Los criterios para la asignación de los reclusos, de acuerdo con el reglamento penitenciario, se basan en la separación completa según el sexo, la condición física y mental, la edad, los antecedentes penales y las condiciones de la pena. Los reclusos se asignan a las celdas tras una evaluación psicológica, que los guardias responsables de cada módulo deben tener en consideración. La asignación se basa principalmente en el número de plazas disponibles.

No se ha informado sobre una comunicación tardía de la muerte de los reclusos. Sin embargo, los familiares se quejan de la falta de consideración que demuestran las autoridades en esos momentos. En ocasiones, los familiares de las personas fallecidas ponen en tela de juicio la versión de las autoridades, sobre todo, si otros reclusos han reportado incidentes con los guardias antes de que se cometa el suicidio.

El último caso conocido de violencia sexual implica a dos supervisores condenados, en octubre de 2017, a un año y medio de prisión por haber hecho propuestas sexuales a las reclusas de la prisión de Brieva. Los hechos se remontan a 2013; las siete víctimas, de origen extranjero y sin familia en España, declararon haber sido forzadas a tener relaciones sexuales con estos supervisores. Las internas retiraron sus denuncias por temor a represalias. La dirección del establecimiento llevó a cabo una investigación. Sin embargo, los autores fueron condenados por propuestas sexuales y no por violación.

La política de prevención de la tortura incluye la capacitación del personal en cuestiones de derechos humanos y las continuas visitas del Defensor del Pueblo y del CPT.
Asimismo, prevé, por recomendación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la instalación de cámaras de vigilancia en las celdas de inmovilización mecánica. Sin embargo, la SGIP decidió no regular la captura, grabación, almacenamiento y transmisión de imágenes de los sistemas de videovigilancia de los centros penitenciarios que gestiona.
El Defensor del Pueblo criticó la heterogeneidad de estos sistemas entre los diferentes establecimientos y la falta de transparencia que esto conlleva. Además, puso de relieve la ausencia de supervisión por parte del personal y la falta de garantías de los derechos de las personas privadas de libertad¹.

En un estudio publicado en mayo de 2014, el Defensor del Pueblo propuso adaptar el Protocolo de Estambul a la realidad española. Hasta la fecha, el Estado no ha dado seguimiento a esta recomendación. El personal sanitario está bajo la autoridad del Ministerio del Interior.
La delegación del CPT criticó la indiferencia del personal de salud; uno de los miembros del equipo médico del Centro Penitenciario de Madrid V declaró que no tenía mucho sentido elaborar un informe sobre las lesiones encontradas, ya que los heridos se examinarían en un hospital antes de su ingreso al establecimiento. Las posibles lesiones de los nuevos internos se describen a menudo de manera superficial, y no se hace referencia a las circunstancias en las que podrían haberse producido.

El aumento de las agresiones se debe, según el sindicato ACAIP, a la falta de personal, a su envejecimiento y a la falta de formación. Cada vez hay más personas detenidas por trastornos mentales, que necesitan mayor vigilancia por parte del personal.

Las quejas pueden presentarse al personal penitenciario, quien se encarga de remitirlas al director del centro. Este último decidirá sobre las medidas que deben adoptarse. Las denuncias también pueden dirigirse directamente al MNP o al juez de vigilancia penitenciaria.Todos los centros penitenciarios disponen de un registro digital centralizado para inscribir las solicitudes y quejas.Los reclusos pueden presentar un recurso en caso de sanción disciplinaria abusiva. Los recursos se presentan al Director del centro penitenciario, quien los remite a la autoridad judicial, entregando una copia sellada al recluso.
Los casos de apelación se refieren a las sanciones disciplinarias, la clasificación inicial, las progresiones y regresiones de grado, as. como a cualquier resolución que afecte a los derechos fundamentales de los reclusos o los beneficios penitenciarios que le corresponden. En la prisión de León, algunos reclusos informaron a una delegación de la CPT sobre las amenazas de represalias por parte de los guardias de la prisión en caso de denuncia de malos tratos.

Cualquier ciudadano, español o extranjero, puede dirigirse gratuitamente al Defensor del Pueblo a través de su página web, por correo, fax o personalmente. El MNP también puede intervenir de oficio en casos en los que no se haya presentado ninguna queja. No se respeta totalmente la confidencialidad de las comunicaciones entre los miembros del MNP y los reclusos.

En sus informes anuales, el Defensor del Pueblo revela el estado de aplicación de sus recomendaciones. El MNP elabora un marco de los principales elementos evaluados en cada centro penitenciario. Dicho marco sigue los criterios evaluados el año anterior e indica su progreso; este presenta cuatro tipos de puntuación: suficientemente lograda; parcialmente lograda; no lograda adecuadamente; no evaluada.

El CPT considera que la función principal de los jueces de supervisión penitenciaria es validar las decisiones de la administración penitenciaria. No ejercen el papel de controlar la proporcionalidad y la adecuación de las medidas de manera satisfactoria. Los reclusos expresaron a la delegación del CPT su desconfianza hacia esta autoridad supervisora[^46].

[^46]:Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, “Informe sobre la visita a España del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2016”, p. 54.

El juez de vigilancia penitenciaria decide sobre los ajustes de la pena (art.culo 90 del C.digo Penal).

Existen tres tipos de permisos de salida: regulares, extraordinarios y de fin de semana.

1. Permiso de salida ordinario:
Para obtener un permiso de salida ordinario, la persona debe haber cumplido una cuarta parte de la sentencia total, estar clasificado en segundo o tercer grado y demostrar buena conducta. Los reclusos en detención preventiva no pueden gozar de un permiso de este tipo. El cumplimiento de estos requisitos no garantiza que el permiso sea concedido automáticamente por los tribunales.
La duración de los permisos de salida ordinarios es de 36 días al año para los presos de segundo grado, divididos en dos semestres, con un máximo de siete días consecutivos. La duración es de 48 días por año para los reclusos de tercer grado, sujeto a las mismas condiciones.

2. Permiso extraordinario de salida:
Se pueden conceder permisos extraordinarios de salida a los presos en prisión preventiva y en primer grado. Estos permisos se conceden por razones específicas: muerte o enfermedad de un miembro de la familia o nacimiento de un hijo, por ejemplo. La vigilancia durante estos permisos es más estricta. En general, el recluso permanece esposado. La duración del permiso extraordinario corresponde al tiempo necesario para cumplir con el objetivo de la salida.

3. Permiso de salidas de fin de semana: Para que se le conceda un permiso de salida de fin de semana, el recluso debe estar clasificado en tercer grado.
Generalmente las salidas de fin de semana se hacen desde las 16:00 del viernes hasta las 8:00 del lunes.