El 6 de agosto del 2008, el Congreso Nacional abolió la Ley de Justicia Militar, considerada como el último remanente de la pena de muerte en Argentina. Sin embargo, desde la recuperación de la democracia en 1983, nadie había sido condenado a esta pena.

Un estudio realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contabilizó 272 muertes en el Sistema Penitenciario Federal (SPF) entre 2009 y 2014, el 46.3% de forma violenta. Se entiende por muerte violenta, los suicidios o los homicidios a manos del personal o de otro interno. En los primeros seis meses del 2015, fallecieron 28 personas bajo la custodia del SPF (casi una persona por semana).

El mismo estudio arrojó 707 muertes por el mismo periodo en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el 33.8% de ellas violentas. El servicio penitenciario esconde las muertes relacionadas con malos tratos con diagnósticos como “paro cardiorespiratorio” o “aseptisemia”, sin indagar sobre el origen de estas afecciones.

No hay cifras disponibles sobre el número de decesos en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

El informe del 2014 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP) indica que, en las cárceles de todo el país, fallecieron 226 internos. El SNEEP aclara que esta cifra no representa la realidad, puesto que los datos provienen de la administración penitenciaria de cada cárcel.

La causa de fallecimiento se desconoce en el 58% de los casos.   
En el SPF, las causas conocidas de deceso más comunes son: un 60% enfermedades, entre ellas, un 34% VIH-Sida; un 19% homicidios, malos tratos o peleas; y un 15% suicidios.

La PPN computó 775 casos de malos tratos o tortura en 2015. El SPB, que alberga más de 30 000 internos en 55 centros, no posee una política común en cuanto al uso de la fuerza; ello depende de las disposiciones del director de cada unidad. La falta de política central también se ve reflejada en la irregularidad, en términos de frecuencia y calidad, con la que se investigan las denuncias de tortura y malos tratos.

C.A.A, un hombre de 27 años, falleció en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza el 21 de enero de 2015. Aunque la versión oficial declara que se suicidó en una celda de castigo, su familia afirma que los guardias le propinaron una golpiza que le causó la muerte. El compañero de celda de C.A.A., principal testigo de la investigación, falleció en circunstancias sospechosas un tiempo después. C.A.A. ya había recibido una orden de excarcelación cuando falleció.

En todo el sistema penal, tanto el federal como provincial, existe el llamado Régimen de Resguardo de Integridad Física (RIF), llamados coloquialmente “buzones”. Son lugares de aislamiento con celdas individuales de máxima seguridad.

El traslado abusivo de reclusos a lo largo del país, llamado “calesita”, es uno de los castigos más frecuentes. La ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 (art. 71 a 73) especifica los modos de traslado de los internos y estipula que se debe asignar un penal cercano al domicilio familiar. Asimismo, establece que el traslado y sus motivos deben simplemente ser “comunicados” al juez competente. Esta última disposición es la que permite que se cometan arbitrariedades, ya que el personal penitenciario tiene toda la competencia de decisión en materia de translados. La PPN impulsó una reforma de ley en 2015 para regular esta práctica y para que se considere como una forma de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante: los reclusos son rara vez informados previamente, son alejados de sus familiares, pierden sus pertenencias, trabajo o curso educativo y son recibidos con golpizas en el nuevo penal.

El Observatorio Internacional de Prisiones (OIP) argentino contabiliza 51 casos de detención arbitraria en 2015, varios de ellos saldados con el asesinato de la víctima. El OIP considera que el número de casos de detención arbitraria ha aumentado durante estos últimos años, sobre todo los relacionados con protestas sociales o con operativos policiales de reducción de la criminalidad.

En mayo, se llevó a cabo un operativo en doce barrios humildes de Córdoba, en el que participaron más de 1 500 efectivos, entre ellos, el grupo de elite “Equipo Táctico Especial Recomendado” (ETER). Utilizando el Código de Faltas cordobés, detuvieron a 350 jóvenes, allanaron casas y ocuparon barrios. Los jóvenes detenidos sufrieron malos tratos, torturas y estuvieron encerrados en celdas sobrepobladas.