La población carcelaria disminuyó de 30 156 reclusos, en 2014, a 27 600, en 2016.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena regularmente a Rumanía por la sobrepoblación carcelaria, que continúa siendo un tema de preocupación grave. Desde 2012, un Comité de Ministros está evaluando las medidas adoptadas por las autoridades para mejorar esta situación. El Gobierno también recibe la ayuda de expertos internacionales desde 2014¹.

Las reformas, que entraron en vigor el 1 de febrero de 2014, establecieron un nuevo Código Penal, un nuevo Código de Procedimiento Penal, y una nueva legislación sobre la libertad condicional y las penas privativas y no privativas de la libertad. Dichas reformas también incluyen medidas encaminadas a aumentar la capacidad de reclusión y a mejorar las condiciones en las prisiones.

A pesar de estas medidas, APADOR-CH informó en septiembre de 2015, que la prisión preventiva se aplicaba significativamente más a menudo que otras medidas alternativas no privativas de libertad (el 7.6 % de los reclusos son preventivos), y que la duración media de la prisión preventiva, que es de 25 meses, aún está muy por encima de los 9 meses de media europea.

El número de mujeres reclusas pasó de 1273, en el año 2010, a 1413 en febrero de 2016. El país cuenta con una única prisión para mujeres, en Târsgor y otras siete prisiones tienen módulos especiales para mujeres.

La prisión de Târsgor no es cercana a ninguna ciudad y acoge a la mitad de las reclusas de Rumanía (706). Muchas mujeres no quieren ser enviadas a Târsgor debido a la dificultad que encuentran allí para mantener sus lazos familiares. El acceso a la prisión supone una pernoctación en un hotel de Ploiesti que la mayoría de familias no se puede permitir. Los paquetes postales no son autorizados. Solo los pueden recibir durante las visitas o deben comprar los productos en el economato.

Según la ley, las mujeres embarazadas deberían recibir una dieta adecuada que siga las recomendaciones del médico de la prisión. Treinta días antes de la fecha estimada del parto, las reclusas en embarazo son enviadas a hospitales penitenciarios como el de Rahova. En teoría, deberían poder dar a luz también en un hospital general. En la prisión de Târsgor hay una enfermería con dos habitaciones, una cocina, un baño y un patio. Cada habitación es espaciosa y dispone de alfombras, camas y camillas. También hay juguetes y cambiadores para bebés. Estas habitaciones están equipadas con un botón de emergencia y un médico generalista visita la unidad de manera regular.

Las madres pueden quedarse con sus bebés en la prisión o en el hospital penitenciario hasta que los bebés cumplen el año de edad. A partir de ese momento, los niños pueden visitar a su madre una vez por semana. Existe una sala de visitas especial con mobiliario infantil, juguetes, libros, etc. donde las mujeres pueden tener contacto físico con sus hijos. Estas instalaciones solo están disponibles en Târgsor, y no en las otras prisiones que albergan a mujeres.

La prisión de Târgsor está dirigida por una mujer y la plantilla de esta prisión, así como las de los módulos para mujeres de las otras prisiones, está conformada por personal femenino, especialmente en aquellos puestos de trabajo donde se tiene contacto físico con las reclusas. Los puestos de seguridad y de las fuerzas operativas cuentan en sus filas tanto con hombres como con mujeres. La prisión de Tâgsor cuenta con un ginecólogo en sus instalaciones médicas¹.

El Código Penal establece la edad mínima de responsabilidad penal a los 14 años. Entre los 14 y los 16 años se presume una falta de discernimiento, sin excepción. A los 16 años, se presume que ya existe discernimiento, a menos que se pruebe lo contrario.

Los menores entre 14 y 16 años representan el 1.2 % de la población carcelaria total, según el informe de 2015 de la Administración Nacional de Penitenciarías (ANP). Los delincuentes juveniles, de 18 a 21 años, representan el 4.25 % y están recluidos en los mismos centros de detención que los menores.

Los menores no son condenados a cadena perpetua. Incluso en delitos para los que se contempla la pena a perpetuidad, los menores son sentenciados estrictamente a penas de entre 5 a 15 años.

El 88 % de los delitos cometidos por personas de entre 16 y 18 años son delitos contra la propiedad, sobre todo robos y atracos.

El Ministerio de Educación dirige unos programas escolares que deben seguir de manera obligatoria los menores recluidos (Ley 254/2013). Además de estos programas escolares, los menores tienen otros tipos de actividades como educación cívica, actividades deportivas, teatro y apoyo psicológico y moral (programa “Vida tras los barrotes” en Craiova). Sin embargo, existe una falta de trabajadores socio-educativos y médicos.

En el centro educativo de Buzias, existen zonas especiales para chicas, para reclusos con problemas de comportamiento y para aquellos que tienen un buen comportamiento.

Para mantener el contacto con sus familias, existen teléfonos públicos de pago, buzones y quioscos de información. En el centro educativo de Buzias, los residentes pueden recibir llamadas de sus padres dos días por semana, desde las 7.30 am hasta las 7.30 pm.

Según la ley sobre la aplicación de penas privativas de libertad (Ley 254/2013), un juez supervisor, ante el que los menores pueden emitir quejas, debe estar presente en los centros educativos.

APADOR-CH visita, el 14 marzo de 2014, el centro de detención de Craiova y , el 5 de junio de 2014, el centro educativo de Buzias.

El número de extranjeros recluidos en Rumanía se incrementó desde el 0.6 % en 2014 hasta el 1 % a principios de 2016. Los extranjeros son sobre todo turcos, moldavos e italianos.

No se separa a los extranjeros en módulos específicos y deben respetar las mismas normas que los otros reclusos. Generalmente, los extranjeros que delinquen (enmienda a la ley de extranjería 113/2005, artículo 91) reciben una orden de expulsión y son puestos bajo custodia policial por un periodo de entre 30 días y 2 años.

Entrar o salir del país de manera ilegal se castiga con una pena de prisión de entre 3 meses y 2 años ¹.

Los húngaros de Rumanía (una minoría étnica de cerca de dos millones de habitantes) y los miembros de la comunidad romaní están sobrerrepresentados y son objeto de discriminación en las prisiones rumanas. El 3.6 % de los reclusos eran romaníes (aproximadamente 1031) a finales de 2014. En las prisiones de Targu Mures, Codlea y Miercurea Ciuc, la población de internos húngaros representa más del 20 % de la población reclusa.

El origen étnico no se tiene en cuenta al repartir a los reclusos en las celdas¹.

La discriminación se puede presentar en forma de conducta racista, acoso y restricciones en el uso del idioma. Por ejemplo, no se permite hablar húngaro. Tampoco hay cadenas de TV, emisoras de radio, profesores, sacerdotes o apoyo psicológico en húngaro. Las cartas a los familiares se deben escribir en rumano.

En el país, la minoría religiosa más grande es la católica romana (4.5 %). Solo los sacerdotes ortodoxos reciben subvenciones para celebrar los servicios religiosos en las prisiones. Los representantes de otras confesiones lo pueden hacer si corren ellos mismos con los gastos. En las penitenciarías de Arad, Timisoara y Craiova, los católicos y otras minorías religiosas como los protestantes, los musulmanes, los testigos de Jehová y los judíos no pueden disfrutar de servicios religiosos².

Si bien ser lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual (LGBTI) no es ilegal, la discriminación social continúa siendo un problema. En septiembre de 2015, una encuesta de opinión encargada por el Consejo Nacional para la Lucha contra la Discriminación CNLD reveló que las personas LGBTI ocupan el cuarto puesto entre los grupos más discriminados de Rumanía.

El 18 de enero de 2015, la Asociación ACCEPT presentó un informe llamado “Tratamiento de personas LGBT privadas de libertad: riesgos de malos tratos” al Subcomité para la Prevención de la Tortura. Según ACCEPT, “los retos conciernen la falta de monitorización y recogida de datos (siendo la última monitorización de 2007), los vacíos en el marco legislativo (sobre todo en lo que se refiere a la identidad y a la expresión de género), la escasa denuncia de los abusos por parte de las víctimas, la inadecuada investigación de las quejas, la falta de formación de los agentes estatales, la imposibilidad para las personas transexuales de elegir con qué población carcelaria convivir, y la denegación del acceso a tratamientos hormonales”.

El código ético del personal penitenciario prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, pero, en la práctica, los guardias suelen desatender los abusos sexuales.

Las personas mayores no gozan de programas o rutinas especiales ni están recluidas en módulos específicos.

En el Nuevo Código Penal, hay dos artículos relacionados con las personas mayores, quienes pueden beneficiar de una conmutación o exención de la sentencia de cadena perpetua.

• Si el procesado tiene 65 años de edad al momento del juicio, la sentencia de cadena perpetua se sustituirá por la de 30 años de reclusión y la prohibición de ejercer ciertos derechos durante la duración máxima de la sentencia de reclusión (art. 57).

• En el caso de que la persona condenada a cadena perpetua cumpla los 65 años de edad mientras se encuentre en reclusión, la condena a perpetuidad se puede sustituir por una pena de 30 años de prisión y la prohibición de ejercer ciertos derechos durante la duración máxima de la sentencia, si previamente ha tenido buena conducta y ha cumplido con todas sus obligaciones civiles. (art. 58)

En Rumanía existen seis hospitales penitenciarios y cinco pabellones psiquiátricos. El hospital penitenciario de Jilava tiene un pabellón para pacientes agudos, el de Colibasi tiene un pabellón para enfermos crónicos, el de Rahova tiene un pabellón de desintoxicación y el de Poarta Alba cuenta con un pabellón para pacientes agudos y otro para pacientes con enfermedades crónicas.

En prisión hay un alto índice de trastornos psiquiátricos. A menudo, los reclusos no son diagnosticados a menos que padezcan de un trastorno mental severo. El Código Penal no prevé las penas de prisión para estas personas y recomienda que sean internadas en un hospital psiquiátrico externo.

En el hospital penitenciario de Jilava, 85 de las 390 camas están reservadas para personas aquejadas por enfermedades mentales. Ya que la legislación prohíbe el tratamiento no voluntario, un recluso que rechaza el tratamiento propuesto en prisión puede permanecer sin tratamiento. Una vez que la persona ha sido puesta en libertad, no se realiza ningún seguimiento psiquiátrico.

No existen instalaciones específicas para los reclusos con discapacidades físicas.

Según la Administración Nacional de Penitenciarías, 18 reclusos fueron eximidos de su pena por razones médicas en 2015.