Oficialmente, el sistema penitenciario cuenta con 35 establecimientos: doce Centros Penitenciarios, quince Internados Judiciales con quince anexos femeninos, una penitenciaría, dos comunidades penitenciarias, una cárcel de mujeres y cuatro colonias agrícolas¹. Sin embargo, es difícil estimar el número real de centros de reclusión, dado que las comisarías de policía albergan a personas, incluso condenadas, durante largos periodos de tiempo.

Muchos penales son antiguas construcciones escolares, hospitalarias o militares. El Plan Nacional de Humanización Penitenciaria, que planeó construir o remodelar 25 centros penitenciarios entre el 2006 y el 2011, solo realizó tres de sus proyectos.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), en el marco del llamado “Plan Cambote”, implementado desde el 2012 con el objetivo de mejorar las infraestructuras de los centros de reclusión del país, ha clausurado cinco centros penitenciarios: la Cárcel de Santa Ana, el Internado Judicial de Los Teques, la Cárcel de Cumaná, la Casa de Reeducación y Trabajo y la Cárcel de Coro. Sin embargo, solo ha sido inaugurado el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara.

La cárcel de Tocorón, bajo control de un autogobierno de reclusos, posee una discoteca, una piscina, un centro hípico, un restaurante, entre otros. También posee un “banco” en el que los reclusos deben depositar mensualmente la “causa”: la suma que se debe pagar al autogobierno por estar en la cárcel². La cárcel de San Antonio, en Margarita, poseía instalaciones similares pero fue clausurada en febrero del 2016³.

El MPPSP fue creado en el 2011, luego de la masacre de El Rodeo I. La ministra es Iris Varela Rangel.

El “Nuevo Régimen Penitenciario”, implementado en ciertas cárceles desde el 2012, busca retomar el control de los establecimientos controlados por bandas armadas. Este programa es denunciado regularmente por organizaciones de derechos humanos, ya que impone una disciplina militar rigurosa a los reclusos y utiliza el aislamiento prolongado y los castigos corporales como formas de sanción.

El MPPSP afirma que el nuevo régimen se aplica en la mayoría de los centros penitenciarios del país. Sin embargo, solo se tiene prueba de que se aplica efectivamente en el Rodeo II, el Rodeo III, el Centro Penitenciario de la Región Andina (Mérida), el Centro Penitenciario David Viloria conocido como Uribana (Lara), el Centro Penitenciario Metropolitano Yare III (Miranda), el Centro Penitenciario de Occidente II (Táchira), en la cárcel de San Antonio (Margarita) y en todos los centros de detención de menores. Para retomar el control de los recintos, el MPPSP se ha visto obligado a desalojarlos completamente y comenzar desde cero¹.

Según la organización Transparencia Venezuela, el MPPSP contó con un presupuesto de Bs. 2 481 514 880 (2 337 000 USD) para el 2015. El OVP calcula que ese presupuesto cubre a 40 000 reclusos más de los que existen².

La Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional de Venezuela formulan proyectos de ley referentes y realizan monitoreo de los centros de detención y de reclusión.