Oficialmente, hay 250 centros penitenciarios en Argentina: 34 prisiones federales, 55 penales bonaerenses y 161 cárceles de provincias. Esta cifra no incluye numerosas comisarías que han comenzado a ser utilizadas recientemente como penales.
Una resolución del 2010 establece que el régimen penitenciario de cada penal depende de su grado de seguridad y disciplina. En el Sistema Penitenciario Federal (SPF), el Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Sistema Penitenciario Provincial (SPP) hay tres tipos de régimen:

• Cerrado para delitos graves;
• Semiabierto para la “fase de confianza”;
• Abierto para finalizar la condena.

Los regímenes semiabiertos implican que alrededor del penal hay alambrado en vez de una muralla perimetral. Debido al hacinamiento y a la corrupción, estos criterios no se respetan en la práctica. También hay “establecimientos polivalentes” donde se aplican regímenes diferentes según el sector.
El Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres Ezeiza, de nivel de seguridad máximo/medio, tiene además un centro de rehabilitación para drogodependientes y un servicio psiquiátrico.

Hay ocho establecimientos de máxima seguridad. La mayoría tiene alambrado externo, sensores de movimiento, cámaras de seguridad y muralla perimetral. Estas medidas de seguridad no han impedido las fugas, ligadas al mal funcionamiento de estos recintos.

No hay estadísticas globales sobre el personal penal desde el 2003.
El SPF está bajo tutela del Ministerio de Justicia de la Nación. Los diferentes SPP están bajo tutela de los Ministerios de Justicias correspondientes a cada provincia, y en Santa Fe, el SPP está bajo tutela del Ministerio de la Seguridad.

El SPF cuenta con una academia de formación para el personal penitenciario. Para los escalafones “Cuerpo General y Administrativo” (el 60% del personal), se debe realizar un curso de tres años en la Escuela Penitenciaria de la Nación. Para el escalafón profesional, compuesto por criminólogos, juristas, trabajadores sociales, personal de sanidad y profesores, se requieren estudios universitarios y un curso de tres meses. El SPB cuenta con el Instituto Superior de Formación y Capacitación del Personal Penitenciario N° 6001.
El salario de un inspector general del SPF – jerarquía más alta – aumentó a 16 326 pesos (1 140 USD) en 2015. Un cadete de segundo año – jerarquía más baja – gana ahora 6 074 pesos (424 USD). Las condiciones de trabajo son muy difíciles, ya que las cárceles están sobrepobladas y en mal estado. Aunque son empleados públicos, el personal penitenciario no tiene un sindicato que defienda sus derechos.

Un estudio de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) muestra que actualmente hay 749 agentes investigados. El organismo reconoce estos avances pero alerta que los indicadores de violencia, policial o de otros cuerpos, continúan aumentando. El personal no suele ser sacionado y el OIP estima que las autoridades judiciales tienden a culpabilizar a las victimas en vez de reconocerlas.

Una encuesta realizada en el 2015, por la Universidad de Tres de Febrero, indica que siete de cada diez reclusos aseguran pagar a los funcionarios para obtener ciertos beneficios (ingresar alimentos, obtener visitas íntimas, poseer objetos prohibidos como celulares); el 25% afirma que son empleados del penal quienes les venden las drogas. Según el informe, la corrupción es producto de la falta de controles rigurosos. La dirección penitenciaria argumenta que estas prácticas evitan los intentos de motines o de fugas. Los internos denuncian que de no sobornar a los agentes, estos los acosan o los encierran en celdas de castigo.