La ley establece que las celdas individuales deben medir al menos 3x3m2. En realidad, en cada celda está con tres camas. Las sábanas y cobijas corren por cuenta del interno; cuando se las quitan entre reclusos, el servicio penitenciario no interviene para calmar el conflicto. Los reclusos tienen acceso a agua caliente sólo ocasionalmente. Las evacuaciones son deficientes y los penales tienden a inundarse cuando llueve.

El estado de las infraestructuras de una cárcel varía según la época en la que fue construida – la mayoría de aquellas que datan del siglo XIX están en mal estado – y del tipo de régimen que se aplica: federal, bonaerense o provincial.
Las condiciones de detención en las cárceles Bonaerenses son generalmente más deficientes que en las federales. Por ejemplo, el penal de Devoto tiene un baño para cien personas y las conexiones eléctricas no están protegidas. Se planea clausurar este establecimiento pero el proyecto aún está en espera. El penal provincial unidad 1 de Corrientes también es conocido por sus condiciones adversas.

En el centro para menores Michel Torino faltan estufas y hay humedad, filtraciones, instalaciones eléctricas peligrosas, baños parcialmente clausurados desde hace meses y solo dos duchas con agua caliente.

La comida no cumple con los estándares de calidad. En ciertos penales, los internos con buena conducta o conocimientos culinarios pueden cocinar, aunque supervisados por los guardias. También es posible que una empresa privada provea el servicio. En ambos casos, el suministro de alimentos es escaso y los internos dependen de la ayuda familiar.

La ley dispone que un nutricionista elabore los menús de los adultos y de los menores, pero en la práctica, esto no se respeta. El Observatorio Internacional de Prisiones (OIP) argentino ha entrevistado adolescentes que se quejan del tamaño de las raciones y del poco tiempo del que disponen para comer. Las colaciones no se distribuyen diariamente y los alimentos llegan con demora en vehículos no aptos.

Los artículos de limpieza escasean. Muchos internos dependen de lo que le traigan sus familiares o amigos. Los internos en los que confía el personal se encargan de limpiar los espacios comunes, de recolectar residuos y de baldear los pasillos. La insalubridad y la presencia de plagas como cucarachas, ratas, moscas y mosquitos aumenta el riesgo de contraer dengue, zika o fiebre chikunguña.

La basura se arroja en un tambor común y, según el penal, se retira una vez al día o menos. Los desechos se descargan directamente en el camión, lo que favorece la contaminación y la proliferación de gérmenes.

El sistema de salud depende del servicio penitenciario y no del Ministerio de la Salud. El personal médico responde a las instrucciones del director de cada penal. Esto compromete la independencia que poseen, sobre todo cuando se trata de constatar malos tratos o torturas. En la mayoría de los penales, hay una enfermería a cargo de un enfermero o de un médico presente durante el día. Estos pueden tratar lesiones menores y constatar si un paciente debe ser trasladado a un hospital. Un psiquiatra se presenta algunos días por semana. El enfermero a cargo puede consultarlo por teléfono.

Un informe de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires cita 200 denuncias de atención medica deficiente en centros penitenciarios. Se relevaron problemas oftalmológicos, convulsiones, tuberculosis, altas temperaturas, cuadros pulmonares, problemas psicológicos (producto del aislamiento), entre otros. Desde hace décadas hay denuncias por falta de medicamentos o por medicamentos vencidos.
El Estado asume el costo de las hospitalizaciones. Las medicinas básicas también son gratuitas pero los medicamentos específicos, corren por cuenta del interno o de su familia. Se puede solicitar el pago al Ministerio de Acción Social de la Nación (penales federales) o al Ministerio de la Salud de la Provincia (penales de provincia). Los internos que padecen VIH/Sida recurren a menudo a ellos.

Las personas drogodependientes que desean rehabilitarse no reciben una atención adecuada. Los agentes penitenciarios son habilitados para organizar grupos de ayuda si realizan un curso de tres meses. El OIP estima que ese tiempo de formación no es suficiente. El servicio penitenciario mezcla a las personas con adicciones y a las personas con enfermedades mentales.

Las depresiones son recurrentes y poco atendidas; las consultas con psicólogos o psiquiatras son breves y no se desarrollan verdaderos programas de ayuda.

La calidad y la frecuencia de las actividades dependen de la provincia o de si se trata de penales federales. El Sistema Penal Bonaerense (SPB) organiza periódicamente campeonatos de fútbol interpenales. También realizan talleres de literatura, periodismo o lectura. Los diferentes guías espirituales organizan lecturas bíblicas.

Las bibliotecas son escazas y la mayoría funciona gracias a donaciones. Muchos detenidos donan sus libros al ser liberados. No todos los reclusos tienen acceso a las bibliotecas o a las salas de estudio.
Todas estas actividades están destinadas a grupos pequeños, y deben ser autorizadas por la administración penitenciaria, que a menudo las prohíbe por “razones de seguridad”.

Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP), publicado en 2014, el 59% de los internos (37 929) a nivel nacional no tenía trabajo remunerado, porcentaje estable en los últimos cinco años. De los que sí trabajan (26 572), el 15% efectúa hasta 40 horas semanales.

Los tipos de trabajos son: agricultura o forrajearía, producción de muebles, artículos deportivos o de limpieza, y mantenimiento de los pabellones. La Corte de Casación declaró en 2014 que los trabajos realizados para las empresas privadas deben ser remunerados con el salario mínimo: 22 pesos/hora (1.47 USD) por 200 horas mensuales. Este dinero no se le entrega al recluso; un tercio se destina a compensar a la víctima, otro a los gastos personales y el último se guarda para entregárselo al momento de su excarcelación. Si el empleador es el Estado, es posible que no se remunere el trabajo, ya que se considera como una retribución a la sociedad.

Hay un sindicato de trabajadores reclusos, el Sindicado Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA). Tiene representantes en cuatro cárceles federales: los Complejos Penitenciarios I y IV de Ezeiza, la Unidad Nº 4 de Santa Rosa, y el Complejo II de Marcos Paz. También cuentan con una seccional en el penal de Viedma, dependiente del servicio penitenciario de Río Negro.

La educación primaria es obligatoria para aquellos que no la hayan terminado. Es posible realizar estudios secundarios o universitarios pero la administración penitenciaria no incentiva a los internos a hacerlo: el tiempo de estudio es considerado tiempo de recreación y por esta razón se les impide acceder al patio colectivo cuando cursan estudios.

El 48% de los reclusos (32 900), a nivel nacional, no participa en ningún programa educativo (cifras 2014 del SNEEP). El 14% (1 300) de los reclusos del Sistema Penitenciario Federal (SPF) participan en una formación. El 1.6% (1 139) realiza estudios superiores.

El SPF ha intentado cerrar en varias ocasiones el Centro Universitario de Devoto (CUD), ya que depende de la Universidad de Buenos Aires y se les hace difícil imponer las reglas de seguridad que desean.

Los profesores que intervienen en los penales deben poseer un certificado de capacitación especial, además del título de docente. La formación es diferente si el profesor interviene en un centro para menores o en una cárcel.

Las religiones pueden ser practicadas libremente. Las más representadas son el evangelismo, el catolicismo y la umbanda o quimbanda afrobrasileñas.

La más importante es el evangelismo, ya que muchos pastores están presentes en las cárceles argentinas. En ciertas cárceles, los grupos evangélicos pueden tomar el control de un pabellón y pedirle a los internos que desean beneficiar de su protección que se conviertan al evangelismo. Esto es común en cárceles bonaerenses como el penal Magdalena.

Todas las cárceles tienen una capilla católica pero hay pocos curas presentes. Los capellanes que intervienen reciben un sueldo.

Los organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil reconocidas legalmente pueden, en teoría, ingresar con previa solicitud.
Al OIP se le impidió ingresar a cárceles federales durante el mandato de Cristina Fernández de Kichner. Se afirmó que la organización no estaba activa desde 1999, a pesar de registrar actividad seis meses atrás. El OIP continuó sus labores a pesar de esto y pudo monitorear las votaciones en penales federales por disposición de la Cámara Federal Electoral. Nunca se le restringió el acceso a las cárceles provinciales.

Los reclusos pueden disponer de una cuenta de ahorros, administrada por una persona de confianza (familiar, abogado o amigo), en la que depositan el dinero que ganan por su trabajo en prisión; sus ahorros pueden utilizarse solamente para sufragar los gastos personales básicos. Los internos en situación de indigencia benefician raramente de ayudas sociales. Las organizaciones humanitarias se ocupan de estos casos en función de sus posibilidades. Se puede adquirir productos básicos dentro de los penales pero a un precio superior al del mercado.

En algunos recintos existe una radio. Otras unidades editan revistas que, además de permitir a los reclusos expresar sus ideas y difundir trabajos literarios, les da la oportunidad de aprender un oficio.

El SUTPLA carece de personalidad jurídica pero forma parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las personas en prisión preventiva pueden votar desde el 2006 tras la modificación de una ley, heredada de la dictadura, que impedía el voto a todos los reclusos. Los jóvenes de 16 a 18 años tienen derecho al voto facultativo (el voto es obligatorio para las personas mayores de edad).

Se recurre a abusos físicos y a requisas de las celdas como forma de sanción. Si se encuentran objetos punzocortantes u otras armas, los reclusos son puestos en aislamiento.

Se registra a los internos cuando ingresan y se retiran de los locutorios o cuando van a un lugar de concentración como la cancha de fútbol. La Ley de Ejecución N° 24.660 establece que las requisas deben respetar la dignidad humana y que “el registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces” (art.163). Según la PPN, los sensores no se han implementado en ninguna unidad y los registros manuales se siguen practicando.

Se constata la presencia de estupefacientes dentro de penales, ingresados clandestinamente por visitantes o por miembros del personal penitenciario. A pesar de tener un sistema de seguridad eficiente, existe la posibilidad de fugarse con complicidad del personal penitenciario.
El 27 de diciembre 2015, tres reclusos condenados a cadena perpetua por narcotráfico se fugaron del penal de máxima seguridad General Alvear en Santa Fe, a pesar de que debían tener una custodia especial y estar monitoreados por las cámaras de seguridad (que no funcionaban desde el mes de octubre). Se presume que los vídeos fueron incautados por la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense. Los evasores fueron capturados trece días después. Este caso atrajo una importante cobertura mediática, ya que se sospecha una red de complicidad entre policías del SPB y de ciertos sectores políticos.