España es buen alumno europeo en varios aspectos. La población carcelaria continúa disminuyendo y perdió un 1.3% de reclusos en 2017. Si bien algunos establecimientos siguen estando sobrepoblados, la tasa de ocupación nacional se estima en un 71.8%. La publicación de datos estadísticos se realiza de forma periódica y es de fácil acceso para el público en general. Las condiciones de detención se consideran globalmente satisfactorias, en particular en lo que respecta a la higiene, el mantenimiento de los vínculos familiares y la apertura de las instituciones a los voluntarios externos.

Sin embargo, los órganos de control y la sociedad civil advierten de las deficiencias en términos de acceso a la atención médica. Las instituciones y los servicios sanitarios penitenciarios siguen dependiendo del Ministerio del Interior, a pesar de que la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ordenó su transferencia a las comunidades autónomas. El personal sanitario es insuficiente y el acceso a tratamientos médicos es limitado, especialmente para las personas con hepatitis C. Las restricciones presupuestarias se citan como una de las principales causas de estas deficiencias. El uso de medios de contención no cumple con las normas europeas; su uso se considera excesivo y en ciertos casos parece emplearse como medida de castigo. Los reclusos pueden permanecer atados a una cama durante períodos que van de varias horas a varios días, sin una supervisión adecuada ni un registro de las medidas aplicadas.

Un menor recluido en el centro de detención de Ciudad Melilla murió en 2017. Tras haber sido inmovilizado, el joven perdió el conocimiento. Durante su traslado al hospital sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció después de pasar varios días en coma. El Defensor del Pueblo observó que seis personas aplicaron la medida de contención, haciendo uso excesivo de la fuerza. El Departamento de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo está llevando a cabo una investigación.