión deficientes debido a la sobrepoblación. De las 113 muertes, dos fueron por VIH/SIDA, dos por incidentes violentos, una por repetidas lesiones auto-infligidas y una por tuberculosis.

Un adolescente murió en prisión preventiva en Tichilesti el 7 de septiembre de 2015, tras ser duramente golpeado por su compañero de celda. La Asamblea de Ciudadanos de Helsinki (APADOR-CH) informó del incidente.

La segunda causa de muerte más común son los suicidios, que representan el 9.73 % de las muertes en prisión. El índice de suicidios entre los reclusos es casi cuatro veces más elevado que el índice nacional. La mayoría de los suicidios se cometieron por ahorcamiento (10 de 11 casos). Los educadores vigilan las señales de comportamiento suicida entre los presos y castigan las auto-lesiones.

Un recluso se colgó en la prisión de Codlea¹, en las termas en las que trabajaba. El doctor de la prisión declaró que no se le conocían síntomas o comportamientos suicidas o depresivos.

En 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Rumanía en 11 casos por condiciones de reclusión inadecuadas y trato inhumano de los prisioneros (violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).

El Comité Europeo para la prevención de la tortura visitó Rumanía por última vez en junio de 2014 y, señaló que en las prisiones de Arad, Oradea y Târsgor, los guardias daban puñetazos (a veces con guantes reforzados), propinaban patadas y golpeaban a los reclusos con porras, sobre todo a internos recluidos en condiciones de máxima seguridad —el personal considera que es una manera de intimidar a los reclusos y hacerse respetar—. A menudo, la administración justifica este tratamiento como una sanción disciplinaria contra la violencia entre los presos. La carencia de personal también contribuye a esta situación.

El 30 de enero de 2014, en la prisión de Arad, un interno en régimen de máxima seguridad fue golpeado y reducido en el suelo por unidades de intervención especial no identificadas, que iban encapuchadas. El recluso fue esposado, recibió puñetazos en la cara, y fue obligado a arrodillarse antes de recibir patadas por todo el cuerpo. A pesar de un examen médico que confirmaba la paliza, el recluso fue puesto en aislamiento durante cinco días.

Los reclusos pueden apelar al director de la prisión y a un juez designado para ello, pero con frecuencia prefieren guardar silencio por temor a represalias o a más castigos. Existe un clima de miedo en las cárceles donde las “unidades especiales” tienden a sustituir a los trabajadores de la prisión y hacen uso de la violencia como primer recurso. En 2014, se informó de 34 casos de reclusión en celdas de aislamiento. Si bien el periodo máximo legal de reclusión en celdas de aislamiento es de 10 días, a menudo se sobrepasa este plazo. En la prisión de Oradea se han dado casos de reclusión en celdas de aislamiento de hasta 26 días [^1].

[^1]:Informe del CPT tras su visita a Rumanía del 5 al 7 de junio de 2014.

La Constitución y la legislación prohíben la detención arbitraria.

Ab Al Rahim al-Nashiri, un ciudadano saudí, presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por detención ilegal y malos tratos por parte de la CIA en la prisión de Bucarest-Jilava de 2003 a 2005, y alegó que el Gobierno rumano apoyaba a la CIA. El caso fue aceptado a trámite en 2012 (Al Nahiri contra Rumanía nº 33234/12).

Al Nashiri, sospechoso de terrorismo capturado en Dubai, fue llevado a una prisión secreta de la CIA en Afganistán, antes de ser trasladado a otro “Black site” en Bangkok y a otro en Polonia, donde fue torturado. Después fue enviado al programa de detención “Bright light”, en Rumanía, y torturado con otras personas. Alegó que Rumania permitió que la CIA lo transfiriera a pesar del riesgo de pena de muerte y malos tratos¹. El 29 de junio de 2016, el TEDH celebró una audiencia del caso, cuya sentencia sigue pendiente.

Al Nashiri sigue recluido en las instalaciones de la Bahía de Guantánamo, donde podría ser juzgado por una comisión militar y, de ser declarado culpable, se enfrentaría a la pena de muerte².