Las últimas ejecuciones ocurrieron en 1975 cuando dos militantes de la “Euskadi Ta Askatasuna” (ETA) fueron fusilados. La Constitución de 1978 abolió la pena de muerte, salvo en tiempos de guerra. La Ley Orgánica de 1995 abolió la pena de muerte en cualquier circunstancia.

Instituciones Penitenciarias – nombre que se le da a la administración penitenciaria española - registró, en su informe 2014, 153 fallecimientos: 128 en centros penitenciarios o en hospitales de referencia, y otros 25 decesos en situación de permiso. La edad media fue de 48 años.

Las primeras causas (73 muertes) fueron la cardiopatía isquémica, tumores, causas digestivas. Las sobredosis de drogas (29 decesos) le siguen; sobre todo metadona y benzodiacepinas. La tercera causa fueron los suicidios (28 personas). Doce pacientes fallecieron de VIH/Sida. Cuatro muertes fueron provocadas por accidentes y dos por agresiones.

Las estadísticas penales anuales del Consejo de Europa (SPACE) 2014 – referentes al año 2013 – indican que la tasa de suicidios aumentó desde el 2010. Según el informe SPACE 2010, la tasa para España era de 4.1 y para Cataluña, 4.6. En 2013, para España era de 5.0 y para Cataluña 10.0. Este aumento ocurre a pesar de que la población carcelaria total (España y Cataluña) disminuyó en un 10.2 % durante ese período [^1].

El sindicato Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) señala como causa de este aumento la falta de personal, producto de la reducción de presupuestos.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) aprobó, en marzo de 2014, el Programa Marco de Prevención de Suicidios que busca identificar e intervenir en situaciones de riesgo.

Según el informe de 2015 de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, C.M.B.F. apareció ahorcada en su celda el 16 de mayo del 2015, en el centro penitenciario Villabonas (Asturias). La reclusa se había intentado quitar la vida unas semanas antes, por lo cual se le había aplicado el protocolo anti-suicidios.

[^1]:“¿Qué está pasando con los suicidios en las cárceles españolas?“ en Vice, 29/10/2014

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha registrado, entre 2004 y 2014, 3 261 denuncias de tortura o malos tratos, en las cuales un total de 7 812 personas han sido afectadas. Se registraron 128 denuncias en 2015 (36 en centros penitenciarios y 3 en centros para menores).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España seis veces desde el 2004 por violación del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), principalmente por investigación ineficaz de denuncias de tortura. A menudo, los jueces leen solamente el informe del médico forense y estatúan en función a este.

Un informe publicado en 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña considera que, a pesar de que no es una práctica sistemática, el sistema judicial español permite que los casos de tortura ocurran. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el régimen de incomunicación: una persona detenida puede pasar hasta trece días sin que se le permita hablar con un abogado, sin ser examinada por un médico, ni que su paradero sea comunicado a la familia o al consulado. El régimen de incomunicación tiene que ser justificado y validado por un juez[^agendapublica].

La pena prevista por malos tratos o tortura es de uno a seis años. El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU considera que las penas previstas no son proporcionales a la gravedad del crimen. Además, el Estado ha concedido 33 indultos a agentes de seguridad acusados de este delito desde 1998[^almargen].

En 2011, el CAT pidió al Estado español limitar el régimen de aislamiento a casos estrictamente necesarios y no extenderlo más de 14 días.

Raquel E.F. se suicidó el 11 de abril del 2015, luego de haber pasado nueve meses en régimen de aislamiento. El personal del centro penitenciario Brians I (Barcelona) decidió mantenerla aislada a pesar de que la interna manifestó intenciones suicidas. El caso atrajo una importante cobertura mediática puesto que Raquel dejó una carta dirigida al Juez de Vigilancia Penitenciaria (Cf. “Asistencia jurídica”) en la que denunciaba los malos tratos infligidos días antes por unas funcionarias. El Centro Iridia por la Defensa de los Derechos Humanos presentó el caso ante las autoridades judiciales competentes[^catalunya].

[^agendapublica]:“La situación de la tortura en España” en eldiario.es, 13/10/2013

[^almargen]:“En España se tortura” en eldiario.es, 12/02/2014

[^catalunya]:“Reclaman responsabilidades a la Generalitat por el suicidio de una presa que denunció maltratos” en eldiario.es, 13/04/2016