Los familiares deben solicitar autorización antes de visitar a los reclusos. En la práctica, solo se les prohíbe la entrada si el interno se niega a recibir visitas o si no se respetan los horarios. No hay visitas conyugales.

Penal Reform International menciona que los reclusos pueden ser transferidos a cárceles que se encuentran alejadas de su domicilio. Las visitas familiares se vuelven esporádicas debido a los costos del viaje y al estigma asociado a las cárceles. El informe agrega que “algunos presos entrevistados no han recibido ninguna visita de sus familiares y muchos de ellos apenas saben dónde viven sus hijos y están constantemente preocupados por el bienestar de sus hijos” ¹.

La ley carcelaria de 2006 hizo posible la reducción de un tercio de la sentencia para los reclusos que presentaran buena conducta.

También se puede obtener el indulto del Presidente a través del Comisionado General de Cárceles. Los presos con sentencias superiores a tres años de prisión y que se encuentren cumpliendo los últimos seis meses pueden solicitar la libertad condicional.

Es posible ser liberado por perdón o clemencia. El Servicio de Prisiones de Uganda (UPS) debe proporcionar una lista de candidatos para la aprobación del Fiscal General. Solo son elegibles aquellos presos que hayan sido condenados a una sentencia formal. Las razones más comunes son las cuestiones humanitarias relativas a la edad (por encima de los 54 años), los embarazos, las enfermedades, la levedad de la infracción, entre otros.

La Constitución de Uganda reconoce el derecho a beneficiar de ayuda legal gratuita y a obtener juicios expeditivos. Los reclusos pueden entrevistarse con sus abogados. En la práctica, el Estado proporciona asistencia legal sobre todo para los delitos graves y los abogados tienden a pedir dinero a los reclusos para trabajar en los casos. La implicación de los abogados estatales tiende a ser inestable debido a la corrupción y a la falta de experiencia legal.

Las altas tasas de ocupación se encuentran relacionadas con los problemas de funcionamiento del Sistema de justicia penal. Un informe publicado por la fundación para la iniciativa en Derechos Humanos (FHRI) lista algunos de ellos: falta de transporte, magistrados ausentes en las audiencias, incapacidad de la Fiscalía para presentar los testigos, imposibilidad de los abogados para presentar pruebas, e incompetencia de la policía para llevar investigaciones en tiempo y forma ¹.

El Directorio de Fiscales Oficiales (DPP) elaboró un nuevo sistema de gestión de casos en 2015, que pretende descentralizar el tratamiento de los expedientes y asignar oficiales de justicia fuera de Kampala. En el marco de esta política, se contrataron 80 fiscales, que se distribuyeron en distintas regiones del país ².

Uganda no firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otra Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La Comisión para los Derechos Humanos de Uganda (UHRC) supervisa que se respeten los derechos humanos en las cárceles. Una sección del informe anual de la UHCR anual está dedicada a las condiciones carcelarias. La comisión controló 896 establecimientos penitenciarios en 2015.

La UHCR fue acreditada con un estatus “A” por parte de las Instituciones coordinadoras del Comité Nacional de Derechos Humanos.