La mayoría de las prisiones están sobrepobladas y las condiciones de vida son problemáticas. Las celdas son, en su mayoría, colectivas. La superficie mínima por persona, que debería ser de 4 m2 en las celdas de ocupación múltiple y 6 m2 en celdas individuales, no se respeta.

En las celdas no entra suficiente luz natural y hay demasiada luz artificial; la ventilación y la calefacción son insuficientes, y se ha informado de la existencia de moho, escasa higiene y colchones viejos y sucios.

Según las visitas de monitorización de APADOR-CH a las prisiones de Târgsor en 2013 y argu Jiu en 2016, los reclusos disponen de menos de 2 m2 de espacio vital en los espacios colectivos. En ocasiones, permanecen entre 20 y 22 horas dentro de sus celdas y a veces dos personas se ven obligadas a compartir una sola cama. En la prisión de Oradea, en cada celda de 7 m2 conviven dos internos.

Tras una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en abril de 2016, Rumanía deberá pagar cerca de 100 000 euros en compensaciones a 18 internos con sentencia firme debido a las malas condiciones de reclusión.

La calidad de la comida representa un problema en muchas prisiones. De media, se invierte menos de un euro (3,76 leu) diario en la alimentación de cada recluso. La calidad de la comida fue objeto de crítica por el Comité para la prevención de la tortura, que observó en Poarta Alba la mala calidad de los alimentos y la falta de fruta, carne y productos lácteos en la dieta de los internos. Los reclusos comían principalmente patatas, zanahorias, remolacha y cebollas. Los presos han presentado quejas en varias prisiones, especialmente en la penitenciaria de Marginen.

APADOR-CH observó que en algunas prisiones, como la Prisión para Menores de Tirgu Mures, no existe un comedor y los reclusos deben comer en sus celdas. La cocina de Tirgu Mures tiene una higiene deficiente. In Colibaşi, las paredes de la cocina están llenas de moho y humedad, y el sistema de ventilación no funciona¹.

Los internos pueden solicitar menús especiales que se adecuen a sus creencias religiosas o a una dieta particular (p. ej, diabéticos). Los reclusos pueden comprar comida en el economato pero los precios son elevados. Por ejemplo, en Colibaşi el café Jacobs cuesta 27,90 leu/500 gr (seis euros).

Los reclusos pueden recibir paquetes con alimentos de sus familias.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena regularmente a Rumanía por sus deficientes condiciones de reclusión.

En el caso de Iacov Stanciu contra Rumanía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Demanda nº 35972/05), el demandante criticó las condiciones de reclusión en la prisión de Ploieşti, así como en las prisiones de Jilava, Mărgineni, Rahova y sus respectivos hospitales. El TEDH manifestó, en su sentencia del 25 de julio de 2012, que los internos atravesaban las siguientes condiciones durante su reclusión: número limitado de inodoros y lavamanos para una gran cantidad de reclusos, inodoros en las celdas sin suministro de agua, lavamanos en las celdas únicamente con suministro de agua fría para una gran variedad de necesidades (higiene personal, lavado de ropa y objetos personales, limpieza de los inodoros), acceso limitado a duchas con agua caliente; condiciones sanitarias deficientes en general, incluyendo la presencia de cucarachas, ratas, piojos y chinches, así como colchones y ropa de cama desgastados.

En el caso (nº 2) de Ali contra Rumanía (Demanda nº 30595/09), el TEDH reconoció en su sentencia de 15 de octubre de 2013, (párrafo 40) que en algunas prisiones el agua no era potable, por ejemplo, en la prisión de Jilava.

La visita del Comité para la prevención de la tortura de 2014 a las prisiones de Arad y Târsgor reveló que habían elementos de fontanería en mal estado e inodoros que no funcionaban correctamente y con parásitos que los obstruían. En Arad y Oradea, las duchas no tienen cabezales. A los reclusos se les facilita poco jabón y detergente para lavar su ropa y en la prisión para mujeres de Târsgor, las reclusas solo disponen de 5 compresas sanitarias al mes. En las prisiones de Arad, Oradea y Târsgor, se garantiza el acceso a las duchas y a agua caliente dos veces por semana. La Administración Nacional de Penitenciarías indicó en su informe de 2015 que para finales de 2017, el acceso diario al agua caliente, a nivel de todo el sistema penitenciario, debería garantizarse.

La administración de cada prisión distribuye sábanas para las camas pero los reclusos también pueden recibirlas de su familia.

La atención médica básica en las prisiones es gratuita para los internos. Todas las prisiones cuentan, como mínimo, con un doctor y varias enfermeras. En ocasiones también hay un dentista y un psiquiatra. La cárcel para mujeres de Târsgor cuenta con un ginecólogo. De manera general, el personal sanitario es insuficiente, así como el número de psiquiatras. Se puede contratar a psiquiatras externos para dar respuesta a las crecientes necesidades. Este es el caso del Centro Penitenciario para Menores de Târgu Mures donde se diagnosticaron problemas mentales a 70 internos durante las visitas de APADOR-CH, en 2014.

La mayoría de los internos se quejan de que los tratamientos dentales consisten únicamente en extracciones debido a la falta de materiales. Las prisiones pueden recurrir a dentistas externos (como en el centro de Codlea) para facilitar tratamientos dentales especializados. En estas circunstancias, los reclusos deben pagar su propio tratamiento. El Centro Penitenciario para Menores y Jóvenes de Tichileti tiene un consultorio odontológico totalmente equipado, pero no se había contratado a ningún dentista en el momento que APADOR-CH realizó la visita al centro, en julio de 2013. Los reclusos con problemas dentales tenían que ser enviados al establecimiento de Slobozia.

El centro de Slobozia ha sido dotado con nuevo mobiliario y equipamiento, incluida una farmacia. La sección de servicios médicos incluye tres habitaciones de cuarentena con cuatro camas cada una, una habitación para las muestras de esputo de tuberculosis, una habitación de aislamiento para pacientes con tuberculosis (que se encontraba vacía en el momento de la visita), una sala de odontología, una sala para el doctor, y otra para las enfermeras.

Durante su visita, en 2014, a la prisión de Botosani, APADOR-CH constató que la unidad médica contaba con cinco habitaciones y 24 plazas de enfermería. Sin embargo, solo trabajaban 10 enfermeras.

Los internos tienen derecho a participar en actividades educativas pero la mayoría de ellos no lo hacen. Todas las prisiones cuentan con patios y una iglesia ortodoxa.

En el centro de Botosani existían talleres de pintura, artesanía, una banda de música, un estudio de TV de circuito cerrado, un gimnasio y un campo de deportes en el momento de la visita de APADOR-CH, en diciembre de 2014. También hay un huerto en el que los reclusos cultivan verduras

La Administración Nacional de Penitenciarías mencionó alguno de los programas educativos de 2015 como el de “Poemas de Prisiones”, “El Festival de Teatro para los Internos” (7ª edición) y el programa educativo “Segunda Oportunidad”. Los programas son organizados por las administraciones de las prisiones, por organizaciones religiosas y por organizaciones comunitarias. Existen programas de educación cívica, de terapia psicológica y otras actividades para fomentar los vínculos con la familia.

APADOR-CH considera que no hay un verdadero sistema de rehabilitación en las prisiones de Rumanía, ya que los talleres están llenos o mal equipados.

Según el informe de 2015 de la Administración Nacional de Penitenciarías, el porcentaje de internos implicados en actividades laborales se elevó del 27 %, en 2014, al 29 %, en 2015. 8462 reclusos fueron seleccionados para llevar a cabo el mantenimiento de las prisiones y otras actividades. Entre ellos, 3255 ejercen una actividad que genera ingresos a través de contratos.

A los reclusos de la prisión de Targu Jiu se les paga una media de 95 leu (21 euros) por servicio¹; trabajan para el centro fabricando colchones, ropa de cama y haciendo trabajos de carpintería. Igualmente, trabajan para varias compañías de la zona fabricando calzado, haciendo trabajos de construcción, etc. Los productos manufacturados en estos talleres se usan estrictamente dentro del sistema penitenciario.

Según el informe de 2015 de la Administración Nacional de Penitenciarías, durante el periodo de 2015-16, 2459 internos estaban matriculados en cursos de formación secundaria y universitaria. Los estudiantes dentro del sistema penitenciario suponen aproximadamente el 10 % de la población carcelaria total. Un tercio de los internos que siguen una formación participan en cursos incluidos en el programa “Segunda Oportunidad” —un programa especial para aquellos que han sobrepasado la edad de escolarización obligatoria—. El porcentaje de menores encarcelados que asisten a actividades de formación es del 64 % (201 de los 316 que se encuentran en prisión), lo que supone un pequeño descenso, comparado con años anteriores, que se atribuye a la disminución del tiempo de las penas.

En septiembre de 2015, Vice publicó un artículo sobre el sistema educativo del Centro Penitenciario para Menores y Jóvenes de Craiova. Se observó que “las clases duran 45 minutos y tienen capacidad para un máximo de 12 alumnos. A cada estudiante se le facilita un cuaderno y un manual de lengua, así como un bolígrafo que debe devolver al final de la clase. El curso también ofrece a los estudiantes la opción de continuar con su formación tras su puesta en libertad, garantizándoles una plaza en el programa “Segunda oportunidad” o en una escuela nocturna. Para los reclusos jóvenes, asistir a clase es una vía de escape y la mayoría aprecia ese momento. El artículo también mencionó que, a pesar de las oportunidades educativas, el 40 % de los reclusos menores acaban volviendo a la prisión.

Los reclusos tienen acceso a los medios de comunicación (periódicos, radio, TV, internet). A los internos no se les permite tener auriculares y muchos se quejan del ruido.

Según la Ley 254/2013, art. 58, la libertad religiosa está garantizada. La religión mayoritaria es la ortodoxa. Las prisiones cuentan con 30 sacerdotes ortodoxos (remunerados). En total, 18 religiones son reconocidas (católica romana, protestante, musulmana, testigos de Jehová, judaísmo, etc.)

Los participantes exteriores solo tienen permiso para acudir a la prisión si están implicados en alguna actividad. Se trata principalmente de asociaciones y organizaciones religiosas.

Los recursos financieros de los internos provienen de sus familias, amigos y su trabajo. Es posible enviarles dinero a través de una cuenta gestionada por la administración de la prisión.

Los reclusos deben pagar por casi todo excepto la atención sanitaria básica (pero no los medicamentos), una mínima alimentación (casi nunca suficiente) y algunas de las actividades de reinserción.

Cada prisión dispone de uno o dos economatos que, por lo general, venden los productos a precios más altos que los del mercado.

Las peticiones o quejas individuales deben dirigirse al director de la prisión, al director general de la Administración Nacional de Penitenciarías o al ministro de Justicia. Los reclusos también pueden enviar sus quejas directamente al presidente de la República, quien hará un seguimiento con el director o el ministro de Justicia.

Las quejas de los internos las supervisa el juez para los derechos de los internos y las garantiza la legislación de Rumanía (Ley 254/2013 sobre la ejecución de penas). Este juez, que tiene su oficina en la prisión, puede acceder a toda la información e investigar y tratar con todas las partes implicadas. Su decisión es vinculante y puede ser apelada tanto por el recluso como por la administración. La efectividad de este proceso es cuestionable debido a la sobrepoblación.

En la prisión de Botosani, el juez resuelve una media de 20 denuncias de internos cada semana¹. La mayoría de las quejas se refieren a violaciones de las condiciones de reclusión.

Los internos que reciben sanciones disciplinarias pueden presentar una reclamación ante el juez supervisor tres días después de que estas sean impuestas. En tal caso, la sanción queda suspendida y se envía al juzgado de primera instancia.

El 20 de diciembre de 2015, los reclusos del módulo de máxima seguridad del establecimiento de Craiova que protestaban contra la finalización de las transmisiones televisivas a las 11 de cada noche, destruyeron el mobiliario de las celdas, quemaron colchones y rompieron ventanas[^1].

La Administración Nacional de Penitenciarías registró en 2015:

• Cuatro intentos de fuga en: la Prisión de Codlea (2 menores), el Hospital Penitenciario de Dej (2 reclusos), la Prisión de Mărgineni (1 recluso), la Prisión de Poarta Albă (1 recluso);
• Dos fugas en: la Prisión de Bacău (1 recluso), la Prisión de Galaţi (1 recluso);
• Cinco deserciones de puestos de trabajo exteriores de las prisiones de: Colibaşi, Aiud, Bracea Mare, Pelandava y Focşani (un recluso en cada prisión).

[^1]:Protesta en Craiova, 23 de diciembre de 2015 (en rumano).

Véase las secciones “Malos tratos y violencia” y “Personal”.

La Administración Nacional de Penitenciarías menciona en su informe de 2015 que las sanciones disciplinarias a los reclusos incluyen la suspensión del derecho de comprar productos (aparte de los de higiene básica) por un periodo de hasta dos meses, la suspensión de visitas durante tres meses, amonestaciones, aislamiento durante un máximo de diez días, suspensión del derecho de asistir a actividades culturales, artísticas y deportivas durante un mes, y la suspensión del derecho de trabajar durante un mes.

El Comité Europeo para la prevención de la tortura (CPT) destacó en su última visita en 2014 que las sanciones disciplinarias no siempre son proporcionales a los actos de los reclusos y que el confinamiento en régimen de aislamiento se podría considerar abusivo. En 2014, en la prisión de Oradea, un recluso permaneció 26 días en aislamiento a pesar de que la duración máxima permitida de esta sanción es de diez días.

En la prisión de Codlea, los reclusos se han quejado de que las unidades de intervención hacen registros intempestivos a horas nocturnas para buscar objetos prohibidos¹. Estas inspecciones no se graban. Los internos también se quejan de la falta de privacidad en sus celdas. Algunos reclusos cubren el espacio alrededor de su cama con toallas o sábanas colgadas de cuerdas, a modo de cortinas, pero esta práctica es prohibida y sancionada.