Uruguay posee un total de 29 unidades penitenciarias:

- 1 Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación.

- 1 Unidad de Máxima Seguridad: la Unidad No. 3 (Departamento de San José, a 53 km de Montevideo).

- 9 Unidades de Media Seguridad:

• Unidad No. 4 – conocida como COMCAR (situada en Montevideo, la más grande del país). Posee: 1 Módulo de Máxima Seguridad, el Módulo 12, donde impera el más estricto e ilegal aislamiento ; 3 Módulos de Alta Seguridad ; 3 Módulos de Media Seguridad ; 2 Módulos de Progresividad ; 2 Módulos de Régimen Especial, destinados a delitos sexuales y a personal policial o de fuerzas de seguridad.

• Unidades No.5 y 9 (Femeninas) (Montevideo),

• Unidad No.6,

• Unidad No.7,

• Unidad No. 8

• Unidad No.10,

• Unidad No. 12,

• Unidad No.13.

- 18 unidades de Mínima Seguridad y Máxima Confianza: las Unidades No. 2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.

Las diferentes unidades, salvo excepciones, son edificaciones vetustas, que han sido reacondicionadas o refaccionadas. Las prisiones en el interior del país datan de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que las convierte en edificaciones con disímiles problemas de construcción y de seguridad. Casi todas están situadas en el centro de las respectivas ciudades o muy cercanas a ellas.

Un nuevo centro penitenciario será inaugurado en Punta Rieles, a finales del 2017, bajo el modelo de Participación Público-Privada (PPP). El diseño del proyecto fue confiado a empresas españolas y la construcción del mismo a la empresa uruguaya Stiler S.A.. El costo total fue de US$ 90 millones de dólares. Este centro pasará a ser la segunda cárcel más grande del país, con una capacidad de 1960 reclusos. Un consorcio de tres empresas se ocupará de los servicios de alimentación, limpieza y lavandería, por un costo diario estimado de US$ 23 por preso.

Todo el personal penitenciario –policías y operadores penitenciarios— dependen, por intermedio del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), del Ministerio del Interior.

En cerca del 40% de las unidades, funcionarios del Ministerio de Salud Pública prestan el servicio de atención médica.

Según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República, un total de 2686 funcionarios trabajaban en el INR al concluir el año 2016. De ellos, 893 son presupuestados, 120 provisionales, 1659 son efectivos policiales, 5 están en régimen de contrato función pública y 9 son contratos policiales.

El 62 % es personal policial y el 37% pertenece al INR y cursó estudios en el Centro de Formación Penitenciaria.

El número de funcionarios penitenciarios es insuficiente en todas las áreas de trabajo del sistema penitenciario. En general, las condiciones de trabajo son inadecuadas, lo que repercute en el trato que dan a los detenidos.

A pesar de que se han desarrollado programas de capacitación, tanto para policías como operadores, la formación sigue siendo deficiente. Una de las principales dificultades radica en los requisitos de ingreso, ya que las exigencias de formación educativa son mínimas; por ejemplo, no se exige siquiera haberse titulado de bachiller.

Formalmente, la gestión de la vida cotidiana y la disciplina no es delegada a los mismos internos. Sin embargo, en prisiones grandes y complejas, como la Unidad No. 3 y la No. 4, existen grupos de reclusos que dominan de manera despótica a sus compañeros y actúan bajo la complicidad silenciosa de las autoridades¹.

En julio del 2017, y a raíz de un recurso de amparo presentado por el Comisionado Parlamentario, ocho prisioneros del Módulo 8 de la Unidad No. 4 fueron reubicados en otras unidades y sectores dado que se encontraban en estado de desnutrición, producto de la intimidación de otros prisioneros que les impedían acceder a sus raciones alimentarias