El estado de Queensland fue el primero en abolir la pena de muerte en 1922. Otros estados y territorios lo siguieron gradualmente. La última ejecución tuvo lugar el 2 de febrero de 1967 en el estado de Victoria. El Gobierno australiano abolió la pena capital en 1973.

No hay estudios recientes sobre el tema de las autolesiones y suicidios en las cárceles de Australia. Por ello, las políticas y prácticas se basan a menudo en estudios extranjeros.

La tasa de suicidios en las cárceles de Australia (3.9 por mil, en 2012) es casi tres veces superior a la tasa de suicidios nacional (1.25 por mil, en 2012).

De las 49 muertes registradas en prisión, entre el 2012 y el 2013, 32 se atribuyeron a causas naturales, 13 a suicidios y, 4 a accidentes u homicidios. La tasa de muerte de personas bajo custodia se estimó en un 1.1 por cada 1000 reclusos.

Tracy Brannigan falleció en prisión, el lunes 25 de febrero de 2013, debido a una presunta sobredosis de droga. Antes de su muerte, Brannigan había manifestado su disgusto por no tener acceso a un programa de educación y había perdido el apoyo de su familia a causa de las condiciones de seguridad en las que vivía. Justice Action, un movimiento a favor de los derechos humanos de los reclusos australianos, considera que su muerte podría haberse evitado si se le hubiese brindado un programa de rehabilitación para su adicción, asistencia social, o una celda en la que pudiera ser supervisada de cerca para evitar que se lastimara.

Según un informe de 2015 sobre la salud de los reclusos, publicado por el Australien Institut of Health and Welfare, el 8% de las personas excarceladas informaron haber sido objeto de agresiones o ataques físicos durante su reclusión por parte de otro interno.

El 7 de abril de 2015, un recluso de 40 años llamado Michael O’Keefe, que cumplía su condena en las instalaciones del Mid North Coast Correctional Centre en Kempsey, entró en coma tras ser agredido por otro interno. Cuando O’Keefe estaba inconsciente, el agresor gravó en su frente “E4E” (eye for an eye: “ojo por ojo”) y le vertió agua hirviendo en su rostro.

Para apartarse de los reclusos agresivos, los demás internos no tienen más opción que ser puestos en celdas de aislamiento. Es indispensable encontrar una alternativa a este tipo de reclusión, ya que sus efectos psicológicos son demasiado negativos.

Algunos informes revelan que, a modo de castigo, los guardias dejan voluntariamente a los reclusos en manos de bandas rivales.

Michael Quinn, un recluso del establecimiento de Silverwater, en Nueva Gales del Sur, fue presuntamente agredido en 2015 por guardias de la prisión tras haber denunciado los malos tratos que estos le infligían. El caso sigue pendiente.

Se cree que no se denuncian todos los casos de malos tratos y violencia cometidos por los reclusos o por el personal penitenciario.

Durante los últimos años, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha condenado en varias ocasiones el recurso frecuente a la detención arbitraria del país. Australia ha detenido a miles de demandantes de asilo y, más recientemente, a muchos refugiados reconocidos.

En total, la ONU ha detectado irregularidades en 51 casos de refugiados recluidos en Australia (una cifra más alta que en cualquier otro país). Hace poco, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas descubrió que cinco refugiados detenidos ilegalmente, entre 2009 y 2015, habían sido objeto de detención arbitraria e indefinida, en condiciones inapropiadas. Se cree que aún hay entre seis y diez personas en detención arbitraria.

Las personas con problemas de salud mental pueden ser retenidas en contra de su voluntad si parecen sufrir una enfermedad psíquica, si su salud o seguridad están en peligro, si representan una amenaza para los demás, o si no es posible brindarles un tratamiento alternativo. Los principios de la ONU recomiendan que el ingreso forzado se haga por un “periodo corto”, a la espera de una revisión externa, ya que se ha demostrado que la retención contra la voluntad del individuo aumenta el nivel de trastornos psicológicos. La mayoría de jurisdicciones australianas no respeta estos principios