Las mujeres son alojadas en:

• establecimientos exclusivos para mujeres
• celdas para mujeres El 80% de las mujeres son alojadas en módulos específicos dentro de las prisiones para hombres. El 20% de las reclusas cumplen su pena en cuatro instituciones exclusivamente femeninas (Alcalá de Guadaira en Sevilla, Brieva en Ávila, Alcalá y Madrid 1).

los registros corporales con desnudo integral los debe realizar únicamente el personal del mismo sexo.

De manera general, las consultas ginecológicas las llevan a cabo médicos externos. Las reclusas se quejan de la presencia irregular de ginecólogos en la enfermería. Ciertas cuestiones específicas como la anticoncepción, la atención durante el embarazo y el desarrollo de la relación materno-filial (artículo 38 de la Ley Penitenciaria) benefician de un seguimiento.
Las internas denuncian regularmente las dificultades de acceso a las consultas especializadas. La Guardia Civil no siempre garantiza los traslados a los consultorios médicos el día de la cita. En la mayoría de las instituciones, la enfermería está reservada principalmente a los hombres. Es difícil para las mujeres reclusas acceder a ella.

Las reclusas tienen más dificultades para acceder a los espacios comunes (biblioteca, centro deportivo, teatro); la oferta de actividades es más limitada para las mujeres que para los hombres, aunque su participación sea superior. En 2016, el 39% de las mujeres participaron en talleres y capacitación profesional frente al 27% de los hombres. Las actividades que se proponen a las mujeres siguen siendo estereotipadas: talleres de costura, bordado y limpieza.

Las Unidades de Madres, una experiencia pionera en Europa en los años 80, son centros externos reservados para madres con hijos, que están bajo el control de la administración penitenciaria, pero no forman parte de la prisión. Hay tres de estas unidades: Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca. En estos centros se aplica el régimen de semilibertad, la vigilancia se realiza mediante cámaras, alarmas y detectores, y hay guarderías para los niños. La prisión de Aranjuez cuenta con una unidad familiar donde los padres encarcelados pueden vivir con sus hijos menores de tres años. El objetivo es aplicar el principio constitucional de protección de la familia en el entorno penitenciario, a fin de limitar, en la medida de lo posible, la desintegración de la familia.
Existen varios espacios habilitados para los niños, como jardines infantiles, guarderías, y escuelas de preescolar con personal especializado en la primera infancia.

El personal de la prisión lleva su uniforme en presencia de los niños.

Los menores están sujetos a un sistema de justicia específico.

Las medidas que se pueden aplicar a los menores van desde simples amonestaciones hasta penas de prisión. Las alternativas a la privación de libertad son: la libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad o la aplicación de una medida terapéutica.

Al igual que para los adultos, existen tresregímenes de reclusión para los menores:

• cerrado (si otras medidas se consideran insuficientes debido a la gravedad del delito o el comportamiento del menor);
• semiabierto (los menores residen en la institución, pero estudian o trabajan fuera de ella);
• abierto. Las penas máximas de prisión son de seis años para los menores de 14-15 años y de diez años para los de 16-17 años. Los vínculos familiares se toman en consideración; los menores condenados a medidas privativas de libertad serán admitidos en el centro de menores más cercano a su domicilio.

Las actividades que se proponen a los menores se consideran satisfactorias. La participación en actividades de grupo es obligatoria.

En 2017, el Defensor del Pueblo informó sobre la presencia de auxiliares de control educativo (ACE) en algunos de los centros visitados. Los ACE acompañan a los menores y educadores en diversas actividades, particularmente, aquellas que se realizan al aire libre. El Defensor del Pueblo señaló que en dos centros penitenciarios, Ciudad de Melilla y Odiel (Huelva), hay una falta de distinción clara con respecto a la distribución de las funciones y responsabilidades de los ACE y los vigilantes de seguridad.

En 2017, los países más representados en prisión eran: Marruecos, Rumanía, Colombia, Ecuador, Argelia, China y República Dominicana.

Los extranjeros no pueden ser encarcelados por residencia ilegal. En cambio, pueden recibir sanciones administrativas (multas o expulsión).

Los reclusos extranjeros pueden hacer llamadas a su país si disponen de los medios financieros para ello. Solo se permiten llamadas dentro del territorio español durante la custodia policial.

No existen normas que regulen el régimen de visitas de extranjeros. Las condiciones varían de una prisión a otra. En algunos establecimientos, las visitas pueden agruparse el mismo día en que los familiares viajan largas distancias. La decisión depende del director de cada centro.

Las personas condenadas a largas penas de prisión no están sometidas a ningún régimen de reclusión específico. [Ver sección “Organización”]

El artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limita la duración de la prisión preventiva, en función del delito. Este período no podrá exceder de un año si la pena privativa de libertad es igual o inferior a tres años. La duración de la prisión preventiva puede ser de dos años si la pena de privación de libertad es superior a tres años. Estos periodos se pueden prolongar de:

• seis meses cuando la pena es inferior a tres años.
• dos años cuando la pena es superior a tres años. Al cumplirse el periodo máximo, el preventivo debe ser puesto en libertad. Sin embargo, si no comparece en las audiencias, el juez puede ordenar de nuevo su encarcelamiento. La prisión preventiva se ordena sistemáticamente en el caso de delitos violentos. En la mayoría de los casos, las personas acusadas de corrupción esperan su juicio en libertad.

El régimen de reclusión de los preventivos difiere poco del de los condenados. Los preventivos no pueden trabajar.

Los reclusos LGBTI no cuentan con ninguna protección especial, y deben afrontar los mismos tipos de exclusión que los que se encuentran fuera de prisión.

En 2016, entre los detenidos mayores de 70 años ¹:

• el 56.3 % de ellos están encarcelados en prisiones ordinarias
• el 34% en unidades médicas
• el 2.8% de ellos están alojados en módulos específicos de los centros penitenciarios del SGIP
• el 1.6% de estas personas están en régimen abierto ².

El 22.6% de los detenidos mayores de 70 años necesita asistencia física o psicológica ³.

El Programa de atención integral a personas mayores (Directiva 8/211) se aplica en nueve prisiones del SGIP y otras ocho instituciones tienen programas similares.

El centro penitenciario de Alcázar de San Juan aloja el mayor número de reclusos de edad avanzada. Tras una visita realizada a este establecimiento en 2017, el Defensor del Pueblo observó algunas fallas relacionadas con el programa, como la falta de un terapeuta ocupacional o un equipo multidisciplinar. Del mismo modo, advirtió que su implementación no está acompañada de actividades de formación del personal penitenciario ⁴.

Se puede conceder la libertad condicional a las personas de edad avanzada si:

• tienen más de 70 años
• están clasificadas en tercer grado (régimen abierto)
• tiene un pronóstico favorable de reinserción social

La SGIP, en colaboración con la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), implementó un programa destinado a los reclusos con discapacidad física, sensorial, psíquica o intelectual. Dicho programa Incluye la detección temprana de la discapacidad, la asignación a instalaciones o módulos adecuados sin limitaciones arquitectónicas y la tramitación de certificados oficiales. Esta intervención también tiene por objeto apoyar a las personas con déficit intelectual con vistas a su autonomía. El programa se aplica en 63 prisiones y el promedio de participación trimestral fue de 788 reclusos en 2016¹.

Dos intituciones penitenciarias, Segovia y Estremera, cuentan con módulos específicos adaptados a las personas con discapacidad. En estos módulos se brinda capacitación al personal para la atención de los reclusos. Estos centros cuentan con el apoyo de la FEAPS.

En 1978 había sido abolida excepto en tiempos de guerra, en los casos en que la legislación militar lo estableciera. Las últimas ejecuciones tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975 con el fusilamiento de dos militantes de Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

La pena de muerte se menciona en el artículo 15 de la Constitución, pero su abolición no está inscrita en el marco del derecho militar. Amnistía internacional señala que España debería eliminar la mención a la pena de muerte en tiempos de guerra para dar el mismo valor constitucional que la abolición de la pena de muerte para los delitos de derecho común. Aún así, esto no preocupa a las organizaciones de derechos humanos; España ha declarado en múltiples ocasiones su compromiso a favor de la abolición, sobre todo, con su adhesión al Protocolo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prevé la prohibición de esta pena bajo cualquier circunstancia.
España celebró, en 2013, el 5° Congreso mundial contra la pena de muerte.

No existe ninguna iniciativa que pretenda restablecer la pena de muerte.