Los reclusos participan activamente en el desarrollo de las actividades que se realizan en los establecimientos.

La prohibición de acceso a las actividades solo se aplica en situaciones extraordinarias. Los programas de actividades deben ser evaluados y aprobados por los centros penitenciarios. La institución y los actores externos firman acuerdos de cooperación de dos años. Los establecimientos rara vez rechazan las actividades que se les propone. La razón más común por la que se cancelan las actividades es por la falta de coordinación o comunicación, pero esto ocurre ocasionalmente. Esto se debe, sobre todo, al gran número de organizaciones sociales (700) y de participantes (8000).

El Reglamento Penitenciario establece los criterios para solicitar empleo. En la práctica, la obtención de un trabajo es una recompensa por buen comportamiento.
Las personas clasificadas en primer grado (ver “Población carcelaria”) pueden excepcionalmente tener acceso a un empleo. La Junta de Tratamiento de la institución se encarga del estudio, aprobación y seguimiento de la solicitud.
Los internos pueden trabajar directamente para la prisión, por lo general con fines de autosuficiencia: textiles, metalurgia y carpintería, imprenta y actividades agrícolas; o trabajar directamente en la gestión de los servicios penitenciarios: cocinas, panaderías, lavanderías, mantenimiento, tiendas, jardinería y actividades auxiliares, inherentes a cualquier prisión.
Los reclusos pueden trabajar para empresas privadas en empleos que generalmente implican la manipulación y/o fabricación de productos.
Los internos en régimen de semilibertad pueden trabajar fuera de la prisión.

La legislación no prevé un contrato de trabajo para los reclusos.

El trabajo no ayuda a obtener una adaptación de pena, pero sí facilita la obtención de un permiso de salida.

Los profesores de educación formal y administrativa dependen del Ministerio de Educación y de los Consejos de Educación de las Comunidades Autónomas. El Consejo de Educación es el encargado de contratar a los profesores. Se organizan talleres educativos y profesionales con fondos de la Unión Europea o del Gobierno de España. Las organizaciones sociales contratadas por la administración penitenciaria llevan a cabo talleres más técnicos como los relacionados con la salud o las drogas.

Los internos pueden impartir cursos que no tienen un impacto formativo significativo; pueden, por ejemplo, dirigir grupos teatrales, como en el caso de cuatro prisiones de Madrid. Las actividades son realizadas por internos bajo la supervisión de organizaciones sociales. Los reclusos no reciben ninguna remuneración por estas formaciones, pero su actividad se tiene en cuenta para la seguridad social.

Las religiones más presentes son: Testigos de Jehová, Iglesias Protestantes Evangélicas, la iglesia católica, el islam y la Iglesia Ortodoxa.

Las entidades colaboradoras intervienen en diferentes áreas: salud y programas con drogodependientes, integración social, educación, formación profesional y programas de sensibilización y comunicación del medio penitenciario a la sociedad.
Las intervenciones más comunes en 2016 fueron en educación y formación profesional (26 %), integración social (23 %) y salud y abuso de sustancias (21 %).

Algunas de las organizaciones que intervienen en los establecimientos penitenciarios reciben subvenciones. La asociación Solidarios, por ejemplo, recibe diferentes tipos de financiamiento público para llevar a cabo sus actividades socioculturales en las cárceles. El 89 % de su presupuesto de 2017 provino de subsidios públicos.

El perfil típico de un recluso corresponde a un hombre, de una edad media de 39 años, con una situación social precaria, baja escolaridad, procedente de contextos de exclusión y vulnerabilidad con, posiblemente, un problema de salud mental. La mayoría de los reclusos provienen de las clases más desfavorecidas. Las mujeres reclusas también viven en situación de pobreza y experimentan algún tipo de exclusión social antes de su encarcelamiento.

Hay radios organizadas por y para los reclusos, como es el caso de la cárcel “A Lama” de Pontevedra.

En 2017, una asociación de derechos humanos de Andalucía alertó al Defensor del Pueblo sobre las dificultades que enfrentan los reclusos para comunicar con los periodistas. La asociación denunció el caso de un director de prisión que rechazó una solicitud de entrevista con un periodista sin ninguna justificación (ausencia de procedimiento escrito). El Defensor del Pueblo hizo hincapié en que una negativa, aunque a discreción del director de la prisión, debe estar fundada en la ley¹.