El acceso a la comida, limitado de por sí a nivel nacional, lo es aún más adentro de las cárceles. En algunos establecimientos, los internos reciben una comida diaria. El OVP registra regularmente denuncias de familiares que afirman que los reclusos reciben alimentos descompuestos.

Según la organización, un 60% de los internos del país no reciben ningún tipo de comida y dependen de la que les traen sus familiares cuando los visitan. La situación es similar en casi todos los calabozos de las comisarías[^1].

En el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la ración diaria se compone de un pedazo de pan o de una porción de arroz blanco. Se prohíbe el ingreso de alimentos traídos por familiares, aunque en la práctica son permitidos siempre y cuando se pague una cuota a los custodios. Sin embargo, el personal penitenciario castiga severamente a las reclusas que ingresan alimentos clandestinamente: el OVP denunció el caso de una mujer que pasó ocho horas castigada bajo el sol por haberse comido un paquete de galletas que no había sido ingresado de manera regular.

La ONG Ventana a la Libertad publicó, en agosto del 2015, un vídeo en el que se veía a unos internos del centro penitenciario Yare III cocinando a un gato para poder alimentarse.
La organización afirma haber recibido denuncias similares de los Internados Judiciales Rodeo I, II III, el INOF y de los calabozos[^2].

En la cárcel de Tocorón, bajo control del pran “El niño guerrero”, se venden productos alimenticios y de higiene que escasean afuera del penal, ya que la banda armada que opera en la prisión está en contacto con piratas de carretera que operan en la región. Los revendedores deben pagarle una comisión al pran[^3].   [^1]: “Crónicas del hambre – Pan y agua es el menú que más se repite en calabozos policiales” en Runrun.es, 08/11/2016 [^2]: “Denuncian que presos comen gatos por falta de alimentos en cárceles venezolanas” en El Nacional, 31/08/2015 [^3]: “No tengo que madrugar en un mercado porque en Tocorón hay de todo” en El Nacional, 15/08/2016

Se constatan problemas sanitarios graves, tanto en las cárceles como en las comisarías de policía. El acceso al agua, potable o no, es limitado. En muchos penales, los internos solo pueden obtener agua potable gracias a sus familiares y deben almacenar suministros de emergencia en baldes.

El OVP señala el caso del Centro Penitenciario Región Centro Oriental (El Dorado), donde el agua potable proviene de tuberías conectadas al Río Cuyuní, contaminado por la extracción minera en la zona.

Además, el OVP afirma haber constatado, durante las visitas realizadas a distintos penales de Venezuela: tuberías deterioradas, sistemas de aguas negras colapsadas que circulan por todas las áreas de los recintos, presencia de ratas, moscas de gran tamaño y falta de recolección de desechos.

En el centro penitenciario para mujeres (INOF) no existe un área acondicionada para depositar los desechos de basura, por lo que las autoridades utilizan una cancha de basquetbol como depósito; la basura cubre toda la superficie de la cancha y, debido a su acumulación progresiva, contiene todo tipo de desechos sanitarios, comida en descomposición e insectos. El camión del aseo pasa una sola vez a la semana y, dada la cantidad de desechos acumulado, no recupera todo.

Los calabozos de policía no cuentan con baños para ducharse o hacer necesidades. En algunos centros penitenciarios, los reclusos se ven obligados a hacer sus necesidades en bolsas o recipientes plásticos.

Los altos índices de ocupación favorecen la propagación de infecciones cutáneas como dermatitis, escabiosis y piojos. Las celdas no poseen un sistema de ventilación adecuado a las altas temperaturas que se registran en Venezuela a lo largo del año. Se describe un olor nauseabundo en todos los penales y comisarías del país.

La gran mayoría de los recintos penitenciarios carecen de personal especializado (enfermeras y médicos), así como de equipos, insumos y medicamentos, para atender emergencias y situaciones cotidianas en materia de salud.

Los medicamentos corren por cuenta de los familiares. El OVP ha recibido denuncias de allegados que afirman ser ellos, o los compañeros, los que deben ocuparse de curar y limpiar las heridas de un recluso cuando le disparan.

Las enfermedades más frecuentes son las enfermedades dermatológicas y los trastornos gastrointestinales, asociados a la mala alimentación y la falta de agua potable.

Las personas enfermas de tuberculosis o VIH/Sida tampoco reciben el tratamiento correspondiente. Varios vídeos provenientes de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) muestran a reclusos en estado de inanición, pidiéndole a la ministra del Ministerio del Poder Popular del Servicio Penitenciario (MPPSP), Iris Valera, que por favor envíe medicinas y comida. En uno de los vídeos, los reclusos afirman que ocho compañeros del penal han fallecido recientemente por falta de tratamiento^{1 2}.

Humberto Prado escribe, en octubre del 2016: “Desde inicios del mes de octubre, familiares de reclusos de la Penitenciaria General de Venezuela han denunciado que un total de 27 reos padecen de esta enfermedad y dos están en estado crítico, pues ni siquiera pueden caminar y, por ende, fueron abandonados a su suerte en el rincón más aislado de este penal que alberga a 11.700 reclusos”³.

El INOF no cuenta con una ambulancia o vehículo de trasporte para el traslado inmediato en casos urgentes. La reclusas y sus familiares han denunciado en repetidas ocasiones, ante el OVP, la precaria atención que se presta a las emergencias médicas, lo que pone en riesgo la vida de las internas. Varias reclusas han fallecido durante el parto, ya que no han sido trasladadas a centros hospitalarios para su oportuna atención.

En las comisarías, enfermedades infecciosas como la escabiosis, las infecciones cutáneas, la conjuntivitis o la gripe se propagan debido al hacinamiento y la falta de higiene. Los reclusos también presentan enfermedades respiratorias de carácter crónico que requieren tratamiento médico constante, como el asma, la bronquitis o incluso la neumonía. Según Humberto Prado, “en 2015 un brote de tuberculosis mató en solo cuatro meses a 11 privados de libertad, mientras que otro 1.700 corrían riesgo de contagio en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, en el estado Zulia”⁴.

Los calabozos de policía no cuentan con el presupuesto necesario para mantener una asistencia médica permanente in situ, por lo que los detenidos enfermos deben esperar para ser trasladados a un hospital. En los casos menos graves, los reclusos deben esperar a que un tribunal autorice su traslado a un centro de asistencia. Este procedimiento es lento y cuando el interno consulta por fin a un médico, la enfermedad ya se ha complicado o sanado.

En algunos centros penitenciarios que se encuentran bajo el Nuevo Régimen Penitenciario se desarrollan talleres de trabajo, sobre todo de carpintería y herrería. Sin embargo, según la información aportada tanto por internos como por sus familiares, el trabajo en las cárceles venezolanas no es remunerado, a pesar de que la Ley de Régimen Penitenciario establece que el trabajo en prisión se rige por la Ley Orgánica del Trabajo.

El Código Penitenciario, aprobado el 15 de agosto del 2013 –aún no vigente–, considera el trabajo en reclusión como una obligación y no como un derecho.

Según testimonios recibidos por el OVP, los reclusos que se niegan a trabajar son víctimas de malos tratos por parte de los guardias.

El Gobierno venezolano impide que organizaciones nacionales o internacionales de defensa de derechos humanos realicen actividades de monitoreo dentro de las cárceles. Solo se permite el acceso a ciertas órdenes religiosas, católicas o evangélicas, para ofrecer apoyo espiritual a los reclusos.

Los defensores de derechos humanos son víctimas de hostigamiento por parte del Estado venezolano. Humberto Prado, director del OVP, ha sido objeto de campañas de difamación por parte de miembros del Ejecutivo desde el 2010. Durante el último ataque, en abril del 2016, hackearon su cuenta Facebook, publicaron la dirección de su domicilio y profirieron amenazas en su contra. La OMCT, Front Line Defenders, la FIDH, Amnistía Internacional y la ONU expresaron su preocupación ante estos hechos¹.

El OVP, creado en el 2002, publica anualmente informes en los que se reflejan el número de muertes, de heridos, de fugas, de motines, entre otros. Durante la elaboración de dichos informes, la organización realiza actividades de documentación como el proyecto de Censos Jurídicos, que llevó a cabo en las comisarías de la región metropolitana de Caracas en el 2015. A través de encuestas realizadas a los detenidos, se buscaba determinar las condiciones de detención en cada comisaría y las razones por las cuales ciertas personas no eran trasladas a las cárceles.
La ONG también se ocupa de alertar a las autoridades públicas e internacionales sobre la situación de las prisiones en el país.

La ONG Una Ventana a la Libertad, creada en 1996, se dedica a denunciar las violaciones de derechos humanos en las cárceles venezolanas y a ofrecer asistencia humanitaria a los reclusos y a sus allegados.

El Foro Penal Venezolano, que provee asistencia jurídica a las personas detenidas arbitrariamente en manifestaciones sociales, cuenta con el apoyo de alrededor de 400 abogados penalistas a nivel nacional y 1500 voluntarios que ofrecen asistencia a los familiares de víctimas.

En las cárceles bajo control de un autogobierno, los internos deben pagarle al pran la “causa”, es decir una cuota periódica simplemente por concepto de permanecer en el recinto.

En el penal de Tocorón (estado Aragua) opera un “banco” (una estructura improvisada en tablas de madera) que realiza préstamos a los internos con intereses semanales de entre el 10 % y el 20 %. Los familiares de reclusos que viven lejos de la cárcel de Tocorón depositan la “causa” en una cuenta de banco de la familia del pran¹. Este sistema también existe en otras cárceles del país.

El autogobierno cobra una cifra aún más elevada a los visitantes que deseen pernoctar en el penal. También se adquieren ingresos a través de la venta de insumos básicos o de drogas (los jíbaros que operan en la prisión deben pagar una comisión al pran), la protección a ciertos internos o la autorización de dormir en un zona con mejores condiciones de vida, y las operaciones delictivas realizadas fuera de la cárcel como extorsiones, secuestros y robos.

El dinero colectado se utiliza para comprar armas al personal penitenciario y a la guardia nacional pero también para suministrar alimentos, productos de aseo y actividades recreativas ilícitas (fiestas, conciertos, etc.).

Las protestas, motines y fugas son frecuentes en las cárceles venezolanas. El OVP señala que los motivos principales de protesta son las malas condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios (insalubridad, hambre, enfermedades), la falta de traslado a tribunales y los malos tratos infligidos por la Guardia Nacional Bolivariana, el personal penitenciario y el Grupo de Requisa Inmediata Carcelaria (GRIC).

Las maneras más comunes de protestar son las huelgas de hambre, las huelgas de sangre (automutilaciones) y las “bocas cosidas”. Tan solo durante el primer trimestre del 2015, el OVP registró 1220 bocas cosidas, 14 fugas –en las cuales se evadieron 79 reclusos– 6 motines y 6 secuestros de funcionarios en 20 comisarías. Estos eventos dejaron un saldo de 49 heridos y 9 muertos.

El 27 de abril del 2015, 40 detenidos de la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Catia (Caracas) tomaron como rehenes a dos oficiales para exigir que se les trasladara a un centro penitenciario, puesto que llevaban ocho meses detenidos en ese lugar. El motín se saldó con la muerte de un interno y el traslado de otros 25. Las instalaciones de la PNB de Catia tienen capacidad para 50 personas pero alberga a 186 al momento del motín¹.

El número de secuestros de personal penitenciario por parte de los reclusos, para exigir mejores tratos al MPPSP, ha aumentado considerablemente en los últimos años.

La ONG “Una Ventana a la Libertad” reportó un motín en El Rodeo II (Caracas), el 22 de octubre del 2015. Un grupo de reclusos tomó como rehenes a ocho personas para protestar contra la falta de comida y los maltratos a los que los sometían los custodios. Dos internos fallecieron: al primero le dispararon desde afuera cuando subió al techo a colocar una pancarta, y el segundo murió asfixiado por las bombas lacrimógenas que lanzaron los cuerpos de seguridad dentro del recinto para tratar de recuperar el control de la comisaría.

Tras la muerte de Teófilo Rodríguez (alias “El Conejo”), pran de la cárcel de San Antonio (Margarita), en enero del 2016, los reclusos del centro penitenciario que controlaba decidieron rendirle homenaje subiéndose al techo y disparando al aire con sus armas. Un video del “homenaje”, difundido en las redes sociales, puso de manifiesto la falta de control del personal penitenciario de ciertos recintos y la libre circulación de artillería pesada².

A principios de agosto del 2016, el pran de la Penitenciaria General de Venezuela (Guárico), Franklin Masacre, secuestró a 51 personas para exigirle al MPPSP que trasladara a 2000 reclusos más y poder cobrar la “causa” a más personas. El ministerio accedió a la petición unos días después.
El 14 de septiembre explotó una granada en el penal, dejando 12 muertos y 23 heridos. Esto puso en evidencia que el robo de 84 granadas del Fuerte Conopoima fue orquestado por los pranes de la PGV. Ante las amenazas de intervención por parte de las fuerzas armadas³, más de 300 allegados se introdujeron en el recinto. Durante varias semanas las redes sociales fueron teatro de un enfrentamiento mediático entre el MPPSP y los pranes de la PGV: por un lado, el MPPSP hizo público vídeos sobre fosas comunes, mutilaciones y otros crímenes cometidos por los reclusos, y por otro lado, los pranes filmaron a internos enfermos de tuberculosis, a cadáveres y a los familiares pidiendo que se cancelara la intervención.
La Guardia Nacional Bolivariana intervino el 22 de octubre, con artillería pesada, para retomar el control de la situación[^]. El penal fue clausurado y los internos trasladados a otras prisiones del país. Cuatro recluso y Franklin Hernández (“Masacre”) fueron imputados por su responsabilidad en los hechos⁴.

El OVP señala que en los en los penales en los que se aplica el Nuevo Régimen Penitenciario —en el cual se impone una disciplina cuasi militar— las sanciones disciplinarias aplicadas no respetan los derechos humanos de los internos. Las más practicadas son el aislamiento prolongado y la suspensión del suministro de agua.

En el informe 2015, publicado por el OVP, se describe: “Según los familiares de internos, en algunos centros como la Comunidad Penitenciaria Fénix, los aislamientos pueden durar hasta quince días y durante todo ese tiempo se niega a los reclusos, alimentación y visitas. En el caso de anexos, se ha podido conocer que las mujeres son encerradas en celdas de castigo donde se les arrojan gases lacrimógenos y perdigones, se les corta el cabello en contra de su voluntad, entre otras cosas”.

El OVP ha recibido incontables denuncias de abusos perpetrados por la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) del MPPSP —división que se encarga de realizar las requisas de las celdas donde se encuentran las mujeres del INOF. Las reclusas relatan haber sido golpeadas y abusadas sexualmente durante las requisas.