España posee en total 68 centros penitenciarios, siete de ellos están en Madrid. Cataluña posee 14 centros penitenciarios.
Las cárceles españolas albergan en un mismo centro a las personas en prisión preventiva y a los condenados, aunque son alojados en módulos diferentes. Hay 59 464 celdas disponibles. (47 601 en España y 11 863 en Cataluña). El total de puestos es de 66 210 ya que muchas pueden acoger a dos personas.

Más de 2 700 celdas se mantienen sin estrenar en todo el país por falta de recursos para contratar más personal. La cárcel de Archidona (Málaga) se finalizó en 2013 y posee 1 008 celdas. La inversión fue de 117 millones de euros. Los cortes de presupuesto impiden emplear a los 500 funcionarios necesarios para ponerla en marcha. Instituciones Penitenciarias gasta 3.7 millones de euros al año en vigilancia.

El complejo penitenciario de Loma Mendizabal (Ceuta) presenta una situación similar. El Centro de Inserción Social de Almería y las unidades de madres de Alicante y Tenerife también están en espera de ser estrenados. Otras cárceles han sido inauguradas parcialmente; un total de 26 módulos aún no están operativos.
Doscientos presos fueron trasladados en noviembre a la cárcel Mas d’Enric (Cataluña), después de haber permanecido cerrada durante cuatro años.

La seguridad perimetral de los centros ha sido privatizada progresivamente. El proyecto piloto, iniciado en el 2013, concernía 21 cárceles. Fue expandido al resto en octubre de 2014. El presupuesto asignado es de 48 millones de euros. La Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) criticó vivamente la iniciativa, que considera costosa e innecesaria: lo que puede hacer un guardia lo realiza un vigilante. El sindicato denuncia el vínculo del Partido Popular (PP) con empresas de seguridad[^1].

[^1]:“Vigilantes privados en las cárceles por 48 millones de euros” en El Mundo, 20/02/2015

La Administración Penitenciaria española se divide en diferentes subsecretarías que gestionan los aspectos técnicos y humanos. La Subsecretaría General de Recursos Humanos contabilizó 24 562 empleados en 2014.

El sindicato ACAIP considera la falta de personal como uno de los problemas más importantes. Un total de 1 429 puestos quedaron vacantes entre 2011 y 2015. No hay suficientes vigilantes, enfermeros, administradores y técnicos en el 85 % de los establecimientos. Para cubrir las necesidades inmediatas de personal habría que contratar a 3 647 efectivos – afirma la ACAIP¹.

El informe publicado por la ACAIP, en el 2015, refleja que el envejecimiento del personal es un tema de preocupación: en 1995, el 79 % del personal tenía menos de 40 años, en 2015 no llega al 21 %. Un 40.9 % del personal tiene más de 50 años. Esto implica que dentro de poco tiempo un gran número de empleados se jubilará. Además, las bajas por enfermedad son frecuentes, debido a las duras condiciones de trabajo. Los funcionarios penitenciarios se consideran un colectivo particularmente vulnerable a la amenaza terrorista. Los centros están cada vez más alejados de los núcleos urbanos, lo que implica mayor tiempo de desplazamiento para llegar al sitio de trabajo.

La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) considera que la atención sanitaria que se ofrece en las cárceles es básica: un 99 % de los médicos son de medicina familiar.
Cada establecimiento cuenta con su personal sanitario que realiza consultas, pruebas diagnóstico y prescribe medicinas. Algún miembro del personal sanitario debe estar presente las 24 horas para tratar emergencias.