Hay 249 cárceles en Uganda; 24 de ellas fueron construidas en los últimos seis años.

El Servicio de Prisiones de Uganda (UPS) opera cinco tipos de establecimiento:

• Cárceles de máxima seguridad: alojan a reclusos preventivos y a personas condenadas a más de diez años de prisión;
• Cárceles de seguridad media: alojan a personas condenadas a menos de 10 años;
• Cárceles regionales de referencia: alojan a reclusos condenados a largas penas en regiones que no corresponden al distrito de la capital;
• Prisiones agrícolas: alojan a personas condenadas a menos de diez años de prisión y a reclusos al final de su pena;
• Centros de recepción: alojan a personas condenadas por delitos menores (sentencias inferiores a un año de prisión).

El complejo Luzira, el establecimiento más grande en el país, tiene cuatro cárceles: una de máxima seguridad denominada “Upper Prison”; Murchinson Bay para sentencias de mediana duración; la prisión preventiva Kampala para personas en espera de juicio, y la prisión de mujeres de Luzira. El complejo Luzira aloja a los presos del corredor de la muerte tanto en las cárceles masculinas como femeninas. La prisión tiene un patio principal donde los prisioneros juegan al fútbol.

En Luzira y, hasta cierta medida, en los establecimientos más grandes de las capitales regionales, las condiciones de vida son mejores que en las cárceles más pequeñas de las zonas rurales.

De acuerdo con el informe de la UHRC de 2015, 55 de las 173 cárceles visitadas no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad. Otros 59 establecimientos visitados habían sido renovados a lo largo del año. Por ejemplo, en la prisión de Kisoko se habían instalado nuevos baños y en la prisión de Mutufu (Distrito Sironko) se estaba construyendo un comedor.

En 2016, se inició la construcción de una nueva prisión en la ciudad de Kitalya, cerca de Kampala, que se espera estará terminada en 2018. La constructora Ambitious Construction Company Limited está a cargo del proyecto y el contrato se estimó en alrededor de 18.3 mil millones de chelines (aproximadamente 5.5 millones de dólares). Esta nueva prisión tiene como objetivo aliviar la sobrepoblación en Luzira.

El Servicio de Prisiones de Uganda (UPS) es una rama del Gobierno encargada de la administración de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Internos.

El número total del personal penitenciario se elevaba a 7 448 a abril de 2015. Ese mes la administración penitenciaria contrató a 1 228 nuevos empleados. El ratio guardias/reclusos representaba entonces 1/17. La mayoría de las cárceles cuentan con un trabajador social. El Comisionado general de prisiones, Johnson Byabashajja, ha manifestado que el personal contratado no está lo suficientemente capacitado¹.

Los empleados y sus familias suelen vivir en las barracas en las inmediaciones de la prisión. La UHRC notó que la mayoría de estas estructuras están deterioradas.

De acuerdo con Tomas Max Martin, investigador de Dignity, el Gobierno de Uganda ha implementado una política de puertas abiertas que tiene como fin integrar los estándares internacionales de derechos humanos para estar a la altura de la nueva legislación penitenciaria, mejorar la administración y atraer las inversiones extranjeras y las donaciones. El UPS adoptó el lema: ‘Ser un centro de excelencia en África y ofrecer un servicio correccional basado en los derechos humanos’. Sin embargo, el Dr. Martin nota que “A pesar del alto compromiso formal y discursivo del UPS en favor de los derechos humanos, el cumplimiento real de los estándares en esta materia aún sigue siendo bajo. En su defensa, el UPS argumenta que la imposibilidad de cumplimiento se deriva de sus restricciones financieras” ².

El sistema penitenciario atravesó un proceso de centralización en 2006, luego de la aprobación de la nueva Ley de prisiones, una reforma impulsada por los donantes internacionales y las organizaciones de sociedad civil. Las violaciones a los derechos humanos ocurrían con más frecuencia en las cárceles administradas por dirigentes locales (LAPS). Con la ley de 2006, las LAPS se integraron al servicio central de prisiones —el UPS— con el objetivo de formar de manera más eficaz al personal de las prisiones locales y reforzar la rendición de cuentas por malos tratos. De acuerdo con el observatorio de derechos humanos: “Todos los empleados de la prisión local siguieron un curso de derechos humanos de tres semanas y todas las cárceles establecieron comités de derechos humanos entre empleados y prisioneros” ¹. El personal penitenciario nacional y el presupuesto anual se duplicaron tras la implementación de esta política. Sin embargo, la población carcelaria también se ha duplicado desde entonces.

La mayor parte de la gestión del día a día en prisión (medidas administrativas y disciplinarias) se delega a los líderes de prisión, conocidos como katikkiros. De acuerdo con Tomas Max Martin: “Hay un acuerdo implícito en Luzira. Los reclusos serán encarcelados pero sus derechos serán respetados. La violencia no será tolerada. Las reglas y leyes se aplican de manera consistente. A cambio, los internos no solo deben permanecer en la prisión, sino que también deben ayudar a organizar la vida cotidiana.” ³.