Las celdas están ubicadas en los módulos residenciales. Normalmente hay una litera, un escritorio, un armario y una zona de aseo con ducha. Un máximo de dos internos pueden compartir una celda, siempre y cuando se respete el espacio mínimo por recluso – en promedio 9.71m². Fuentes que frecuentan estos espacios afirman que este principio no se respeta en la práctica. Las prisiones construidas recientemente están diseñadas para alojar más de dos reclusos en una celda. Los reclusos se quejan de la falta de agua caliente en invierno y de la estrechez de las ventanas en las celdas.

El régimen ordinario (segundo grado) prevé actividades obligatorias (aseo personal, limpieza y orden de la celda). Existe un horario base que tiene que ser cumplido por todos. Hasta las 8, las personas pueden asearse y se realiza el primer recuento. A las 8.30 se acude al comedor para desayunar. Hasta las 13.30, se realizan las actividades o se está en el patio. A las 13.30 se procede al reparto de la comida. A partir de las 14.30, se vuelve a la celda y hay un nuevo recuento. Los internos permanecen en sus celdas hasta las 16.30, momento en que se vuelve a salir al patio o se realizan actividades. A las 19.30 se vuelve al comedor a cenar. Después de eso, pueden permanecer en el patio hasta las 21.00, momento en que se vuelve a la celda. A las 21.30 se realiza otro recuento y a las 00.00 se apaga la luz.

Empresas privadas surten los alimentos y los internos empleados en la cocina los preparan. La dieta respeta criterios como la edad, el estado de salud o convicciones religiosas o personales. Se sirven tres comidas diarias y el acceso al agua es ilimitado.

Las organizaciones de defensa de derechos humanos estiman que las condiciones de higiene en las cárceles españolas son satisfactorias y están por encima de la media Europea.

La administración penitenciaria entrega mensualmente un kit de higiene con jabón, pasta dental, preservativos, lubrificante, afeitadoras, crema de afeitar y otros. También distribuye sábanas y ropa limpia (también pueden usar su ropa propia). No se limita el número de duchas por semana. El centro dispone de un servicio de lavandería en el que se lavan las prendas una vez por semana.

La sanidad penitenciaria del sistema español está controlada por el Ministerio del Interior.

Un equipo de Atención Primaria dispensa servicios de salud ambulatorios adentro de las cárceles. La presencia del cuerpo médico es a menudo insuficiente (1 sólo médico para 1 200 reclusos). Cada centro penitenciario tiene un hospital de referencia, en el que debe haber una Unidad de Custodia Hospitalaria que garantice la seguridad necesaria para albergar al paciente.

Según el informe 2014 de la SGIP, el 76 % de los internos que ingresaron a un establecimiento ese año había consumido drogas el mes anterior. Los programas de reducción de riegos administraron metadona a 6.9 % de población carcelaria en 2014. Se distribuyeron jeringas y preservativos para evitar el contagio de VIH.

Los Módulos Terapéuticos, presentes en 42 centros penitenciarios, ofrecen apoyo psicosocial a internos drogodependientes pero el acceso a estos recursos terapéuticos es limitado. La ayuda a personas toxicómanas se contempla principalmente como una alternativa a la prisión o como un taller de seguimiento una vez que la persona es liberada, pero no como un recurso terapéutico y/o sanitario que pueda ofrecerse en prisión.

La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) defiende la incorporación de la sanidad penitenciaria al Ministerio de la Salud. Esto facilitaría la transferencia de historiales médicos y la coordinación de programas de salud. Las competencias de este servicio fueron transferidas al Ministerio de la Salud en Cataluña y el País Vasco. Una disminución del número de traslados al hospital se constató en estas dos comunidades.

Según el informe 2014 de la SGIP, las actividades deportivas son las más populares: 29 429 internos realizaron deportes recreativos y 4 834 participaron en campeonatos. Entre los deportes practicados están: el tenis de mesa, el baloncesto o el fútbol. Los campeonatos pueden ser entre internos de un mismo centro o intercentros.

Le siguen los talleres de difusión cultural, a los cuales asistieron 20 810 interno(a)s. En ellos se organizan representaciones de teatro, música y cine.

Después vienen los talleres ocupacionales con participación de 19 347 interno(a)s. Ahí se proponen cursos de pintura, fotografía, escultura, cerámica, entre otros.

Por último se encuentran las actividades de motivación cultural, a las cuales se inscribieron 2 531 interno(a)s. Algunas de las actividades propuestas son los talleres de fomento de lectura y los concursos de poesía, teatro, prensa, cuentos, entre otros. Del total de participantes a una actividad cultural, 1 693 asistieron a los talleres de fomento de lectura.

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) es la entidad gubernamental a cargo del trabajo en prisión, en España.

La SGIP contabilizó 12 269 trabajadores reclusos en 2014 - alrededor del 20 % de la población carcelaria. Los interno(a)s en prisión preventiva no tienen derecho a trabajar. En el Segundo Grado se puede trabajar adentro de la prisión; en el Tercer Grado, en el exterior (Cf. “Población carcelaria”).

Los talleres de servicio satisfacen las necesidades cotidianas del establecimiento. Se emplearon, en 2014, 1 763 internos en la cocina, 1 566 en el economato y 805 en el mantenimiento del centro.
Los talleres de producción propia son gestionados por la TPFE. Se realizan artes gráficas, carpintería, artesanía, entre otros.

Las empresas privadas emplearon a 3 310 internos en 2014. Existe opacidad en cuanto a la naturaleza de los acuerdos que las empresas privadas realizan con Instituciones Penitenciarias. Los centros penitenciarios proveen los servicios (agua y luz) y las instalaciones, en complejos casi industriales.

Los presos no tienen derecho a sindicarse y no benefician de una protección laboral regular. El sueldo medio es de entre 200 y 300 euros mensuales y el subsidio de desempleo suele ser muy bajo. Además, tener un trabajo anula el subsidio de excarcelación que es más alto y dura más tiempo (426 euros mensuales durante un máximo de cinco meses). El trabajo en prisión se referencia en la vida laboral como “centro público”. Esta denominación solo la utiliza Instituciones Penitenciarias, lo que puede hacer que el ex-recluso sea víctima de discriminación.

Según las últimas cifras de la SGIP (2014), el 36.7 % de la población reclusa participó en un programa de formación o de orientación profesional (en un centro penitenciario o en un servicio externo).
El 32 % de las personas realizó un programa de educación primaria - obligatorio si no han terminado la enseñanza básica. De ellos, el 12 % participó en un programa de alfabetización (un 11.9 % de hombres y un 17.9 % de mujeres).

Las mujeres reclusas enfrentan muchas más dificultades que sus pares masculinos para acceder a formaciones puesto que la oferta es menor.

Los estudios universitarios a distancia se realizan en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En 17 centros penitenciarios se ponen a disposición asesorías para los cursos. Los centros penitenciarios Madrid V y Madrid VI tienen un módulo destinado a los alumnos de la UNED. El 2.1 % (1 042) de la población reclusa cursó estudios universitarios en 2014.

Se tiene acceso a una televisión en una sala común. Los periódicos y la televisión de la celda deben ser pagadas por el interno.

El acceso a medios de comunicación está restringido a los internos en Primer Grado.

Todos los centros cuentan con una biblioteca. No todas disponen de una sala de lectura.

Se puede acceder a internet durante las clases de informática, aunque el acceso a ciertas páginas está restringido.

El Estado firmó, en 2007, acuerdos con organizaciones de diferentes cultos para facilitar la asistencia religiosa. Las religiones más presentes son: los Testigos de Jehová, las iglesias protestantes evangélicas, la iglesia católica, el islam y la iglesia ortodoxa.

El informe 2014 del SGIP detalla haber otorgado una subvención de 309 500 € a la Conferencia Episcopal Española para que asistiera a internos católicos. La Comisión Islámica de España recibió 3 930 €. Un 10 % de los internos son musulmanes.

El personal penitenciario tiene órdenes de observar de cerca las prácticas religiosas de reclusos en clasificación Internos Radicalizados (IR) : qué comen, si ayunan durante el Ramadán, qué libros leen, la rigurosidad con la que practican ritos, la manera en la que se rasuran o se visten y si dejan de fumar y oír música.

La SGIP registró 9 293 intervenciones exteriores en 2014, que fueron llevadas a cabo por ONG, profesionales o voluntarios. Algunos ámbitos cubiertos fueron: la inserción social y laboral, la drogodependencia, la educación, la atención a colectivos específicos y la sensibilización a la sociedad civil.

El peculio es depositado en una cuenta por allegados, una ONG o el abogado del recluso. Se utilizan “tarjetas monedero” - con un límite semanal de 80 € - ya que está prohibido utilizar dinero en efectivo. Se pueden comprar estampillas, tarjetas telefónicas, productos de aseo y comida. Productos como libros o televisores se pueden adquirir fuera del recinto, a través de un “recadero”.

Los reclusos designan a las personas autorizadas a depositar dinero en sus cuentas.
Un sistema informático instalado en 2015 permite verificar, en las 68 cárceles del país, si una persona está autorizada a ingresar peculio a varios internos. El sistema produce un informe automático si detecta que una misma persona realiza giros en las cuentas de tres internos o más. La medida se adoptó para vigilar particularmente a los internos con ficha IR (Internos Radicalizados).

Las personas sin recursos no tienen acceso a llamadas, ni a ningún otro servicio de pago dentro de las prisiones.

José Antúnez Becerra, recluido en la prisión Brians (Barcelona), inició una huelga de hambre en febrero para protestar contra lo que consideraba ser una cadena perpetua disfrazada; el Sr. Antúnez Becerra está preso desde hace 40 años. Ingresó por robo y lo condenaron a 19 años más, en 2004, por haber participado en un motín en la cárcel La Modelo (Barcelona).
En 2014 realizó una primera huelga de hambre para pedir que su situación fuese revisada. La Administración accedió a concederle permisos de salida. La huelga de hambre de 2015 comenzó dado que, hasta entonces, no había sido ejecutada dicha promesa. El Sr. Antúnez Becerra pasó dos meses sin comer y esto repercutió gravemente en su salud; se le tuvo que llevar al hospital y casi perdió la vista. No se permitió entrar a la cárcel a los defensores de derechos humanos durante toda la huelga. El Juez de Vigilancia Penitenciaria revocó dicha prohibición demasiado tarde, después de que la huelga hubiese finalizado¹.

Cuando un interno ingresa por primera vez a un establecimiento se realiza un cacheo y se confiscan objetos prohibidos como teléfonos celulares, relojes y dinero. Se entregan a familiares o se le devuelven al interno cuando sale libre.

Los cacheos integrales o de celdas están autorizados si el personal tiene sospechas de que el interno posee objetos prohibidos como armas blancas o drogas.
En caso de conseguir objetos prohibidos durante un cacheo, el interno puede enviado al módulo de aislamiento. También se puede aplicar esta medida en caso de riña entre reclusos.
En los módulos de aislamiento, todas las madrugadas se realizan recuentos que consisten en golpear los barrotes o ventanas, despertar a los reclusos y posteriormente meter la luz de una linterna para iluminar la celda.
Internos que han vivido el régimen de aislamiento describen una sensación de ansiedad en la espera a que se produzca el recuento, que puede ser entre las dos y las cuatro de la madrugada. Además, afirman sentirse humillados y tener dificultades para conciliar el sueño después.
El régimen de aislamiento ha sido condenado por el CPT en varias ocasiones (la última vez fue en 2011), considerándolo una sanción innecesariamente severa.

Otros medios coercitivos que existen legalmente son la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada o sprays y las esposas. Estos medios coercitivos se encuentran depositados normalmente en las jefaturas de servicios, y para su control se utiliza un registro que debe contener varias anotaciones: fecha de inicio y cese, tipo de medio coercitivo aplicado, sucinto informe de hechos, otras medidas adoptadas.
El personal está autorizado a utilizar armas de fuego sólo en caso de peligro inminente para las personas o las instalaciones del establecimiento.

El régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia en 2009. Sin embargo, fue legalizado otra vez en el 2011, a través del Real Decreto 419-2011.
Existen diferentes categorías de reclusos a los que se les aplica, entre ellos: bandas armadas, terroristas o funcionarios de seguridad presos. A todos los internos con clasificación IR se les aplica de facto el FIES.
El FIES conlleva una vigilancia extrema de la vida cotidiana de la persona: intervención de todas las comunicaciones, incluidos los abogados, prohibición de participar en actividades, cacheos frecuentes de las celdas, entre otros.