El Estado debe reconocer la crisis que atraviesa el sistema penitenciario y permitir que las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a datos actualizados.

Cubrir los puestos vacantes en la administración de justicia penal; alrededor de 165 cargos faltantes.

Constituir el mecanismo de seguimiento de la Convención contra la Tortura y cubrir las vacancias de organismos de control como la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Hacer una profunda reforma de los servicios penitenciarios para que sus competencias sean claramente limitadas a las de una fuerza de seguridad. Todos los servicios para la asistencia, educación y reinserción deben ser competencia de los ministerios relacionados con esa área. Por ejemplo, los profesionales del servicio médico deberían depender del Ministerio de la Salud.

La ejecución penal debe quedar íntegramente en manos del juez competente. Falta nombrar 75 secretarias de ejecución penal con asiento en los penales. La autorización de salidas transitorias, salidas laborales, libertad vigilada o anticipada, debe ser analizada por un equipo interdisciplinario que solo responda al juez de ejecución penal y cuya estabilidad laboral dependa del Poder Judicial.