Venezuela fue el primer Estado del mundo en abolir la pena de muerte, en 1863.

En julio de 2015, el Estado inició la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un operativo de seguridad ejecutado por fuerzas militares y civiles. El Gobierno afirma que su objetivo es eliminar a grupos armados vinculados con paramilitares colombianos y combatir a bandas criminales.

Según el Ministerio Público, 245 personas fallecieron en 2015 en el marco de la ejecución de la OLP. Human Rights Watch (HRW) y Provea estiman que en una gran mayoría de los casos se hizo uso excesivo de la fuerza; 125 de ellos son considerados como ejecuciones extrajudiciales.

En un informe publicado en el 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que las cárceles venezolanas son las más violentas del continente. Un total de 6581 internos fueron asesinados entre 1999 y el primer semestre de 2015, bien sea a manos de guardias o de otros internos.

Se observa una disminución progresiva del número de muertes violentas en prisión desde el 2012: ese año fueron asesinados 591 internos; 506 en el 2013, y 309 en el 2014. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 109 muertes violentas en el primer semestre del 2015.

En su informe anual de 2013, Provea señala que el 12.7 % de las muertes ocurridas ese año se produjeron con altos niveles de violencia “utilizando simultáneamente diversos recursos como balas, puñaladas, desmembramiento y ahorcamiento, reportándose casos en los que fotos de los fallecidos circularon por internet (redes sociales). Se reseñan casos en los que las heridas de los internos demuestran las torturas a las que son sometidos por parte de otros internos”.

Ese mismo informe concluye que el 45 % de los decesos fue producto de una riña entre internos; el 33 %, de un enfrentamiento por intervención de los guardias; el 9 %, de una riña entre internos por tomar el control del centro penitenciario; el 6.5 %, de un intento de fuga; el 4.5 %, de la violación de una norma interna (deuda, robo, asesinato de un visitante), y el 2 %, otras razones (sobredosis, enfermedad, accidente).

El 2 de diciembre del 2014, 48 internos fallecieron y decenas fueron hospitalizados, víctimas de envenenamiento, en la cárcel de Uribana (estado Lara). El informe oficial señala que los reclusos se introdujeron en la enfermería e ingirieron diferentes medicamentos. Sin embargo, familiares y organizaciones de derechos humanos sospechan que fue el personal quien suministró agua envenenada a los reclusos. El director del penal fue detenido por su presunta responsabilidad en este hecho[^1].

Diecinueve personas fallecieron en un incendio y once resultaron heridas, el 31 de agosto de 2015, en la cárcel de Tocuyito (Valencia). La causa aún no ha sido determinada con exactitud. De las 19 víctimas, diez eran mujeres que visitaban a reclusos y habían pernoctado en el penal, a pesar de que está prohibido.

El OVP denunció la presencia de cuatro fosas comunes en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en octubre del 2016. Allí se enterraba a los internos asesinados por no pagar la “causa” (extorsión semanal de Bs. 2500, alrededor de 4 euros, que deben pagar los reclusos al líder de la cárcel). Los reclusos declararon: “Rompen el piso, meten los cuerpos, les echan cal y tapan otra vez con cemento”[^2]. En el 2009, el OVP presentó ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas el caso de desaparición forzosa de Francisco Guerrero Larez, recluido en la PGV. El Comité condenó al Estado venezolano, en el 2015, por esta desaparición[^3]. La última fosa se abrió tras la explosión de una granada durante la celebración del cumpleaños de Franklin Masacre (14 de septiembre del 2016), en la que once personas murieron. Los pranes (lideres negativos de la prisión) temiendo una acción del Gobierno, decidieron comprar cal y enterrar los cadáveres[^4] [^5]. Se estima que durante los hechos violentos de la PGV, que duraron entre septiembre y octubre 2016, fallecieron 39 personas, bien sea por enfermedades o de manera violenta (cf. “Movimientos colectivos).

La falta de medicamentos y de comida, tanto dentro como fuera de las cárceles, ha provocado un considerable incremento del número de muertes por enfermedades y desnutrición en el 2016. Es difícil estimar cuántas personas han fallecido a lo largo del último año por estas causas, dado que el acceso a la información es limitado.
Hasta octubre del 2016, al menos nueve personas habían muerto de tuberculosis en la PGV[^6].

En la Comisaría de Polichacao, al menos dos personas han muerto por malnutrición durante el 2016.

El 8 de septiembre del 2016, los detenidos del cuartel de la Policía de Táchira tomaron posesión del recinto y secuestraron a dos funcionarios y nueve mujeres visitantes. Algunas semanas después, y sin que las autoridades pudiesen aún retomar el control de la situación, Juan Carlos Herrera falleció descuartizado a manos de sus compañeros. “La información que tenemos —por uno de los que estaba con él— es que a mi hijo [y a otro recluso más, ndlr] lo agarraron entre 40 personas, lo apuñalaron, lo colgaron para que se desangrara y se lo dieron de comer a los reclusos. […] A quienes no lo hicieran los golpeaban, les quitaban dedos, les partieron las piernas, les perforaron pulmones y los golpeaban en la cabeza con un martillo; fue atroz y desastroso lo que vivieron esas personas allá”, declaró su padre a la prensa. El autor de los hechos es Dorancel Vargas Gómez (“El Comegente”), un esquizofrénico paranoide condenado en 1999 por canibalismo y declarado inimputable. Seis funcionarios de de policía del estado Táchira fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público el 11 de octubre[^7].

[^1]: “Aftermath in Uribana: Few answers, no closure” en Caracas Chronicles, 11/12/2014 [en inglés] [^2]: “Denuncian 4 fosas comunes en cárcel de los llanos venezolanos” en El Estímulo, 19/10/2016 [^3]: Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, CAT/C/54/D/456/2011 [^4]: El Estímulo, op. cit. [^5]: “Funcionarios del Cicpc hallan restos humanos dentro de la PGV” en Caraota Digital, 14/11/2016 [^6]: “9no MUERTO DE TBC EN LA PGV” en Caraota Digital, 12/10/2016 [video] [^7]: “Apresan a 6 Politáchira por caso de secuestro y canibalismo” en El Estímulo, 13/10/2016

Los actos de tortura y malos tratos dentro de las prisiones son rara vez denunciados, a pesar de la frecuencia con la que ocurren. En los penales bajo el control de bandas armadas, la mayoría de los autores de estos actos son los mismos reclusos. La ausencia de autoridad institucional y la presencia de armas de fuego y drogas ocasionan a menudo arreglos de cuentas y enfrentamientos entre grupos. Se contabilizaron 6417 internos heridos entre 1999 y el primer semestre de 2015, registrándose un pico entre 2011 y 2012, con 2589 personas heridas.

A raíz del motín de El Rodeo II, en junio del 2011, que duró 20 días y dejó un saldo de 25 muertos, el Ejecutivo decidió crear el Ministerio del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios (MPPAP) con el fin de retomar el control de los centros penitenciarios del país, que luego pasó a ser el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP).

El pran de la PGV, Franklin Masacre, es conocido por ser un líder sanguinario¹. Durante el segundo semestre del 2016, surgieron diversas denuncias de amputación de miembros a reclusos que no le pagaban la “causa” semanal o que infringían una norma interna², además del hallazgo de fosas comunes con restos de decenas de reclusos asesinados bajo sus ordenes.

En los penales en los que el MPPSP aplica el “Nuevo Régimen Penitenciario”, los familiares de reclusos denuncian continuamente los malos tratos y torturas que se cometen. Los guardias infligen castigos corporales y sancionan con aislamientos prolongados a los internos que no cumplen con las reglas. El OVP denunció que las mujeres del anexo femenino de la cárcel de Uribana han recibido gases lacrimógenos, perdigones y se les ha rapado la cabeza durante el aislamiento.

Pronunciamientos de instancias internacionales¶

Ocho centros penitenciarios están actualmente bajo medidas cautelares³ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el Internado Judicial de Monagas “La Pica”; el Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II; el Internado Judicial Capital El Rodeo I y Rodeo II; el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental “Cárcel de Uribana”; el Centro Penitenciario de Aragua “Cárcel de Tocorón”; el Internado Judicial de Ciudad Bolívar “Vista Hermosa”, y el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA).

Un informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2015, afirma que el gobierno venezolano no investiga ni sanciona de manera adecuada las denuncias de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Según informes alternativos enviados por ONG venezolanas al CAT, de las 5000 denuncias que se han presentado en la última década, solo 12 han resultado en la sanción de un funcionario⁴.

Durante el Examen Periódico Universal del 2014, el CAT pidió investigar las 185 denuncias de tortura y tratos crueles que ocurrieron, ese mismo año, en el marco de protestas sociales. Las víctimas denunciaron haber sido quemadas, electrocutadas y amenazadas de muerte por los cuerpos de seguridad para obtener confesiones.

Según Provea, con datos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP), más de 8000 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre el 13 de junio y el 13 de octubre del 2015, en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo. Estas personas permanecieron detenidas entre 10 horas y 45 días.

En el 2014, se contabilizaron 3570 detenciones arbitrarias, 400 de ellas concernían a menores de edad. La mayoría ocurrieron en el marco de las protestas, organizadas entre febrero y mayo de 2014, contra la inseguridad, la inflación, y la escasez de alimentos y medicinas.

Según Provea, entre 2010 y 2011, se registraron 134 333 detenciones arbitrarias, sobre todo en el marco del Dispositivo Bicentenario de Seguridad.