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Panorama

Salud

Organización de la atención sanitaria

Ministerio responsable

  • ministerio del Interior
  • departamento de Salud de Cataluña y País Vasco

Varias organizaciones de la sociedad civil abogan por la transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias a cada comunidad autónoma. Esto facilitaría la coordinación de los programas de salud, la transferencia de los registros médicos y la continuidad de la atención. Pese a que en 2003 se promulgó la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, esta aún no se ha implementado.
En Cataluña y el País Vasco, la coordinación de las instituciones y servicios sanitarios se han transferido al Ministerio de Sanidad. En ambas comunidades, el número de hospitalizaciones ha disminuido

Todos los establecimientos penitenciarios cuentan con una unidad de salud

sí

Todos los establecimientos disponen de una sala de curas con camas.

Número de profesionales sanitarios (ETP)

1.263

i
2016
/ SPACE I, “Prisons Populations Survey 2016”, 2017, p. 132.

Cada centro penitenciario cuenta con un equipo de primeros auxilios para proporcionar atención ambulatoria. Los equipos están formados por al menos un médico generalista y dos enfermeras; un psiquiatra, un dentista y a veces un farmacéutico, intervienen periódicamente. La presencia de otros especialistas, como oftalmólogos, ginecólogos o dermatólogos, es menos frecuente. Algunos pacientes con necesidades especiales consultarán directamente en el hospital.

Cada centro organiza su sistema la atención sanitaria en función del número de miembros del personal y/o de módulos, considerando como norma no escrita una relación paciente/médico de 100 a 1. Las solicitudes de consultas médicas tardan mucho tiempo en ser procesadas. El número de médicos es generalmente insuficiente.

Solo 16 cárceles cuentan con un servicio de farmacia: nueve bajo la supervisión de un especialista en farmacia hospitalaria y otras siete bajo la responsabilidad de un farmacéutico no especializado. Las otras prisiones no tienen farmacia. A pesar de ello, el acceso al tratamiento está garantizado.

Todas las prisiones trabajan en colaboración con un hospital de referencia. Cada prisión está adscrita a un hospital de referencia que debe disponer de una unidad hospitalaria segura para recibir a los pacientes (camas de hospital con guardia policial).

Acceso a la atención sanitaria

El acceso a la atención sanitaria es gratuito

sí

Se realiza un reconocimiento médico al ingreso en prisión

sí

Los reclusos que ingresan deben realizar exámenes médicos, incluyendo análisis de sangre. El CPT recomienda que todas las cárceles establezcan registros precisos de los traumas sufridos por los reclusos antes de su ingreso en la cárcel o durante su detención.

Se abre un expediente médico al ingreso en prisión

sí

El acceso a la unidad de salud se obtiene mediante

una solicitud oral

La delegación del CPT recibió varias quejas en todos los establecimientos visitados, e indicó que las solicitudes de consulta con un médico sufren retrasos significativos. Esto se debe en particular a que las solicitudes escritas y orales son procesadas por el personal de vigilancia. El CPT recomienda que se adopten medidas para que las personas privadas de libertad puedan ponerse en contacto con el servicio de salud de forma directa y confidencial, por ejemplo, a través de un buzón sellado gestionado exclusivamente por el personal de enfermería.

Se garantiza la confidencialidad de los exámenes médicos

en la mayoría de casos

La confidencialidad entre el médico y el paciente se rompe cuando el paciente visita las clínicas ambulatorias del hospital y no recibe los resultados de la prueba directamente.
En ocasiones, los agentes de policía están presentes cuando el médico hace comentarios sobre la salud del recluso. La APDHA informó sobre el caso de una reclusa que se negó a ser examinada por su ginecólogo debido a la presencia de guardias en la sala de consulta.

La legislación establece que las personas privadas de libertad tienen derecho a una asistencia médica equivalente a la que reciben los demás ciudadanos. Las organizaciones de la sociedad civil denuncian el incumplimiento de esta legislación. Esto conduce a una clara desigualdad en el acceso a la atención sanitaria.

La administración penitenciaria debe “garantizar la salud” de las personas privadas de libertad y suministrarles los medicamentos necesarios. Según la SGIP, el gasto medio en productos farmacéuticos en 2016 fue de 28 euros mensuales por recluso (un 12.5 % menos que el año anterior). 1

  1. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, “Informe General 2016”, pp. 147-165. ↩

Salud física

Las enfermedades más comunes en los centros penitenciarios españoles son la hepatitis C, el VIH/SIDA y la tuberculosis. La proporción de reclusos con estas enfermidades es la siguiente:1

  • hepatitis C (18.7 %)
  • VIH/SIDA (5.2 %)
  • tuberculosis (5%)

  1. Los reclusos en Cataluña no están incluidos en esta estadística. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, “Informe General 2016”, pp. 164-170. ↩

La Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) critican el sistema de atención médica penitenciaria. Estas asociaciones afirman que “el Estado no garantiza la salud de los presos en España” y que “el acceso de las personas presas a la sanidad es precario”, poniendo en relieve las dificultades de acceso a tratamientos, por ejemplo para la hepatitis C. En muchos casos, una persona no puede tener acceso a un tratamiento que podría estar disponible si estuviese libre, a pesar de que este medicamento es esencial para su vida. Las restricciones económicas impuestas hacen imposible garantizar el derecho a la salud de los reclusos.
La APDHA informa sobre la deficiencia del tratamiento en casos de hepatitis C. Esta enfermedad afecta a más del 22 % de los reclusos, es decir, a 13 003 personas. La organización estima que entre el 1 y el 3 % de estas personas reciben tratamiento, es decir, entre 130 y 390 reclusos. La hepatitis C causa complicaciones y la esperanza de vida se reduce significativamente1.

  1. Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, “Salud en la cárcel, salud robada de entre cuatro paredes”, 2016, p. 35. ↩

A fin de prevenir epidemias y enfermedades transmisibles, los reclusos deben realizarse exámenes médicos al momento de su ingreso.

Desde 1997 existe un programa de intercambio de jeringas en las cárceles. La prevalencia del VIH/SIDA entre los consumidores de drogas inyectables es del 40 %. También se distribuyen preservativos.

La evaluación de este polémico programa demostró que:

  • no aumenta el uso de drogas y de inyecciones;
  • reduce los comportamientos de riesgo y la transmisión de enfermedades, incluidos el VIH/sida y el virus de la hepatitis C
  • tiene resultados positivos en la salud de los reclusos, con una drástica reducción de las sobredosis;
  • ha sido eficaz en una amplia gama de prisiones.

La tuberculosis es relativamente común. Los reclusos que muestran los primeros síntomas de la enfermedad deben hacerse una radiografía. Este examen debe ser realizado por un médico.

Salud mental

Desde 2005, la administración penitenciaria estableció un programa específico para los reclusos que padecen determinadas enfermedades mentales (PAIEM, Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales). El 3.4 % de la población carcelaria (2029 reclusos) participó en este programa en 2017, incluyendo 1 892 participantes en las cárceles del SGIP y 137 en Cataluña.

El PAIEM está presente en la mayoría de las prisiones; las ONG desempeñan un papel muy importante en su ejecución. El Defensor del Pueblo informó el programa no funciona correctamente en la mayoría de las cárceles visitadas. La atención se limita al diagnóstico y al seguimiento farmacológico y a menudo no se brinda un tratamiento terapéutico adecuado.

El Servicio Penitenciario de Cataluña destinará 6.5 millones de euros adicionales (en total, 18.5 millones al año) a la salud mental en las cárceles. Los Ministerios de Salud y Justicia firmaron un acuerdo en 2017 para integrar equipos de salud mental en todos los centros penitenciarios.

Pocas instituciones tienen unidades psiquiátricas, a pesar de las disposiciones legales.

El Servicio Penitenciario español cuenta con dos prisiones psiquiátricas ─una en Sevilla y otra en Alicante─ que dependen del Ministerio del Interior.

La cárcel de Brians 1 de Cataluña cuenta con una unidad de hospitalización psiquiátrica penitenciaria. El centro de Brians II alberga una unidad de rehabilitación psiquiátrica con 22 plazas. Ambas unidades dependen del Departamento de Justicia de Cataluña. La administración de Brians II también tiene una colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu para el tratamiento intensivo de personas con trastornos mentales graves.

Casi el 8 % de las personas privadas de libertad en España padecen trastornos mentales graves (unas 4700 personas).1

  1. Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, “Salud en la cárcel, salud robada de entre cuatro paredes”, 2016, p. 33. ↩

El Defensor del Pueblo observó una escasez de profesionales especializados, especialmente en el hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla. En 2017, en el momento de la visita de la delegación, el hospital solo contaba con un psiquiatra para atender las necesidades de los 169 reclusos del centro. La lista de puestos de trabajo incluye cuatro especialistas psiquiátricos de este departamento.1

  1. Mecanismo Nacional de Prevención, “Informe anual 2017”, p. 168. ↩

Existen diferentes programas dirigidos a los internos que presentan dependencias.

• Tabaquismo: el porcentaje de fumadores en las cárceles es superior al de la población en general. Desde 2012, la administración penitenciaria ha venido aumentando las campañas de información y sensibilización sobre el consumo de tabaco y organiza conferencias y programas de retiro específicos. La duración de los programas varía de dos a tres meses. Una vez finalizado el programa, se hace el seguimiento de los participantes con el fin de evaluar los resultados. En 2016, este programa se ejecutó en 18 cárceles y brindó tratamiento a 315 reclusos.

• Alcoholismo: el programa proporciona información sobre los riesgos asociados al abuso de alcohol, sugiere estrategias para dejar de beber y organiza talleres grupales para aumentar la motivación del paciente. La participación media trimestral en 2016 fue de 1300 reclusos.

• Drogodependencia: La lucha contra la drogadicción en las cárceles es una de las prioridades de los programas de salud. Se desarrollan varios programas de intervención en torno a tres áreas fundamentales interdependientes: prevención, asistencia y reinserción social. Existen módulos terapéuticos independientes que albergan a los internos en programa integral de drogodependencias. Las personas adictas a estupefacientes pueden acceder al tratamiento de sustitución, incluida la metadona.