Uganda no ha abolido la pena de muerte. La última ejecución se llevó a cabo en 2003. Existen 28 delitos (civiles y militares) punibles con la pena capital. Sin embargo, la ley ha eliminado este castigo para ciertas categorías de personas: menores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades mentales. En derecho civil, la forma de ejecución más frecuente es el ahorcamiento, y en derecho militar, el pelotón de fusilamiento¹.

Al 27 de julio de 2016, había 209 personas en el corredor de la muerte (198 hombres y 11 mujeres). La mayoría de ellas se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Luzira y en la prisión de mujeres de Luzira. La prisión de máxima seguridad de Jinja también aloja, en ocasiones, a reclusos condenados a muerte.

La tortura se considera un delito desde la promulgación de la Ley Anti-tortura de 2012. En octubre de 2015, La Corte Constitucional estableció que los funcionarios públicos serían enjuiciados como cualquier otro individuo. La pena puede ir hasta los 15 años de prisión y multas de 7,2 millones de chelines ($ 1970). La tortura agravada está sujeta a cadena perpetua.

El Servicio de Prisiones de Uganda se ha pronunciado en contra de la tortura y ha llevado a cabo varias reformas durante los últimos años para erradicar esta práctica de las cárceles. Aun así, la Comisión para los Derechos Humanos de Uganda (UHRC) y las organizaciones de derechos humanos han informado sobre casos de tortura (principalmente violaciones y fuertes golpizas) perpetrados por funcionarios públicos, que suelen ocurrir en las estaciones de policía, por lo general para obtener confesiones. El UHRC también registró casos de tortura y maltrato por parte de los “katikkiros” (líderes de prisión).

En diciembre de 2015, Amnistía Internacional emitió un informe en el que acusa al gobierno de Uganda de torturar a disidentes políticos durante el periodo de elecciones presidenciales. Vincent Kaggwa, portavoz del grupo relacionado con Amama Mbabazi —ex primer ministro y opositor político del presidente Yoweri Museveni—, fue arrestado y mantenido incomunicado por cuatro días. De acuerdo con Amnistía Internacional: “Durante ese periodo, la policía se negó a revelar su paradero a su esposa. Cuando finalmente fue liberado, dijo que la policía le había ordenado desvestirse y que le echó agua fría a alta presión con una manguera en el bajo vientre, lo que le causó un intenso dolor. Amnistía Internacional considera que Vincent Kaggwa fue objeto de desaparición forzada y tortura”.¹.

En julio de 2016, un tribunal ugandés acusó a ocho altos oficiales de policía de torturar a opositores políticos ².

La Unidad de Estándares Profesionales de las Fuerzas Policiales de Uganda (UPF-PSU, por sus siglas en inglés) se encuentra a cargo de la investigación de casos de detenciones arbitrarias, tortura, muerte en custodia y corrupción. A septiembre de 2015, la UPF-PSU recibió 172 quejas de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. Los casos que incluyen a funcionarios públicos por lo general son demorados, y a veces ni siquiera llegan a juicio, por falta de investigación.

Las fuerzas de seguridad estatales recurrieron a detenciones arbitrarias en varias oportunidades, a lo largo del año, para intimidar a los opositores políticos.

Kizza Besigye —candidato presidencial y principal figura opositora— y el portavoz de su partido fueron arrestados, el 15 de octubre de 2015, con el fin de impedir que se celebrara la reunión que tenían prevista. La policía consideró la reunión como campaña política y los acusó de violar la regla de la Comisión Electoral. Ambos fueron liberados el mismo día sin cargos.

Algunos civiles han sido objeto de detenciones secretas en instalaciones militares y ubicaciones desconocidas. Sin embargo, no se registraron quejas por parte de la FHRI en 2015. La Unidad Antiterrorista (Joint Anti Terrorist Task Force) también ha sido acusada de detenciones arbitrarias y secretas.