El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario formula, en su Informe Anual 2016, las siguientes recomendaciones:
Fin al trato cruel, inhumano y degradante. Poner en marcha urgentemente un plan integral para atender las situaciones definidas como trato cruel inhumano y degradante identificadas en este informe.
Confinamiento en solitario. Suspender urgentemente el régimen de confinamiento en solitario implementado en el Módulo 12 del COMCAR y substituirlo por un programa de alta seguridad (con criterios claros de derivación al mismo) para los casos que lo requieran con base en estándares de derechos humanos (como mínimo dos horas diarias de contacto humano relevante, actividades de rehabilitación, salud).
Innovaciones. Difundir los programas de rehabilitación, emprendimientos productivos, educación,
participación y desarrollo cultural que han tenido buenos resultados, a través de instancias de cooperación técnica entre los centros.
Política social con política penitenciaria. Implicar a organismos sectoriales encargados de las políticas sociales (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura, INAU, Ministerio de Trabajo) reforzando su presencia en el sistema penitenciario y participando de la gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación desde un Consejo Consultivo que podría crearse por vía legal, decreto o mediante acuerdo entre las partes.
Salud mental, adicciones, familia. Desplegar desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, en
articulación con otros organismos públicos, académicos y de la sociedad civil, el abordaje de tres
grandes vacíos del sistema: a.- La atención de la salud mental b.- La atención de la adicciones c.- La
asistencia a las familias de los privados de libertad.
Alternativas a la prisión. Impulsar acciones que constituyan alternativas a la prisión acompañadas de programas socio educativos consistentes que sean atractivos para los operadores de justicia, disminuyendo el explosivo crecimiento demográfico penitenciario.
Autonomía y gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación. Apoyar y acelerar el proceso de autonomía del Instituto Nacional de Rehabilitación y su fortalecimiento como entidad técnico
educativa, tanto por la vía legal como fortaleciendo de su capacidad de gestión para cumplir la normativa de derechos humanos.
Ley penitenciaria. Impulsar una nueva ley penitenciaria que refleje los avances que el mundo ha
tenido en los últimos 50 años en el tema, tanto en lo referido la regulación de las garantías y la promoción de los derechos humanos, como en la generación de programas educativos y de rehabilitación.
Salud. Promover, como lo establecen las “Reglas Mandela”, que los responsables de los servicios de salud dentro de las cárcel no se limiten a la salud física o patologías corporales emergentes, sino que asuman un rol proactivo, asesorando a los directores y al INR sobre las condiciones sanitarias
generales de los centros: agua, alimentación, deporte, higiene, iluminación, aseo personal, prevención
de enfermedades.
