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Las celdas/dormitorios colectivos cuentan con sistemas de calefacción y/o aire acondicionado

no

En Córdoba, las celdas tienen un aparato de aire acondicionado, que está fuera de servicio. Pero por lo general, las instalaciones no están equipadas con estos sistemas. Algunos internos se quejan de la falta de calefacción y afirman que solo se calientan ciertos espacios colectivos.
La administración ha observado que las temperaturas muy elevadas afectan la agresividad de los detenidos.

  • El diputado Diego Cañamero denunció, en 2017, “el insoportable calor” que se vive en las prisiones del sur de España. En su visita a Jaén II, los reclusos, el personal y el director denunciaron las “extremas temperaturas que se alcanzan dentro del interior de la cárcel”. El diputado señaló que los materiales utilizados, como los techos de chapa, por ejemplo, aumentan la sensación de calor, sin que se pueda renovar el aire, ya que las celdas se encuentran herméticamente cerradas.

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    La Gaceta

Los reclusos conservan su derecho al voto

Los reclusos pueden votar, a menos que la autoridad judicial los prive de este derecho.

El Código Penal de 1995 introdujo el derecho al voto en prisión ese mismo año. Sin embargo, un recluso no puede postularse como candidato.

La participación de los reclusos en los procesos electorales es muy baja.

  • Solo 3681 reclusos solicitaron ejercer su derecho de voto en las elecciones de 2011.

Existen áreas específicas para las actividades físicas y deportivas

En la mayoría de los establecimientos

  • El CPT señaló que es “lamentable que las piscinas de las prisiones de Puerto III y Sevilla II no estuvieran disponibles (aunque los reclusos que reciben una remuneración realicen su mantenimiento adecuadamente) parece ser que debido a una instrucción interna de la SGIP”.

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    2017
    / Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, p. 47.

Número total de establecimientos

78

  • La cárcel Modelo cerró en 2017.
    La cárcel de Archidona en Málaga se inauguró a principios de 2018, tras cinco años de construcción. Sin embargo, el sitio web de la SGIP informa que la construcción tuvo lugar en 2017.

Algunas organizaciones o personas externas están autorizadas a intervenir en las prisiones

La administración penitenciaria colabora con organizaciones externas (públicas y privadas) desde 1979.

  • En 2015 se ejecutaron 1895 programas de intervención. Participan 867 ONG y entidades colaboradoras. 7635 voluntarios y profesionales participaron en la ejecución de estos programas en 2016.

Se proponen dietas específicas

El artículo 226 del Reglamento Penitenciario estipula que todos los centros deben proporcionar una alimentación que responda a las exigencias dietéticas de la población penitenciaria y a las especificidades de edad, salud, trabajo, clima, costumbres y, en la medida de lo posible convicciones personales y religiosas.
A parte del menú normal, se elaboran menús especiales libres de grasas, o menús Halal, adaptados a las costumbres culinarias de los musulmanes. El 10% de los reclusos españoles siguen una dieta Halal.
El 44% de los internos de la cárcel de Cuenca siguen una dieta especial por razones médicas.

  • En febrero de 2017, un recluso de Navalcarnero solicitó una dieta vegana a través de su abogado. El establecimiento solo le propuso una dieta vegetariana, que incluía productos de origen animal. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria accedió a su solicitud, y ordenó un seguimiento médico para comprobar su estado de salud, con respecto al artículo 226.

Los partidos políticos vascos están prohibidos. El Gobierno español presume que existen vínculos entre estos partidos y ETA. Los miembros de estos partidos son encarcelados, como Arnaldo Otegi, uno de los líderes de la izquierda independentista vasca, que fue puesto en libertad el 1 de marzo de 2016 tras seis años de prisión. 254 presos vascos vinculados a ETA cumplían su condena en España en 2017. Este número se ha reducido desde 2013, tras una condena dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España.
El 95% de los presos políticos vascos son reclusos de primer grado. Por lo tanto, cumplen su pena en régimen cerrado; 27 de ellos están en régimen de aislamiento permanente. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, órgano encargado de la ejecución de penas, desestimó 47 solicitudes de cambio de grado entre julio y octubre de 2018. Etxerat, una asociación que apoya a las familias de los reclusos vascos denunció la ilegalidad de estas decisiones y la consiguiente discriminación. La asociación de familiares de presos vascos Etxerat denunció la aplicación, por parte del Estado español, de una política penitenciaria de dispersión, cuyo objetivo es “disolver la cohesión entre los presos vascos de ETA”. Etxerat explicó, en un informe de 2015, que los presos están repartidos en establecimientos situados entre 190 km (Logroño) y 1100 km (Algeciras) del País Vasco. Puerto I y III, situados en Cádiz, a 1050 km del País Vasco, albergan al mayor grupo de vascos. Hay 28 de ellos. Los familiares tienen que hacer largos viajes para visitar a los reclusos, lo que representa un riesgo debido a las difíciles condiciones (horarios ajustados para trayectos tan largos, sin descansos ni paradas de seguridad). Veinticinco familiares de reclusos resultaron heridos en accidentes de carretera en el transcurso de 2014. Las familias denuncian una “doble condena” impuesta a los presos vascos. Además de ser física y psicológicamente estresantes, estos viajes representan un alto costo financiero para las familias. Etxerat estima que las visitas cuestan entre 1000 y 1200 euros al mes. Los presos tienen que condenar públicamente a ETA para poder ser trasladados a una prisión vasca; una gran mayoría se niega a hacerlo. Amnistía Internacional reprobó la política de dispersión del Gobierno español, y afirmó que es contraria a las normas internacionales.

  • Pablo Hassel, rapero y poeta español, fue condenado a dos años de prisión en 2015 por las letras de sus canciones, ya que la Audiencia Nacional consideró que enaltecían el terrorismo.

La legislación prevé la liberación bajo fianza de las personas en prisión preventiva

El importe de la fianza se calcula en función de la gravedad de la infracción y del riesgo de fuga. No es posible obtener libertad bajo fianza si la persona representa un peligro para la comunidad, si existe peligro de fuga o de obstrucción a la justicia, si ha sido acusada de un delito grave y violento, o si es un delincuente reincidente. Si la persona cumple las condiciones de su puesta en libertad, se le reembolsará el importe de su fianza.

  • En 2017, el Tribunal Supremo de España ordenó la libertad condicional de la Presidenta del Parlamento de Cataluña,Carme Forcadell, sujeta al pago de una fianza de 150 000 euros.

Las mujeres pueden quedarse con sus hijos

sí: hasta los tres anos

  • Al 31 de diciembre de 2017, 87 niños vivían en la cárcel con sus madres.

En España existe una ley llamada “Ley del Perdón”. Se basa en el objetivo de reintegrar a la persona condenada y exige que la persona interesada justifique por qué debe ser reclasificada en un grado menor. Este tipo de gracia consiste en liberar a una persona antes de que haya cumplido la totalidad de su sentencia.
El perdón es concedido por el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia. Este poder está consagrado en la Constitución. Se pueden conceder indultos a los presos de cualquier tipo de delito. El delito permanece en el registro de antecedentes penales de la persona.Los reincidentes no pueden beneficiarse de este régimen.
La amnistía no existe desde 1978. La última ley de amnistía es la de 1977, en la cual los beneficiarios fueron los presos políticos durante la transición democrática.

  • Una madre española divorciada fue sentenciada en julio de 2018 a cinco años de prisión por escaparse y esconderse con sus dos hijos, luego de que un tribunal ordenara dárselos a su padre italiano, quien ella acusaba de violencia. Varias asociaciones de mujeres presentaron 258 000 firmas al Ministerio de Justicia para solicitar el indulto para Juana Rivas, y “poner fin a esta injusticia”.

El Parlamento español también dispone de un mecanismo de control de las cárceles.

  • Durante 2016, los parlamentarios participaron 241 veces en la auditoría. Esto se hace en forma de preguntas escritas, peticiones, informes, mociones, etc.

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    2017
    / Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, p.364

Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a presentar solicitudes y quejas relativas al trato que se les inflige o a las condiciones de reclusión de la institución. El recluso puede dirigir sus solicitudes verbalmente o por escrito a las autoridades penitenciarias (al personal, al jefe de departamento, al director de la institución), a las autoridades judiciales, al Defensor del Pueblo y al fiscal (Ministerio Publico).

  • Los reclusos pueden presentar solicitudes o quejas. Las razones citadas con mayor frecuencia en 2015 fueron:

    • denegación de comunicaciones (115)
    • servicios considerados deficientes, pero no identificados (89)
    • infraestructura, higiene
    • condiciones de equipamiento

Se investigan los casos de violencia entre reclusos

La primera medida que se aplica en los casos de agresiones entre reclusos es el aislamiento de las personas implicadas. El servicio de inspección abre una investigación cuando se le informa sobre la situación. Las sanciones son disciplinarias o penales según la gravedad del caso. El servicio de inspección lleva a cabo la investigación si el funcionario denuncia haber sido objeto de actos de violencia.

  • El Defensor del Pueblo informó que, a finales de junio de 2017, un recluso falleció tras ser atacado con un arma blanca por uno de sus compañeros. La delegación indicó que el hecho tuvo lugar en una zona que no contaba con vigilancia directa del personal. Los procedimientos administrativos y judiciales están pendientes de resolución.

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    2018
    / Defensor del Pueblo, p. 173.

La existencia de presos políticos o de conciencia es un tema controvertido, sobre todo desde el referéndum catalán de finales de 2017. Algunos líderes independentistas han sido encarcelados por rebelión, tras la declaración de independencia de la “República Catalana”1.

Un centenar de profesores de derecho penal se movilizó para impugnan la acusación de “rebelión”, señalando la ausencia de “alzamiento violento”.

Amnistía Internacional se pronunció en varias ocasiones sobre el tema y reiteró los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica. Según Amnistía, el encarcelamiento de líderes independentistas catalanes es una medida excesiva e injustificada.

Las personas pertenecientes a movimientos separatistas también son castigadas con penas de prisión, incluidos los miembros de ETA. Actualmente, 191 personas de este movimiento están en prisión por su pertenencia a una organización terrorista.


  1. La rebelión, según la ley española, se define como un “alzamiento violento y público”, en particular con el fin de proclamar la independencia. 

  • España cuenta con unos 45 000 defensores públicos. La Comunidad de Madrid cuenta con 5500 abogados de oficio.

El personal penitenciario está representado por uno o varios sindicatos

La organización sindical más influyente es la ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias). La APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) es un grupo de funcionarios de la administración penitenciaria. Varias manifestaciones tuvieron lugar en 2017. Más de 3000 funcionarios de prisiones del país se movilizaron para denunciar un deterioro de sus condiciones de trabajo: agresiones cotidianas, falta de personal, bajos salarios y violaciones de la legislación laboral.

  • El 6 de febrero de 2017, el personal de la cárcel Modelo de Barcelona se movilizó contra el cierre del establecimiento.
    En abril de 2018, los sindicatos denunciaron la “falta de personal y de recursos” después de que un interno incendiara su celda en la cárcel de La Luna. En un comunicado de prensa, los sindicatos ACAIP, CC.OO. y ATP advirtieron sobre las posibles violaciones a la integridad física, tanto de los reclusos como del personal, que puede provocar esta situación.