El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabilizó, a mayo del 2015, 49 644 personas privadas de libertad (46 883 hombres y 2761 mujeres). El 63.4 % de la población carcelaria se encuentra en prisión preventiva. No existe separación entre los procesados y los penados.

La tasa de ocupación general se eleva al 290 %. La población carcelaria está distribuida de manera desigual a nivel nacional: se estima que la tasa de ocupación de la cárcel de Tocuyito (Valencia) es del 232 % y la de la cárcel de San Antonio (Margarita) del 373 %.

Desde el momento de su creación, en el 2012, hasta hoy, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) ha cerrado cinco establecimientos penitenciarios. La población carcelaria ha sido trasladada a otros recintos, lo que agudiza aún más el problema de hacinamiento.

Tres mil internos fueron trasladados a la de la cárcel de Tocorón (Maracay) en agosto del 2016. Con una capacidad efectiva de 750 plazas y alrededor de 10 000 internos, Tocorón presenta una tasa de ocupación del 1500 %. El OVP afirma que la orden de trasladar a los reclusos fue dada por el pran (líder de la pandilla armada que controla el recinto) con la intención de aumentar las ganancias extraídas de los “impuestos” que pagan los reclusos¹.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que para septiembre del 2016 unas 33 000 personas se encontraban recluidas en calabozos de comisarías. Con capacidad para albergar a 5000 personas, la tasa de ocupación nacional en las comisarías es del 660 %¹. El hacinamiento impide que se separe a hombres, mujeres y menores en categorías. El OVP señala casos en los que reclusos han pasado hasta dos años en un calabozo policial esperando su juicio o incluso cumpliendo su condena².

Según el OVP, la responsabilidad de proveer a los reclusos los utensilios necesarios para el día a día en reclusión fue asignada a los cuerpos de seguridad. Para que una persona sea trasladada a un penal, la unidad de policía en la que está detenida, o su familia, le debe otorgar un “kit de traslado” (colchón, uniformes, artículos de higiene, etc.) que cuesta alrededor de cinco salarios mínimos. Esta es una de las causas de los altos índices de sobrepoblación en las comisarías.

En cambio, en los penales en los que se aplica el “Nuevo Régimen Penitenciario” los reclusos se atienen a las reglas del personal. Para identificar a las categorías de internos, se les asignan uniformes de diferentes colores: los preventivos utilizan el color azul y los penados el amarillo. Las mujeres van de color fucsia, independientemente del estado de su proceso penal. Sin embargo, no son separados en función de la gravedad del delito cometido.

La población reclusa femenina representa un 5.5 % del total. Las preventivas no son separadas de las condenadas en ningún penal.

La mayor parte de la población reclusa femenina (2119 mujeres) se distribuye en anexos situados en quince centros penitenciarios masculinos.

Los penales de los estados Zulia y Bolívar no poseen anexo para mujeres. Las reclusas cumplen sus condenas en comisarías y comparten celda con los hombres.
Los anexos no cuentan con áreas recreativas ni personal médico adaptado.

Marianela Sánchez, del OVP, relató el caso de una mujer recluida en el anexo David Viloira de la cárcel de Uribana, que sufrió infecciones en la piel, de manera crónica, durante sus cuatro años de reclusión, debido a que el agua suministrada estaba contaminada¹.

El Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), única cárcel de mujeres del país, alberga a 642 internas, de las cuales 48 son extranjeras. Con capacidad para 250 personas, la tasa de ocupación es del 256.8 %. El OVP constata “una grave situación de hacinamiento, [en la que] 6 y 7 reclusas se ven obligadas a compartir una celda individual de 2x3 metros” y algunas deben dormir en el piso o sobre papel periódico. Se han reportado fugas de aguas negras dentro de las celdas a causa del mal estado de las tuberías. El acceso al agua filtrada es limitado y las internas se ven obligadas a comprar botellones de agua vendidos a un precio tres veces mayor al del mercado.

El INOF tiene menores índices de violencia y mejores condiciones de vida que la mayoría de los penales. Sin embargo, el OVP informa de casos en los que el personal obliga a las reclusas a mantener relaciones sexuales a cambio de protección.

El OVP denuncia que la población reclusa femenina no cuenta con artículos de primera necesidad como jabón o toallas sanitarias.

Las mujeres reclusas no tienen derecho a visitas conyugales. La administración penitenciaria alega como razón la necesidad de prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos.

Las reclusas embarazadas dan a luz en un hospital. Sin embargo, se reportan problemas durante el traslado. Una mujer detenida en la comisaría de Los Teques (Caracas), en pleno trabajo de parto, recorrió cinco hospitales, durante más de 24 horas, ya que ninguno contaba con personal o equipos para atenderla².

Un menor puede permanecer en un penal con su madre hasta los cuatro años.

El OVP contabilizó entre 18 y 20 niños viviendo en el INOF en mayo del 2016. El centro cuenta con una guardería pero no se ofrece atención médica o psicológica adecuada.

Según el Defensor del Pueblo, 2052 menores de edad estaban privados de libertad en junio de 2015 (92.2 % niños y 7.8 % niñas).

El “Nuevo Régimen Penitenciario” se aplica en los 31 centros para menores del país. La gestión de los establecimientos está a cargo del Ministerio de la Salud o de las municipalidades.

La Ley Orgánica para la protección del Niño y el Adolescente (LOPNA) fue modificada en el 2014: la pena máxima para un menor de edad pasó de cinco a diez años.

Según el criminólogo Fermín Mármol García, el 60 % de los delitos registrados a nivel nacional son perpetrados por menores de edad, siendo el trafico de drogas, el robo a mano armada y los homicidios los más comunes¹.

Los centros para menores registran altos niveles de violencia. Las fugas, motines y enfrentamientos son comunes a nivel nacional.

A.B.S, un joven de 17 años internado por robar un celular, fue asesinado y desmembrado por sus compañeros, en noviembre del 2014, en la Unidad Socio-Educativa “Gral. José Francisco Bermúdez” de Monagas. Su madre declaró a la prensa que su hijo había sido asesinado por sus convicciones religiosas y porque no deseaba involucrarse con las pandillas del retén².

Treinta y tres menores de edad se escaparon del centro de internamiento “Los Cocos”, en la isla de Margarita, el 12 de abril del 2015. Ocho fueron capturados horas después. Los familiares denunciaron el hacinamiento y los malos tratos físicos a los que son sometidos los jóvenes. Una situación similar se registró, en abril del 2014, en el mismo establecimiento: un motín seguido de la fuga de diez internos³.

En el Servicio de Protección al Niño, Niña y Adolescente de Miranda (Sepinami) se reportó un motín, el 18 de enero del 2015, luego de que los guardias redujeran el tiempo de visita a media hora. La decisión fue tomada tras haber encontrado una gran cantidad de celulares durante una requisa. En signo de protesta, los jóvenes quemaron 30 colchones y abrieron un boquete para fugarse. No hubo ningún muerto o herido⁴.

Los jóvenes de la Unidad Socio Educativa “Dr. Jesús María Rengel”, en el estado Monagas, tomaron el control del penal durante varios días. Los doce trabajadores tuvieron que abandonar el recinto, ya que sus vidas estaban en riesgo⁵.

El número de presos políticos ha incrementado considerablemente en los últimos años. Según el Foro Penal, en el 2012, había una docena. Para marzo del 2017, la organización contabilizó 115^{1 2}.

Los presos políticos que reciben mucha atención mediática son recluidos en la prisión militar Ramo Verde para protegerlos.

“La Tumba”, un centro de detención subterráneo situado en la la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cerca de Plaza Venezuela (Caracas), ha sido denunciado por la ONG Justicia y Proceso por usar métodos de “tortura blanca” en presos políticos para que se declaren culpables de delitos que no habrían cometido. Las celdas miden 2x3m², tienen camas de cemento, paredes blancas y cámaras de seguridad. Se restringe la interacción entre los reclusos y una luz blanca se mantiene encendida las 24 horas del día. Las celdas se mantienen a una temperatura de 0°.

Rodolfo González, detenido en la sede del SEBIN desde abril del 2014, se suicidó el 13 de marzo del 2015 luego de haber sido informado que sería trasladado a la cárcel de Yare II, conocida por sus altos niveles de violencia³.

El 2 de marzo del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Lorent Saleh y Gerardo Carrero –ambos recluidos en la sede del SEBIN–, puesto que sus debilitados estados de salud, junto con los malos tratos y torturas a los cuales eran sometidos, ponían en riesgo su salud^{4 5}.